La pesadilla de Javier Herrera Valles

Agente federal adscrito a la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) durante el sexenio de Felipe Calderón, Javier Herrera Valles fue, junto con otros colegas suyos, un elemento llamado a combatir al crimen organizado luego de que el entonces presidente —el señor de la “guerra fallida”— declarara abiertamente la cruzada contra los cárteles de la droga.

La llamada “guerra contra el narco” estaba encabezada por el Ejército mexicano y, a la par, se involucró la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que dirigía Genaro García Luna, quien había sido designado titular de esa dependencia a petición del Cártel de Sinaloa, pues para esa organización era necesario contar con los servicios de quien dentro del grupo criminal era conocido como el Licenciado.

Los pormenores de este episodio los cuenta el periodista Jesús Lemus. En su libro El Licenciado devela la historia de cómo García Luna arribó a la SSP luego de que Ismael Zambada —el Mayo—, Arturo Beltrán Leyva —el Barbas— y Sergio Villarreal Barragán —el Grande— se abocaron al proyecto de colocar una pieza de su confianza en el gabinete de Felipe Calderón.

Lo que siguió fue aterrizar el plan que los capos habían maquinado, como se explica en los primeros textos de este libro. Le encomendaron la tarea a Sergio Villarreal. Este hizo contacto con el entonces senador panista Guillermo Anaya Llamas, oriundo de Coahuila, compadre de Felipe Calderón y ex cuñado de el Grande. El encuentro entre Villarreal y Calderón lo planeó Guillermo Anaya. El momento no pudo ser más que propicio: la fiesta de bautizo de la hija de Anaya. Calderón y Margarita Zavala —entonces la pareja presidencial que se aprestaba a instalarse en Los Pinos— eran los padrinos.

Y entre los invitados especiales a la fiesta apareció Villarreal Barragán, el Grande, personaje del narcotráfico que por años operó impune en Coahuila gracias a la protección del poder político. Este señor del narcotráfico, posteriormente detenido en Puebla y más tarde extraditado a Estados Unidos, fue el responsable de plantear la propuesta del Cártel de Sinaloa al presidente Felipe Calderón, según narra Lemus en “El Licenciado”.

La propuesta, por lo que ocurrió después, fue aceptada desde que empezó el gobierno de Calderón y Genaro García Luna fue inamovible hasta el final de ese sexenio, pese a los señalamientos que lo vincularon con la protección al Cártel de Sinaloa.

Con los dados cargados, es decir, con un gobierno infiltrado por el crimen, el presidente Felipe Calderón pareció emprender la guerra contra los cárteles. Pero, como se vio a lo largo de su gobierno, el de Sinaloa resultó el menos molestado: la llamada “guerra” se centró en los grupos antagónicos a este; incluso empezó a perseguir a los hermanos Beltrán Leyva cuando ya no eran socios de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ni de Ismael Zambada, el Mayo.

Este antecedente explicaba —eso fue lo que Herrera Valles empezó a detectar en sus funciones de agente federal y coordinador regional de la PFP— por qué los objetivos del combate criminal no se estaban cumpliendo al arrancar la cruzada contra el crimen, en diciembre de 2006.

García Luna, de acuerdo con Javier Herrera Valles, no atendía los llamados de emergencias para detener a personas. Los agentes federales acudían a sus tareas a ciegas, sin información de inteligencia, sin tener claro el rumbo que debían seguir. Instalaban retenes por doquier, pero carecían del archivo necesario para capturar a los maleantes. Si solicitaban una aeronave urgente, esta tardaba horas en arribar al sitio donde se requería. Los agentes operaban sin protección, sin viáticos y siempre arriesgando la vida.

La gente de mayor experiencia dentro de la PFP y de la SSP fue despedida o desplazada de sus puestos. Ocuparon sus lugares policías jóvenes, desprovistos de conocimientos sobre el esquema del crimen. Esto no ayudaba al proyecto de la guerra, pero favorecía a García Luna, el secretario del Cártel de Sinaloa.

Conforme pasó el tiempo, Herrera Valles empezó a observar que los llamados Operativos Conjuntos contra la Delincuencia eran un fiasco y que con tantos yerros y desatinos ningún objetivo se cumpliría. Fue así que comenzó a denunciar la corrupción y las fallas de la política criminal a través de cartas enviadas al entonces presidente Felipe Calderón; en ellas le señalaba, inclusive, que en la SSP había corrupción y vínculos con el narco.

Fueron varias las misivas que envió; otras las hizo públicas para hacerse escuchar ante el presidente. Pero nunca le prestaron atención. Al contrario, todas sus denuncias causaron el efecto opuesto: el enojo presidencial —y de García Luna— y, con ello, la represión. Lo hostigaron hasta destituirlo de su cargo, sin sueldo, y más tarde lo encarcelaron con una acusación falsa de que estaba vinculado con el narcotráfico.

Para eso el gobierno de Calderón se pintaba solo. Habilitaron, a través de la entonces PGR, a dos testigos protegidos para incriminarlo —eran, en estricto sentido, dos lenguas letales—: uno de ellos era el testigo con clave Jennifer —cuyo nombre es Roberto López Nájera— y el otro, Pitufo, respondía al nombre de José Salvador Puga Quintanilla.

A ambos los movió la ambición de un beneficio e incriminaron a Herrera Valles y a decenas de personajes más con historias falsas que la misma PGR maquinó y consignó ante diversos jueces para encarcelar a los presuntos delincuentes.

El de Herrera Valles no fue el único caso en el que se emplearon testigos comprados para armar expedientes criminales. Durante el gobierno de Calderón, la PGR se caracterizó por esas sucias maniobras, más aún durante la gestión de la procuradora Marisela Morales, quien incluso fue premiada por “sus buenos oficios” con el consulado de México en Milán, Italia.

Como parte de las represalias de Genaro García Luna por denunciar la corrupción y sus vínculos con el crimen, a Javier Herrera Valles lo detuvieron el 17 de noviembre de 2008. En el operativo —encabezado por Javier Osorio Ballesteros, Jesús Sixtos y Roberto Roa, cómplices de García Luna, actualmente impunes—, Herrera Valles fue golpeado junto con su hijo. Lo intentaron estrangular sometiéndolo por el cuello, le rompieron una costilla y le propinaron golpes por todo el cuerpo.

De su detención y tortura da cuenta un video que estuvo guardado durante 13 años y que el 30 de junio de 2021 se hizo público. Sin embargo, el caso se mantiene envuelto en la impunidad: los autores de la tortura siguen sin ser llamados a rendir cuentas y están en activo en el aeropuerto de Cancún y en la Guardia Nacional, mientras que Herrera Valles continúa en un largo litigio por recuperar su puesto de trabajo y una indemnización justa que, hasta ahora, le han negado.

Así, con un expediente plagado de falsedades, Herrera Valles fue encarcelado en el penal de El Rincón, en Nayarit, donde además fue torturado, vejado y exhibido como un policía al servicio del crimen tras las denuncias que hizo y que mostraron que el gobierno de Calderón tenía al principal capo en la SSP.

El tiempo le daría la razón a Herrera Valles. El colmo del cinismo de Calderón quedó en evidencia cuando García Luna fue aprehendido en Estados Unidos. El ex presidente dijo que nunca estuvo enterado de sus vínculos con el narco. Y al referirse a las cartas que recibió de Herrera Valles, cuando estaba encumbrado en el poder presidencial, expuso que nunca leyó ninguna evidencia que incriminara al funcionario federal.

Días aciagos

En 2020 busqué a Javier Herrera Valles para recapitular este episodio de su vida, el más difícil que ha vivido en toda su carrera policial. Doloroso el recuerdo, le pedí que contara su experiencia de aquellos días aciagos. El agente federal, impotente ante el oprobio del poder, aceptó.

En una tarde apacible en su residencia de San Jerónimo, en la Ciudad de México, el principal denunciante de la guerra fallida contra el crimen se mostraba sonriente por la captura de Genaro García Luna: le asistía la razón desde la primera vez que denunció al entonces secretario más poderoso del sexenio de Felipe Calderón.

Cuando empezó a exponer los pormenores de ese tramo de su vida —hasta la fecha no recupera su plaza en la SSP, ni sus salarios caídos ni indemnización alguna—, Herrera Valles ya no pudo detenerse. Recapituló el más amargo pasaje de su existencia, pero sin drama. Se mantuvo ecuánime, equilibrados los ánimos por desgarradores que fueran los hechos que contó. A continuación, la charla con todos sus detalles.

Ricardo Ravelo (RR): Hay una denuncia que yo recuerdo que me dio tu hermano cuando tú todavía estabas en el penal. La denuncia se interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por unos casos de tortura en tu contra que ordenó García Luna.

Javier Herrera (JH): Tuve muchas provocaciones. En el 2012 me hicieron un cateo en mi celda, me dieron una zarandeada y por eso presenté la denuncia. También hubo otras violaciones, como la detención de mi hermano, Arturo Herrera. Primero lo detienen el 5 de septiembre y el mensaje del gobierno fue: “Bájale porque vas tú”, y no entendí el mensaje, y sí… seguí yo. Luego a mí me quisieron secuestrar por aquí cerca. Como es una zona donde hay muchas c allecitas y callejoncitos, afortunadamente me pude meter; un vehícu lo me siguió y yo pude meterme en una calle y me les perdí y ya no me ubicaron. Después fue la detención.

RR: Cuando comenzó el gobierno de Felipe Calderón se declara la guerra al crimen organizado. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de que esa guerra era una farsa y que en realidad se estaba protegiendo al Cártel de Sinaloa? ¿Qué viste, qué te pareció extraño en todo esto? ¿Por qué empezaste a denunciar la corrupción y este montaje llamado guerra anticrimen?

JH: Como jefe de distrito, cuando inicia el sexenio de Calderón, tenía dos estados bajo mi mando. Estaba dividida la Policía Federal Preventiva y la Seguridad Regional en: Distrito Norte, Centro y Sur. Entonces a mí me tocaba el Centro y bueno… pues empieza el 16 de diciembre la famosa guerra contra la delincuencia organizada.

Se van a Michoacán; me correspondía en Michoacán por los estados del Centro. Pero como ese día fue el banderazo mundial, cuando se declara la guerra yo estaba encargado de organizar el evento en la caseta que cobra la salida a Querétaro. Entonces me dijeron, “Pues tú ya estás adentrado en eso”, porque la cosa fue así, haz de cuenta que se la sacaron de la manga y vamos a declararles la guerra, todo el mundo empieza a moverse ahí junto con el banderazo.

Entonces me dijeron: “Tú aquí te quedas”, y mandaron al comandante que tenía el Distrito Sur. Entonces él se va con unidades al frente del operativo y yo me voy hasta enero a Guerrero, y a él le correspondía en Guerrero, y a mí me mandan ya después a Guerrero. Y luego me mandaron a Tamaulipas-Nuevo León. Primero empezó el Operativo Michoacán, siguió el Operativo Guerrero y el otro era el Operativo Tamaulipas-Nuevo León, así se le denominó.

RR: Es decir, ¿al mismo tiempo se atacaron todos esos estados?

JH: No. Inicia el 17 de diciembre en Michoacán. Luego, como el 5 o 6 de enero, el operativo en Guerrero, y luego, a mediados de febrero, empieza Tamaulipas-Nuevo León. Y yo fui a Guerrero e inicié el de Tamaulipas-Nuevo León.

RR: ¿Qué pasa en ese arranque realmente, de entrada, dada tu experiencia?

JH: Pues era una vacilada… Pues mandan 50 unidades con 200 elementos a Michoacán. Pero los escogen de la periferia de Michoacán, […] para juntar los 200 elementos. Los citan aquí en México y arrancan las 50 unidades. Pero no era un operativo en forma, mandaron 200 elementos a distribuirlos allá, pero sin ninguna orden en específico. En el mes de enero, de un día para otro, me dicen: “Escógete 50 unidades de aquí de la periferia y te vamos a mandar 100 elementos del área de inteligencia”. Pero muchos no tenían ni armas, que fue lo que yo le dije al presidente; no tenían la licencia oficial colectiva, había que hacer algo para tenerlos a todos armados. ¿Cómo se iba a tener un operativo de esa envergadura sin armas? O sea, eran 100 del área de inteligencia y 100 de Seguridad Regional. Ellos sí estaban activos pero traíamos 100 que no tenían ni idea. Entonces realmente dije: ¿qué vamos hacer?… Pues no, ya estamos en guerra con la delincuencia organizada y hay que distribuir las unidades. ¿Pero de qué manera? Pues distribúyendolas en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo. Eran cuatro elementos por unidad.

—Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? —le preguntaba a García Palacios, que era el encargado.

—Pues vamos a hacer operativos, revisiones.

—Pero, ¿algún plan, algún blanco específico?

—No, pues vete a la sección segunda, que es información, a ver qué recabas de las problemáticas, para que organices algo.

Y fui a ver qué incidencias [delictivas] teníamos ahí, hice un PSO [Procedimiento Sistemático Operativo] para distribuir las unidades y darles órdenes a los elementos, que supieran qué íbamos a hacer; eran retenes con revisiones aleatorias pero sin ninguna información adicional a lo que se pretendía.

RR: ¿Era pura improvisación?

JH: Era lo que se hacía. Ellos [los altos mandos] hacen revisiones ahí, pero lo más grave es que un día antes se le avisa a los medios que empezaba la guerra contra la delincuencia organizada en Guerrero. Salgo con 50 unidades y ya me estaba esperando en Chilpancingo muchísima prensa para saber qué les estábamos escondiendo. Porque no se fueron cuatro elementos en cada unidad, sino que nos llevamos dos autobuses y 100 elementos en los autobuses y 100 en las patrullas.

RR: Le estaban anunciando a la delincuencia que ahí iban ustedes…

JH: Sí, exacto… ¡Vamos a pelear contra ustedes! Yo porque hice ese PSO con la información que había, por eso los distribuí de esa manera. Pero aparte iban fuerzas federales de apoyo, el Ejército y la Armada, pero cada quien por su lado. Hasta ese momento supe que había fuerzas federales de apoyo y Ejército. Teníamos reuniones en la zona naval, pero cada quien con su tema; o sea, no había realmente información compartida, blancos específicos.

RR: Era básico tener una información de inteligencia…

JH: Sí, saber que ibas […] ¡blancos específicos! En un operativo tienes que ir por blancos específicos, no blancos de oportunidad. Entonces yo estuve ahí un mes. Y luego, estar hospedados en hoteles fue un gran error por las molestias de las unidades, ocupando lugar visible en Acapulco, por ejemplo. Fuimos al Bali Hai de Acapulco, me acuerdo. Teníamos que conseguir hoteles para dormir. Nada estaba programado. Por lo que no cabía la menor duda de que estábamos bien ubicados por parte de la delincuencia organizada, por la entrada y salida de nuestras unidades.

RR: ¿Se sentían vulnerables?

JH: Vulnerables completamente. Y además nos tenían bien monitoreados. Es decir, realmente no pudimos hacer nada y sobre la marcha estuvieron cambiando las instrucciones porque los primeros días del mes hicieron revisiones aleatorias y luego vigilancia en el área urbana, meterte a las colonias conflictivas… O sea, ¿cuál sentido? Vigilancia en el malecón, ¡en el malecón no va a estar paseando la delincuencia!

Pero lo más grave es que a las unidades de servicio en carretera las mandaron también a apoyar la vigilancia urbana, cateos que supuestamente eran de la PGR, y retiran la vigilancia de las carreteras y nada más salía una unidad a atender accidentes; entonces nos crecen los accidentes, aumentan los asaltos y obviamente las carreteras quedaron a merced de la delincuencia.

RR: Se generaron descuidos, vacíos.

JH: Se generaron vacíos, pero no por descuidos sino por instrucciones de los mandos superiores: retiraron a la policía de la vigilancia en carreteras y la prueba se presentó en mayo de 2007 con lo que pasó en Sonora. Fue un grupo de sicarios a Cananea y cruzó todo el estado. Matan a unos policías, matan a los rivales y se regresan. Entonces el gobernador, Bours en ese tiempo, se quejó porque hubo unas imágenes de agentes en la autopista, saliendo de Culiacán; en la carretera iba un convoy de 20 unidades con gente armada y entrando a Sonora. Entonces no hubo quién los parara, porque no había elementos.

Fue cuando Genaro anunció que corría a toda la gente de los mandos de Seguridad Regional y corrió a Javier Garza Palacios, que era coordinador general, un cargo que no existía en la estructura de la PFP. También se fue Gerardo Luévanos Becerra, que era de Seguridad Regional, y quedé yo en su lugar. También se fue Tomás Zerón, que estaba con Javier Garza Palacios. ¡Era un bandidazo!

Se van Héctor Moreno, Vidal Díaz-Leal Ochoa y otros más. Nunca supe qué cargo tenía Tomás Zerón, pero él andaba organizando todos sus negocios sucios. Héctor Moreno era otro comandante de la Agencia Federal de Investigación [AFI] y Vidal Díaz-Leal Ochoa era de Seguridad Regional.

Entonces realmente los únicos que salieron fueron Garza Palacios y Tomás Zerón. Javier Garza Palacios después se fue de manera muy discreta de agregado policial a Colombia.

RR: ¿Estos cambios los hizo Genaro García Luna a propósito?

JH: Sí, con el fin de calmar al gobernador, porque estaba muy molesto. Decía que cómo era posible que los agentes hubieran caminado tantos kilómetros y no detectaran a los criminales. Ahí estaba la razón: porque realmente estos retiraban a la policía y únicamente se dedicaban a atender accidentes de tránsito.

Supuestamente servían para reforzar la guerra contra la delincuencia en las comunidades, pero en realidad lo que hacían era traer paseando a la gente, lo que siempre hicieron.

RR: Cuando empezó la guerra contra el crimen, ¿sólo estuviste un mes en esas actividades?

JH: Sí, en Guerrero, coordinando ese operativo, después me relevó un comandante de región de Guerrero que se quedó al mando. Entonces regresé a México y me fui a Tamaulipas y Nuevo León […]. Dijeron que ya había dos comandantes de Seguridad Regional en Michoacán y en Guerrero, entonces le di al comandante de región de AFI el mando del operativo. También era gente de confianza, pero yo nada más fui al arranque en aquella ocasión.

Todo estaba en la misma tónica: no había coordinación. Desde el diseño de la estrategia no se veía ni idea de cómo hacer las cosas. Yo había estado en Ciudad Victoria y conocía algunas carreteras y brechas por donde se movían los delincuentes. Traté de alguna manera de diseñar esa parte. Pero no creas, nunca quisieron actuar de frente con el crimen. Realmente lo que querían era mediatizar los operativos.

RR: ¿Eso quiere decir que la guerra contra el crimen fue una simulación?

JH: Totalmente. Eso fue lo que le dije al presidente: esto es una simulación, no es una guerra. Después de lo que ocurrió en Sonora, me fui un par de días y regresé. Luego me enteré de que destituyeron a los mandos y nombraron a Édgar Millán en lugar de Javier Garza Palacios como coordinador de Seguridad Regional. Después asumí el cargo de coordinador de Seguridad Regional.

RR: Édgar Millán fue asesinado por el Cártel de Sinaloa, por los Beltrán Leyva. ¿Él era tu jefe?

JH: Sí, lo asesinaron… Pero entonces él entró como mi jefe sin estar en la estructura. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el único que podía firmar oficialmente era yo. Entonces ahora tú te preguntarás: bueno, si no era yo del equipo, ¿por qué entré ahí?

En primera, todavía no se animaban a poner un mando de ellos en Seguridad Regional, porque Seguridad Regional iba a pegar de brincos. De alguna manera estábamos acostumbrados a lo que éramos, la Policía Federal de Caminos, a ser sus propios mandos y a contar con gente con experiencia, con liderazgo, que fuera reconocido y respetado por la gente.

Pero además querían que me embarcara en las firmas, en todo lo de las adjudicaciones directas por compra de equipamiento, uniformes y patrullas sin respetar la Ley Federal de Adquisiciones. Entonces yo empecé a tener problemas con ellos cuando me negué a firmar.

Sí se podía hacer adjudicación directa, pero había que llevar cierta normatividad. Entonces querían hacer cambios y no me presté a ese juego sucio.

RR: Querían violar la ley para beneficiarse con la corrupción.

JH: Por ejemplo, la compra de cerca de 900 patrullas se fue a la adjudicación directa. Había una fecha de entrega; se adjudican el 30 de septiembre de 2007 y había que entregarlas el 15 de noviembre y, si no se cumplía, había una sanción diaria, una penalización por no entregarlas.

Entonces no había penalizaciones, no había entrega de patrullas y además en ese intermedio hacían otro contrato adicional para reforzar los frenos, la suspensión, por ejemplo. Todo eso lo hacían a un costo que casi duplicaba el valor original de esos trabajos mecánicos.

Esas adaptaciones, además, no eran necesarias porque eran patrullas que venían acondicionadas de Estados Unidos. Luego surgió otro problema: las famosas cartas de la gente que empezó a reprobar los exámenes de control de confianza. Querían que yo firmara las cartas responsivas y también me negué a ello, y eso derivó en choques con la gente preferida de García.

RR: ¿Aquí empezó la inconformidad?

JH: Sí, siempre trabajé para ser jefe de la policía porque fue mi pretensión, fue mi proyecto de vida; pero cuando llegué estaban las peores condiciones dentro de la institución. Yo sabía que no tendría futuro.

RR: El equipo de la guerra también empezó a partirse con el d espido de la gente de experiencia y el arribo de los llamados policías improvisados. Además, se complicó más la cosa porque muchos nuevos agentes reprobaron los exámenes de confianza. ¿Qué pasó con todo este problema?

JH: Hubo siete agentes que reprobaron los exámenes de control de confianza. Estos que reprobaron eran unos pillos. Incluso, se iniciaron procedimientos y no pudieron entrar a la Secretaría. Luego se inventaron las famosas cartas responsivas, las que querían que yo firmara.[…].

Y lo sorprendente es que luego a todos los reprobados los metieron a trabajar a través del área de inteligencia, ahí donde estaba Luis Cárdenas Palomino [quien controlaba el narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por indicaciones de Genaro García Luna, según consta en varias denuncias], y luego aparecen en Seguridad Regional y me los entregaron con la orden de que estaban dados de alta como comisarios. Me sorprendí porque para ser comisario necesitas por lo menos 20 años de antigüedad en diversas tareas.

RR: ¿Y ellos lo lograron en unos cuantos meses?

JH: Y con 50 mil dólares. De eso me enteré posteriormente: pagaban para comprar los puestos. Para ser comisario se empieza de subteniente, luego teniente, primer oficial, segundo oficial, inspector, inspector jefe, inspector general.

Esto me lo comentó un comandante [al] que le ofrecieron un puesto y que no estaba de acuerdo con la forma. Él dijo: “Yo no voy a pagar eso”. Pero estás de acuerdo [en] que, si pagan esa cantidad, pues es porque van a recuperar su inversión pactando con el crimen.

Lo que no me queda muy claro es si otros cinco agentes presentaron exámenes; creo que no, no se animaron a presentar exámenes… ¿Qué es lo que pasó después? Tomaron el control de esa área; entonces ellos podían determinar quiénes pasaban y quiénes reprobaban haciéndoles preguntas y allí empiezan a correr a la gente valiosa, la gente de experiencia, la gente que tenían 20 o 25 años y salieron mal en el examen, en el polígrafo. Porque, según los resultados, tenían tendencias a involucrarse con el narcotráfico, según dijeron. Con esos argumentos los despidieron.

RR: Cuando era válido el polígrafo, ahora ya no es confiable.

JH: Pero ahorita todavía te corren por ese motivo… pero lo más grave es que son perversos. En 2008 lograron que se modificara la restricción, la reincorporación a los elementos de policía, peritos y ministerios públicos que fueran sancionados o cesados de sus funciones. Ya no podían regresar a la institución. Los indemnizaban.

Desde 2008 pusieron ese candado. De esa manera utilizaron los exámenes de control de confianza para correrte. Primero empezaron con mover a esa gente de experiencia, por ejemplo.

Esto pasó con un comandante adscrito a los Altos de Chiapas. No le respetaron su grado ni sus años de servicio y lo despidieron como cualquier otro elemento. Realmente hay mandos que tienen experiencia y prácticamente estaban expuestos a que se metieran en un problema o los involucraban.

[…] Si te acuerdas, inventaron un curso de un año para mandos; entonces metieron a todos los comandantes de región de la PFP a ese curso y supuestamente iban a meter a todos los comandantes de AFI, y [a] los que no estaban de acuerdo los amenazaron con correrlos. Pero seleccionaron a los llamados “doce apóstoles”, la gente más cercana a Genaro García Luna.

Y a los demás les dieron servicios en la PFP, sin hacer ese curso. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos nuestros comandantes de región renunciaron, mucha gente con dignidad dijeron: “No, esto no es así”.

Esto era parte de la presión que ejercían desde los altos mandos. Muchos tuvieron la intención de renunciar ante tanta injusticia.

RR: De acuerdo con tu experiencia: ¿cómo surge esta acusación que hoy cobra toda la relevancia en el sentido de que durante la llamada “guerra contra el crimen” se dio protección al Cártel de Sinaloa?

La acusación contra Genaro García Luna tiene algunos elementos, pero tú, que lo viviste desde dentro, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Viste que había una guerra no pareja contra el crimen? ¿Cómo se le dio la protección al Cártel de Sinaloa? ¿Ustedes, los agentes y comandantes, recibieron instrucciones en ese sentido?

JH: Era muy evidente, definitivamente. Cuando hago los señalamientos tuve mucha información de gente que estaba enterada, que trabajan en área de narcóticos, de inteligencia. Traían investigaciones importantes contra Beltrán Leyva, contra el Cártel de Sinaloa, y después los desviaban a otra investigación. Los quitaban y las investigaciones se paraban.

Cuando retiraron a Gerardo Garay Cadena, dos de sus directores se hacen testigos protegidos y declaran contra él. Él había quedado como comisionado en lugar de Millán. [A este] luego lo mataron.

Entonces los testigos manifiestaron que en un par de ocasiones estuvieron a punto de agarrar a Arturo Beltrán. Ya lo tenían ubicado. Pero les dieron la instrucción de que se esperaran varias horas y cuando se aproximaron encontraron la casa sola.

Sólo hicieron un saqueo bastante importante de lo que encontraron: dinero, relojes, joyas, etcétera. Luego argumentaron que no concretaron la captura porque no hubo condiciones. No hubo sanciones para nadie. Yo fui recabando información en ese tiempo, pero realmente no pude nunca hacérsela llegar al presidente.

Tampoco la podía plasmar en mis cartas, porque tenía que ser muy objetivo. Si ponía algo que no estuviera confirmado, me fincan responsabilidad penal. Nunca me dio la oportunidad el presidente de decirle directamente lo que realmente estaba pasando.

RR: Era evidente que había protección al Cártel de Sinaloa, si a los agentes que estaban investigando los movimientos de los miembros de esa organización, de buenas a primeras, los movían de área.

JH: Los desviaban de su investigación. Un agente de confianza, un compañero cuyo nombre no recuerdo y que mataron afuera de su casa, me comentó en una ocasión que estaba muy decepcionado de Ramón Pequeño García [alto mando de la SSP], porque las investigaciones importantes contra los Beltrán Leyva no se concluían. Retiraban a la gente y le daban instrucciones de que hicieran otras actividades. Este muchacho se apellidaba Velasco.

Era un buen muchacho, un policía bien intencionado, que conocía y era buen investigador; pero ahí se dio cuenta de que Pequeño actuaba de manera muy extraña e inclusive ya había distanciamiento entre ellos. Yo pienso que Pequeño lo entregó, porque al final de cuentas él no era de los que decía: “No me meto en problemas y ya no lo hago”.

El equipo cercano de García Luna se empezó a meter en problemas cuando los hermanos Beltrán Leyva rompieron con el Cártel de Sinaloa. Cuando se fracturó esa relación, los cercanos de García Luna se quedaron protegiendo a los Beltrán Leyva pese a todo lo que pasó, pues mataron a Millán por acuerdos que no cumplieron.

También mataron a Igor Labastida. Cuando lo acribillaron, se dijo que traía uno o dos millones de dólares en su vehículo. La gente de Luis Cárdenas Palomino no permitió que investigaran a nadie por ese caso. Pero realmente sí era muy evidente la protección a Sinaloa y a otros grupos porque a todos les agarraban dinero.

RR: ¿Cuál era la relación entre Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora?

JH: Nunca se llevaron bien, pero Medina Mora se subordinaba a Genaro por instrucciones del presidente. En el fondo de todo esto había una complicidad entre Genaro y el presidente. Era una relación muy extraña, pero el presidente siempre lo defendió.

Cuando había momentos críticos, donde la imagen de García Luna se opacaba, el presidente aplaudía algunas detenciones y de inmediato formaba una cortina de humo para atajar las críticas contra Genaro. Alababa sus acciones. Pero todo era efímero. Las capturas importantes que se hicieron entre 2007 y 2008 fueron un fiasco. Pasaban tres o cuatro años y los delincuentes salían de la cárcel por falta de pruebas.

No fui el único que vio y denunció la corrupción de García Luna. Estoy enterado de que el general Tomás Ángeles Dauahare le dijo al presidente Calderón en 2007 que Genaro García Luna estaba coludido con el narcotráfico y lo desoyó.

RR: Imposible pensar que Calderón no estuviera enterado de los vínculos criminales de su secretario de Seguridad Pública.

JH: Imposible, definitivamente.

RR: Aunque nadie le cree, el ex presidente Felipe Calderón arguye […] que nunca supo de los vínculos del llamado “súper policía” de su sexenio.

JH: Pues eso nunca lo va a aceptar. Es ponerse la soga al cuello, y además con su partido político cómo quedaría, con la gente que s impatiza. La gente que le cree cada vez es menos porque yo lo he visto en redes y ya no es tan marcada la cantidad de gente que le apoya sus comentarios, entonces definitivamente él nunca lo va a aceptar.

RR: ¿También resulta inverosímil que lo engañaron?

JH: No tiene lógica, definitivamente. Cuando detienen a Genaro García Luna en diciembre de 2019, yo fui al noticiero con Carmen Aristegui y me entrevistó sobre el caso. Calderón publicó un tuit en el que dijo que ya había leído las cartas del señor Herrera Valles y que realmente no había mucha sustancia.

Además de que consultó las cartas 11 años después, las leyó muy mal porque me dice que no hay circunstancias de tiempo, modo y lugar, y esas circunstancias las investiga el Ministerio Público. Con una noticia es suficiente para que lo investigue la gente que sabe. Pero habló como Ministerio Público, algo absurdo, y nunca me ha vuelto a contestar mi señalamientos.

RR: ¿Qué vino después, Javier, cuando mandaste las cartas al presidente Calderón? ¿Cómo empezó la represión en contra tuya?

JH: Me despidieron de mi puesto. En cuanto le llegó la carta a este cuate [al presidente Calderón] me suspendieron mi salario de manera ilegal, porque una cosa es que te quiten el cargo y otra que pierdas el trabajo, entonces desde ahí fue un acto arbitrario.

Podrán justificar la conclusión del cargo, como siempre, por necesidades del servicio o porque necesitaban a otra gente que reuniera el perfil, lo que tú quieras, pero no te quitan el sueldo porque no hay motivo. Entonces todo eso lo estuve peleando en el Estado Mayor con Oswaldo Luna Valderrábano, el tío de Genaro García Luna, que fue su chofer cuando era director de AFI y luego lo puso de director y jefe de Estado Mayor durante todo el sexenio.

RR: Luego de todo este hostigamiento, te despidieron de la policía.

JH: Durante esos meses, todos los días me presentan a firmar. Entonces en mayo le envié otra carta al presidente con más información de otras gentes y me hicieron llegar una carta compromiso que decía que no tenía la preparatoria terminada y me comprometí a terminarla en tres años y se necesitaba cuando menos preparatoria para estar en el cargo.

Lo sorprendente es que a mucha gente la hicieron jefes de división sólo con secundaria. Toda esa información la vacié en una carta y adjunté 30 anexos.

Las presiones siguieron. Iniciaron procedimientos en mi contra supuestamente por inasistencias, por retrasos en la hora de entrada. Y en esa comisión de Honor y Justicia estaba Gerardo Garay, además de que todas esas injusticias también las cometían Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, dos cómplices de García Luna actualmente acusados de estar ligados con el narcotráfico.

Toda la gente que yo estaba acusando era la que me estaba llevando al banquillo de los acusados. Presenté un recurso de inconformidad respecto al reglamento, pero ese mismo procedimiento lo resolvió la misma Comisión General de Justicia y ratificaron los señalamientos en mi contra.

Luego detuvieron a mi hermano y al día siguiente me quisieron dar el levantón [privarlo de su libertad]: eran dos vehículos con personal civil.

Tengo los antecedentes porque presenté un amparo contra cualquier acto de detención para saber si había alguna orden de localización o detención; pero no había nada, no me quedó duda de que se trataba de una detención irregular, un secuestro, tal vez.

Luego me ofrecieron que me reinstalarían en mi trabajo, que me pagarían los salarios caídos, pero me pidieron que ya no hiciera señalamientos.

Había mucha tensión de los medios y era lo que no querían, que siguiera haciendo estos señalamientos. Pero no podía callar ante lo que para mí era evidente, no podía envolverme en la corrupción. Me negué y después me detuvieron.

RR: Lo que vino después fue que te armaron un expediente criminal. ¿Fue así?

JH: Pero de manera muy rápida. Ya lo tenían listo. Hubo varias cositas ahí que me llamaron la atención. Una semana antes de vernos, me contactó una persona de la Embajada de Estados Unidos porque quería platicar conmigo; me contactó por medio de un ex policía […]. La vi en provincia porque decía que no era conveniente aquí en la Ciudad de México. Mi impresión fue que desde entonces ya andaban investigando a Genaro García Luna. Esto fue en el año 2008.

RR: ¿Había indicios de que Estados Unidos ya investigaba a García Luna?

JH: Sí. Algunas personas de Estados Unidos estaban interesadas en platicar conmigo y me ofrecieron salir del país si tenía algún problema. Pero nunca pensé en abandonar México. No pensé en la magnitud del problema que se me venía encima, lo confieso.

Cuando regresé de ver a la persona, era un comandante ya retirado; me habló y me dijo: “Comandante, ten cuidado porque detuvieron a una persona que declaró en contra tuya”. Y me dijo que se trataba de un tipo de apellido Martínez Rocha.

Luego me enteré [de] que eran dos testigos protegidos y que los habían preparado para acusarme: Salvador Quintanilla —el Pitufo— y Hugo Martínez Rocha. Y mi amigo me dijo que lo que estaban construyendo en la Procuraduría General de la República era un expediente.

Mi amigo me dijo: “Te quieren fabricar un expediente y acusarte por delincuencia organizada”. Me sorprendí. Yo le dije que eso no tenía lógica.

Días después fui a platicar con Denise Maerker tras la captura de Garay Cadena. Grabamos una entrevista. Ahí empecé a darme cuenta de que me estaban siguiendo. Tú me confirmaste lo mismo. Me preocupé. Sospechaba que me querían dar un levantón.

Entonces me fui a Durango con mi familia. Pensé que no habría forma de que me siguieran. Pero el lunes regresé a la Ciudad de México, a la entrevista con Denise Maerker, y fue cuando me detuvieron. Lo que me quedó claro es que ya estaban planeando esa detención porque al testigo protegido, Salvador Puga Quintanilla, lo detienen el 21 de septiembre con una persona secuestrada, drogas y armas.

El caso de la persona secuestrada, entiendo que por las drogas y las armas, atrae a la PGR y los meten al ámbito federal. El 31 de octubre incorporan a Puga Quintanilla al programa de testigos protegidos junto con el Pitufo. Y ese mismo día declara en contra de mi hermano. Y luego declaró contra mí. Este expediente se fabricó en el periodo de Marisela Morales como titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada. El procurador era Eduardo Medina Mora.

RR: ¿Quién ordenó tu encarcelamiento?

JH: La Presidencia de la República. Resulta que a través de un contacto mi esposa pudo hablar con Marisela Morales y reconoció que en realidad las acusaciones en mi contra no se sostenían. Incluso, estaban preparando un boletín para informar que me dejarían en libertad durante mi arraigo.

Es más, la procuradora le dio a mi esposa su teléfono celular para que le hablara, pero al día siguiente ya no le contestó la llamada. Al día siguiente el contacto que nos consiguió la entrevista con Marisela Morales nos dijo que no pudo hacer nada. Me quedó claro que la PGR cumplió las instrucciones de la Presidencia.

Precisamente por el desaseo de la PGR, un tribunal ordenó investigar a Marisela Morales por las fabricaciones en mi contra. Mi hermano también denunció, fue sometido a tortura. En mi caso ya todo estaba prescrito, pero aun así procedieron.

En la resolución del no ejercicio de la acción penal, supuestamente yo debí haber hecho esas denuncias más o menos como a mediados del 2011, aunque fueron hechas [en] el 2008, debí haberlas hecho en tres años. En los casos hay violaciones de fondo, no de forma.

RR: Hay muchos casos denunciados por este tipo de fabricaciones que hizo Marisela Morales. Así actuaban para destrozar políticamente a quienes consideraban sus enemigos.

JH: […] me hicieron los señalamientos con base en versiones de oídas. En la averiguación previa se debió confirmar todo, con datos y hechos, pero nunca lo hicieron porque no existían las pruebas. En 2010 apelé el auto de formal prisión y me lo negaron; recurrí al amparo y el juez ordenó reponer el procedimiento.

Yo tenía que salir de la cárcel al mes por falta de elementos, pero la PGR echó mano de otros testigos, Jennifer y Mateo, pero el juez los detuvo y le dijo a la PGR que en el juicio ya no era autoridad sino parte del proceso. Pero hubo cambio de juez y la que fue nueva juzgadora sí los tomó en cuenta en mi sentencia.

El testigo Jeniffer, bajo custodia de las autoridades americanas en Washington, fue traído a México, a la ciudad de Nogales, para declarar en mi contra ante el Ministerio Público. Tras ser sentenciado, me quedé en la cárcel cuatro años injustamente.

RR: ¿Cómo viviste tu reclusión? Supe que viviste algunos momentos muy difíciles, que incluso te torturaron. Cuéntame qué pasó.

JH: Fue complicado. Cuando llegué al penal me asignaron una celda donde había cámaras. Era el área COC [Centro de Observación y Clasificación]. Como tenía cámaras no se podía apagar la luz. Durante las 24 horas del día yo vivía con un foco encendido. Lo raro es que apagaban todas las otras estancias, menos la mía. Pedí que me apagaran la luz para poder dormir y me dijeron que no se podía porque me estaban grabando siempre.

Me sometieron a tres pases de lista obligatorios. Uno después del desayuno, otro en la comida y uno más antes de cenar, y a veces había uno adicional antes de dormir. ¿Qué pasa? Que como no disponía de un reloj, no sabía la hora. Llegaban, pasaban lista y yo no estaba uniformado. Por ello me imponían una sanción. Entonces tenía que estar con uniforme todo el tiempo. Además, no podía dormir. Me tenía que cubrir la luz con una toalla y estar atento para estar presentable durante el pase de lista.

Además de estas incomodidades, había mucha provocación de los custodios, no de todos porque algunos se portaban muy bien. En algunos momentos me pegaban en los tobillos para que abriera las piernas, eso me provocaba mucho coraje. En varios momentos estuve a punto de soltarle un madrazo a uno de ellos, pero me aguantaba porque eso me iba a salir muy caro. Tuve que hacer mucha concha para no caer en provocaciones.

Me acusaron falsamente de haberle pedido a un custodio un teléfono celular a cambio de ingresarlo a la Policía Federal Preventiva. Me llevaron al Consejo y me leyeron las acusaciones. Me acusaban dos custodios.

En realidad un celular no me servía para nada: en la prisión no hay señal, y por otro lado, cómo le iba a ofrecer ingresar a la policía si ahí estaban mis enemigos. “Salí peleado con el secretario”, les dije, “me parece absurdo este señalamiento”.

Me sancionaron 15 días por hacer, supuestamente, ese ofrecimiento de tratar de sobornar. Afortunadamente presenté un recurso de inconformidad y no querían aceptarlo. Acudí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además, para acusar a las autoridades del penal por falta de atención médica. Me fracturé un dedo de la mano y nunca me lo atendieron. En la prisión no tuve ni un juez justo ni un trato digno.

Las cosas mejoraron cuando la diputada Layda Sansores San Román estaba en la Comisión de Seguridad Pública e intervino para que yo tuviera un trato justo. Me cambiaron de módulo al que me correspondía como servidor público, ahí mismo donde estaban Garay Cadena y otros más. Éramos 11 en el módulo de Servidores Públicos. Pero conmigo había una consigna.

En febrero de 2012 realizaron un cateo y me pusieron otra recia: nos desnudan, nos golpean. Presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presenté otra denuncia ante el órgano interno de control. Esa denuncia aún no se resuelve. Golpearon a mucha gente. Los mismos jueces vieron a la gente muy golpeada. 

Después ordenaron mi inmediata libertad. Me avisaron a las 12 del día, pero salí [a la] 1 de la mañana.

RR: Conocí una denuncia en la que das cuenta de cómo te metieron a una celda de aguas negras. ¿Qué pasó ahí?

JH: Lo que ocurrió fue que taparon el drenaje y así lo mantuvieron durante una semana. No teníamos agua, entonces uno tenía que hacer las necesidades forzosamente. Para evitar que todo aquello aumentara casi no comíamos. La idea era no ir al baño, porque ¡imagínate todo ese tiempo!

Eso lo sufrimos todos los que estábamos en el mismo módulo. Eran seis estancias con cinco personas cada una y sin agua durante una semana. El problema se arregló cuando llegó un visitador de la CNHD [Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad]. Cuando llegó el visitador hasta Pinol nos dieron. No entendimos el mensaje, de otro modo hubiéramos dejado todo cochino para que se viera la inmundicia en la que nos tenían. Esto ocurrió en el penal de El Rincón, en Tepic, Nayarit.

RR: ¿Cómo leíste la captura de Genaro García Luna? ¿Has sido llamado a declarar a Estados Unidos por este caso? ¿Debe o no abrirse un expediente en México?

JH: A mí me dio mucho gusto. Me avisó un amigo. Me dijo: “Acaban de detener a Genaro García en Estados Unidos”. Yo dudaba. Me dijo: “Me lo dijo una fuente confiable”. Confirmamos y me remití al año 2008, cuando gente de Estados Unidos me había dicho que sí lo estaban investigando. A mí me llamó mucho la atención la declaración de la ex embajadora […] en México [Roberta Jacobson], quien dijo que conocían los vínculos de García Luna pero tenían que trabajar con lo que había, es decir, con él pese a todo.

Mis amigos del FBI me dijeron que la DEA estaba investigando a García Luna. Si su captura se hubiera dado aquí [en México] me habría dado alegría, pero tenía muchos tentáculos, gente que incluso todavía sigue en la Guardia Nacional, que continúa en la Secretaría de Seguridad Pública en algunos estados.

Por ejemplo, recientemente nombraron en Zacatecas y en Chihuahua a Israel Galván, un hombre de extrema confianza de Cárdenas Palomino. Otro está en Aguascalientes. Antonio Pérez García, el encargado de mi detención, ahora está en el aeropuerto de Cancún. En la Policía Federal era uno de los reprobados. Hay mucha gente de Genaro García en posiciones de poder.

Yo no estoy tan confiado; por ello, estoy pidiendo medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que me pueda suceder. A Estados Unidos ya fui a declarar. Ya conocen mi testimonio.

RR: ¿Qué visualizas con el caso García Luna: incriminará a Felipe Calderón si lo sentencian?

JH: No tengo ni la menor duda [de] que Genaro va a aventar a Calderón; ese cuate si no habla se queda como el Chapo, en prisión de por vida: es muy cobarde y va a tratar de sacar la mejor ventaja, unos diez, 15 o 20 años, pero con la posibilidad de salir.

RR: ¿Genaro García suele traicionar a sus amigos?

JH: Él es una persona que sólo ve por sí misma, sólo mira sus intereses. No para otro lado ni por nadie más. Por ejemplo, a Alfredo Garza Palacios, quien tenía algunos arreglos con el narcotráfico, lo iba a dejar fuera de la institución, pero lo mantuvo ahí para evitar que hablara. Lo mandó a Colombia de agregado.

Ahora ya se hizo público que en el expediente de Genaro también están implicados Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, Facundo Rosas. Este último fue titular de Seguridad Pública en Puebla y ahora está al frente de las empresas de Genaro.

Lo que sí es muy cuestionable es que la gente más cercana de García Luna estaban como asesores de Alfonso Durazo en la SSP. Ramón Pequeño, por ejemplo, era uno de sus asesores. Eso yo lo declaré con Carmen Aristegui. En los casos de Ramón Pequeño y Cárdenas Palomino, lo preocupante es que no estén siendo investigados por parte de la FGR. Si el caso no avanza, pues le tendrán que descongelar sus cuentas y eso sería tan grave como robustecer la impunidad.

Desde que fue liberado por falta de pruebas, Herrera Valles ha emprendido una lucha legal, en el campo penal y administrativo, en busca de justicia. Hasta ahora ninguna autoridad se ha ocupado de su caso para castigar a quienes le fabricaron el expediente criminal para encarcelarlo, ni ha podido recuperar su plaza en la SSP ni sus salarios.

Incluso, hasta no hace mucho, su nombre como presunto delincuente seguía apareciendo en Plataforma México, razón por la que no podía salir del país. Este proceso de borrar su nombre le llevó tiempo. El ex funcionario federal espera que el Poder Judicial resuelva su asunto y no espere a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga público el caso y ordene que se haga justicia.

Herrera Valles alega la razón en su caso: ya son 12 años desde que perdió su trabajo, estuvo cuatro años en la cárcel. Hasta la fecha, dice, no ha podido conseguir un trabajo estable por haber dicho la verdad; tenía un excelente sueldo como director general y hasta ahora no ha logrado ni una indemnización justa.

JH: No estoy pidiendo nada extraordinario, sino lo justo. Desde que salí de la cárcel he estado tocando puertas, mendigando un trabajo. He dedicado 31 años a mi actividad en la seguridad y en México no me escuchan. Por eso tuve que recurrir a la Comisión Interamericana.

RR: ¿Trataste tu tema laboral con Alfonso Durazo cuando fue secretario de Seguridad Pública?

JH: En dos ocasiones hablé con él. Me dijo que había ordenado mi reinstalación, pero todo fue de la boca para afuera.

RR: ¿Cómo interpretaste el silencio de Durazo?

JH: Que hay complicidad. Tenía a toda la gente de Genaro trabajando con él como asesores, a Ramón Pequeño en el área antidrogas, que es un pillo ahora demostrado.