Sucesos

^{DR. EDUARDO BARAJAS LANGUREN, en un video llamando a la cooperación de las comunidades, agencias y delegaciones del municipio Ocotlán. Captura de imagen de video. Fuente: Facebook}

Eduardo Barajas Languren ya no es secretario del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

Se supo este 7 de febrero de 2024, tras haberse socializado la denuncia por violencia familiar y presunto acoso, realizada por Lourdes Jacqueline Barajas López contra su padre, miembro de MORENA y académico de la Facultad de Derecho en la Universidad de la Ciénega perteneciente a la Universidad de Guadalajara.

Ante esta situación, expuesta en las redes desde Ojodehipopótamo y otros medios de información, también se han sumado varias alumnas de Eduardo Barajas Languren. Con ello aumentan quienes apoyan la demanda para que también sea destituido del contexto universitario.

Todo apunta a que será el comienzo de un proceso del que podrán darse a conocer otros futuros detalles.

Jalisco: académico de MORENA denunciado por violencia familiar

En tremendo problema se involucró el académico Eduardo Barajas Languren –una figura reconocida en Jalisco por su trayectoria académica y política, pues funge como secretario del Ayuntamiento del municipio de Ocotlán–luego que su propia hija lo denunciara por violencia doméstica, presunto acoso y abuso. Justo en estos tiempos, en los que la impunidad que por años envolvía a estos delitos ya es más perseguida por su gravedad por las autoridades.

La hija del académico –Lourdes Jacqueline Barajas López– presentó una denuncia penal por esos abusos ante la Fiscalía del Estado de Jalisco contra su padre. Por ello, se integró la carpeta de investigación 225/2024. Ante la posibilidad de que los hechos se repitan por parte de su agresor, las autoridades ordenaron medidas para proteger la integridad física de la víctima, entre otras, protección y rondín permanente en el domicilio donde se encuentra.

El delito de violencia familiar está previsto y sancionado por el Artículo 176 del Código Penal del Estado de Jalisco. El caso quedó radicado en la Dirección Regional de Delitos Cometidos en contra de las Mujeres y Delitos en Razón de Género.

El padre de la víctima Lourdes Jacqueline Barajas López es una figura pública reconocida en Jalisco: es Maestro becado del CONAHCYT como investigador; es Doctor en Derecho y académico en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, donde alumnos de Barajas Lungurés lo acusan también de incomodarlos en clases con conductas inapropiadas.

El personaje denunciado, acorde con  los quejosos, se ha convertido en una pesadilla, en un verdadero dolor de cabeza para la Comunidad Universitaria. Esta ha ejercido cero tolerancia respecto a todo tipo de violencia y particularmente en casos de abusos contra mujeres –como el presuntamente cometido por el propio académico en contra de su propia hija–.

Eduardo Barajas Languren es miembro del partido MORENA y actualmente busca un cargo de elección popular. Pero este tipo de sujetos que ejercen violencia contra las mujeres deben de ser privados de todo derecho a ocupar cargos públicos. En todo México se han convertido en un lastre por su acoso permanente contra las mujeres, cuyos derechos violan porque se sienten poderosos e impunes.

Esperemos que las autoridades jaliscienses ejerzan acción penal en contra de este funcionario municipal de Ocotlán y académico de la Universidad de Guadalajara.

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Morelos: MORENA no prende

La campaña de Margarita González Saravia en Morelos no levanta. La exdirectora de la Lotería Nacional y aspirante a la gubernatura de ese estado se mantiene apagada; se afirma que los actos que ha realizado han resultado deslucidos y se le cuestiona el poco apoyo que tiene de los simpatizantes de MORENA, incluidos algunos funcionarios estatales.

Y es que González Saravia arrastra con un pesado lastre llamado Cuauhtémoc Blanco, el gobernador que tiene sumida a la entidad en una aguda violencia criminal, lo cual no se ha frenado debido a las corruptelas de policías, alcaldes y altos funcionarios del gobierno estatal con presuntos criminales.

Muchas voces sostienen que González Saravia debe romper con Blanco, quien lejos de ser un apoyo para ella se ha convertido en un problema: carga con tremendos líos de corrupción. Se le acusó recientemente del desvío de unos tres mil millones de pesos que, hasta ahora, no ha comprobado en qué se invirtieron. La Auditoría Superior de la Federación ya investiga este caso.

Por otra parte, Lucy Meza parece llevar la delantera, pero algunas encuestas hablan de un empate técnico. Hasta ahora, Meza ha cuestionado durísimo al gobierno de Cuauhtémoc Blanco por el tema de la violencia en las calles, los secuestros y el derecho de piso, imparable en todo el estado.

Pero detrás de Meza, se afirma que está operando el grupo del exgobernador Graco Ramírez, quien como gobernador incurrió en presuntos actos de corrupción. Tiene varias carpetas abiertas por desvío de recursos, obras inconclusas y sobrevaluadas. Las carpetas se mantienen archivadas por el respaldo que tiene del Fiscal carnal, Uriel Carmona, a quien han pretendido destituir sin éxito en lo que se ha reconocido como una guerra interna de carácter político y esconde una lucha más compleja de poderes.

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Las iniciativas de AMLO: campaña pura

Una verdadera locura. Así se ha calificado el paquete de iniciativas que envió el presidente Andrés López Obrador al Congreso de la Unión para reformar veinte artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que busca, dicen sus críticos, es desaparecer lo que subsiste de la constitución neoliberal a pesar de no contar con mayoría parlamentaria.

Según el presidente, este paquete de reformas consolidará su proyecto, el cual ha llamado La Cuarta Transformación.

Se trata de veinte iniciativas que implican cambios importantes en materia político-electoral, pensiones, salario mínimo, industria eléctrica, poder judicial –propone que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular– así como propuestas para elevar a rango constitucional los programas sociales ya en vigor.

El propio presidente reconoce que varias de las iniciativas que envió al Congreso el lunes 5 de febrero tendrán pocas posibilidades de que prosperen, o que de plano sean rechazadas por la oposición e incluso por los tribunales.

Pero en reiteradas ocasiones ha dicho que las presentó para que quede constancia de que él las apoya y que busca reforzarlas en todo lo posible contra futuros cambios.

Antes de este paquete, el mandatario había enviado otro con diez reformas, de las cuales sólo fueron aprobadas cinco, según datos del Senado de la República. Algunas fueron la creación de la Guardia Nacional, la revocación de mandato y otras modificaciones relacionadas con los programas sociales.

El gobierno de López Obrador concluye el próximo 30 de septiembre de este año. Por ello, algunos de sus críticos consideran que estas iniciativas son una forma de marcar la línea que deberá seguir Claudia Sheinbaum si gana las elecciones del próximo 2 de junio. La candidata de MORENA ha dicho que ella está de acuerdo con las iniciativas del presidente.

Otras iniciativas están enfocadas en eliminar lo que él llama “organismos onerosos”, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el propósito de defender intereses políticos.

Insiste en que la Guardia Nacional debe ser manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional para que no se corrompa, como pasó con otros proyectos policíacos, entre otros, la Policía Judicial.

De igual forma, propone eliminar a los diputados plurinominales, gestionar la autorización para el uso de 18 mil kilómetros de vías férreas para la creación de trenes de pasajeros. Estas vías –planteó el presidente– fueron entregadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente se están utilizando para el transporte de carga.

De esta forma el presidente quiere mantenerse presente y muy activo, previo a la contienda electoral de junio de este año, cuando se elegirá por vez primera a una presidenta para la República.

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Jalisco: Caso Aristóteles, impune

A pocos días tras el tercer aniversario del asesinato en Puerto Vallarta de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, los autores intelectuales y los ejecutantes materiales del asesinato no han sido detenidos.

Sólo se cuenta con Moisés González Anguiano −El Moy−, un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido el 22 de abril de 2023 durante un operativo de la GN y la SEDENA. Su cuñado Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa, ex jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, falleció en un hospital tras ser lesionado por las autoridades en el mismo operativo.

A El Moy se le aseguraron cinco armas cortas, dos fusiles, 123 cartuchos, ocho cargadores, más de tres mil dólares y 6.2 kilogramos de metanfetamina. Pero además de haber sido parte del asesinato de Aristóteles y de serle ocupadas todas estas pruebas incriminatorias, se ha mantenido sin sentencia en el Centro de Readaptación Social Varonil de Puente Grande en Jalisco y se acogió al término constitucional de las 144 horas, con una prisión preventiva oficiosa, hasta que el 16 de enero de 2024 se soluciones su situación jurídica.

En enero de 2021 la Fiscalía jalisciense identificó a un hombre y una mujer como responsables del crimen y existen órdenes de aprehensión contra ellos pero siguen libres.

Se sospecha que todo es parte de las pantallas que encubren a sus autores reales, que se conjugan entre el crimen organizado y la mafia política que impera en el estado. De ahí la impunidad e irresolución de la investigación, abierta desde hace tres años. Pues se concibe como un crimen de Estado que propicia más tardanza de las autoridades y mayor opacidad acerca del móvil y la real detención de sus autores.

Sin embargo, el gobernador Alfaro, ahora en proceso de limpieza de su imagen ante su inminente salida como mandatario estatal, insiste en que el crimen está aclarado. 

Esta contradicción entre lo declarado y lo sucedido pone de relieve lo amañado del proceso, donde no hay reales sentencias a los responsables sino a presuntos cómplices que tal parecen chivos expiatorios para desviar la responsabilidad de sus principales artífices −sin excluir al mismo Alfaro del conocimiento que debe tener sobre la verdad tras ese “ajuste de cuentas” a Aristóteles y la existencia de una “mano negra” en todo el asunto−, donde no se ha detectado realmente quiénes fueron o por qué lo hicieron. Como bien cuestiona el padre de Aristóteles, Leonel Sandoval Figueroa.

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Protegidos de SEGALMEX por la 4T

Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que en el caso de la corrupción en SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) se irá al fondo del caso para castigar a los culpables de un mega fraude que, según diversas fuentes, oscila desde los 9,500 millones de pesos mexicanos hasta más de 20 mil millones. La imprecisión está dada en la manipulación de las cifras por parte del gobierno actual.

Pese a las evidencias, el mandatario puso a salvo a Ignacio Ovalle, un salinista amigo suyo a quien cobijó con el mando de la impunidad y lo colocó en la Secretaría de Gobernación. Ahora Ovalle se encarga de bajar recursos federales en “beneficio” de los municipios del país.

El caso SEGALMEX es un agujero negro; hasta ahora es el caso de corrupción más escandaloso del sexenio –y lo que falta por verse conforme se acerque el final del gobierno–, pues el presidente había dicho, a boca llena, que la corrupción ya se había terminado. Nada más falso.

Ahora que fue detenido René Gavira, quien forma parte de los 22 funcionarios investigados por el desvío de recursos mediante la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar, el nombre de Ignacio Ovalle ha salido a flote de nuevo. El exfuncionario Gavira basa su defensa argumentando que todas las decisiones que tomó en SEGALMEX fueron ordenadas por Ovalle, el protegido de AMLO.

A René Gavira –quien se desempeñó como director administrativo de SEGALMEX– se le investiga por los delitos de peculado y delincuencia organizada. Pero el panorama para Ovalle no estará nada fácil: Gavira parece estar dispuesto a hablar y a hundir al amigo del mandatario que hoy, como muchos otros miembros de la llamada 4T, están cobijados por la impunidad.

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Masacre, oscuridad, inacción y silencio

La matanza el pasado domingo 17 de diciembre de doce jóvenes durante la celebración de una posada en Salvatierra, Guanajuato, muestra el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de combate al crimen organizado.

El presidente pregona a los cuatro vientos que su gobierno ataca las causas que originan criminalidad, que apoya a los jóvenes con recursos para que no se enganchen con la delincuencia, pero hay otras causas, como la narcopolítica, los vínculos de funcionarios y empresarios con redes criminales, la impunidad y la corrupción institucional que no se combaten.

La estrategia de “Abrazos y no balazos” es un fracaso a poco más de cinco años de gobierno. Y pese a que el país se desangra todos los días en todas partes, el mandatario no cambia su política, por el contrario, sigue empeñado en aplicar la misma fórmula fallida. 

En política lo único que importa son los resultados y estos brillan por su ausencia en el gobierno que se propuso, en sus anuncios, transformar al país. Todo terminó en un verdadero fiasco, pues no logró frenar al crimen y “serenar al país”, como lo prometió. Hoy México es, cada día, más sangriento y fuera de control. O controlado pero por un estado filtrado por el narco y el crimen.

También prometió en campaña retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, pero después cambió de opinión y le entregó todo el poder a la Secretaría de la Defensa Nacional: los soldados estarán ejecutando tareas de seguridad pública hasta el año 2028. ¿Esas fueron las órdenes de Washington? Todo indica que así es.

Dichas órdenes se enfocaron en militarizar puertos, aeropuertos, aduanas y todo el territorio. Aún así, la violencia no ceja, por el contrario, va en aumento y parece permitida, tal vez hasta protegida y escoltada, por toda esa militarización. Masacres van y vienen y el mandatario ya no sabe qué decir en su desvarío o embuste discursivo. Lleva más de cinco años dando explicaciones falsas e irrespetuosas, sin argumentos reales, puro cantinfleo mediocre, culpando al pasado pero sin ofrecer resultados en materia de seguridad.

Sus simpatizantes –los llamados amlovers– se encolerizan en las redes cuando se afirma que en El Salvador el presidente Bukele ha sido exitoso con su estrategia contra el crimen. Declaró estados de excepción, se dispuso a pacificar el país y lo ha logrado. Hoy la sociedad mayoritaria en ese país centroamericano está feliz porque pueden salir a la calle a cualquier hora del día o de la noche y se respira una sensación de futuro.

En México, en cambio, seguimos sumidos en la barbarie. Ni combate ni pacificación. Así, López Obrador se irá a “La Chingada”, su rancho en Palenque, arrastrando el fracaso tras haber fallado en su intento por frenar la violencia y a los cárteles de la droga; o abrazando el logro de haber empoderado en el gobierno de esta mal llamada democracia al crimen organizado con los cárteles de la gracia suya, de sus hijos, cercanos y morenistas.

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