Yunes Linares: es la hora de pagar

Tras las elecciones nacionales y estatales de este 2024 Miguel Ángel Yunes Márquez se enfrenta a sus propios errores y torpezas que lo vuelven de cara, nuevamente, ante los mecanismos de la justicia electoral. Por ello está en riesgo su ascenso al Senado y esto afectaría diversos intereses del clan de los Yunes en Veracruz. En la antesala de otro golpe político después que la candidata de MORENA,  Rocío Nahle, ganó la gubernatura del estado, los Yunes perdieron hasta en su propio bastión: el puerto de Veracruz.

Ahora regresa la misma razón por la que Yunes Márquez no fue alcalde del puerto de Veracruz: su falta de residencia. Porque para su candidatura como alcalde falsificó documentos, aduciendo que vivía en el puerto veracruzano cuando en realidad radicaba en Miami. Lo sustituyó su esposa Patricia Lobeira Rodríguez en la candidatura y hoy es alcaldesa.

De lograrse frenar su ascenso al Senado mexicano, se impedirá que su padre se quede con la posición como suplente y con ello se pueda “blindar” ante la ley. El plan al parecer es que Miguel Ángel Yunes asuma la senaduría, luego renuncie y ceda el puesto a su padre. Tras esto, Miguel Ángel Yunes Márquez se prepararía como candidato a la presidencia municipal de Veracruz con vistas a 2025, continuando tras su esposa “Paty” Lobeira.

En 2021 Ricardo Ravelo publicó su libro LOS NARCOPOLÍTICOS con HarperCollins Mexico. Constituye una perfilación criminal de políticos de distintos partidos, trabajados con documentos judiciales, investigaciones y antecedentes para entender el tamaño de la corrupción de estos gobernantes, expresión de una aguda crisis socio-política que se traduce en demagogia, discurso mediocre y barato que buena parte de la sociedad sigue comprando en cada proceso electoral. 

Son personajes que oscurecen la política contemporánea mexicana, ligada a profundas y crónicas prácticas de la corrupción –sistema que parece ser el único que sí funciona en la república mexicana–. Como parte de este volumen de 340 páginas se encuentra este capítulo que OJOdeHipopótamo comparte.

La UIF y la FGR confirmaron que investigan a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y ex subsecretario de Seguridad Pública, por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias durante su paso por la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El político veracruzano —quien ha construido su feudo económico y político en Veracruz, principalmente en los municipios de Veracruz (puerto) y Boca del Río— fue director del ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón. A Yunes también se le acusa de desvío de recursos, compra fraudulenta de medicamentos y malversación de fondos públicos, además de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Involucrado en escándalos de corrupción, Yunes Linares fue acusado por la periodista Lydia Cacho de formar parte de un clan de pederastia junto con Mario Marín, ex gobernador de Puebla actualmente detenido en Cancún, Quintana Roo; Jean Succar Kuri, empresario de origen libanés también encarcelado por abuso sexual en contra de menores [fallecido el 14 de junio de 2024 mientras cumplía su condena de 114 años en el CEFERESO de Cancún]^[1], y Kamel Nacif, el llamado Rey de la Mezclilla, quien se encuentra detenido en El Líbano por estar implicado en la cofradía de pederastas denunciados por la periodista en su libro Los demonios del Edén, un éxito editorial aún vigente.

Como se desprende de esa investigación periodística, en el grupo también figuraba el político yucateco Emilio Gamboa Patrón —ex senador de la República y ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari—, que ha protagonizado escándalos por presuntos actos de corrupción y ligas con el Cártel del Golfo.

Yunes Linares fue gobernador de Veracruz de 2016 a 2018. En ese bienio, se asegura, permitió que el CJNG se asentara en esa entidad, causando una guerra abierta con el Cártel de Los Zetas, que presuntamente arribaron a ese territorio durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz de 2005 a 2011.

Alrededor de Yunes Linares se han tejido historias que lo ligan lo mismo con la corrupción que con el narcotráfico. Sin embargo, el político veracruzano nunca ha sido enjuiciado y menos encarcelado por los presuntos delitos que ha cometido. Pero al parecer el gobierno de la Cuarta Transformación se apresta a llevarlo a juicio y acabar con la impunidad que por años lo ha cobijado.

Durante sus funciones como gobernador de Veracruz, fue copado por desapariciones derivadas de los enfrentamientos entre cárteles. Pese a que había despachado como subsecretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Vicente Fox, Yunes se mostró omiso ante el crimen. Los dejó operar a lo largo y ancho del estado.

Cuando fue candidato a la gubernatura mostró interés por el tema de los desaparecidos, pero de acuerdo con Lucy Díaz Genao, activista y directora del Colectivo Solecito Veracruzano —organismo dedicado a la búsqueda de desaparecidos en el estado ante la omisión gubernamental—, después de ganar las elecciones “jamás nos volteó a ver, nunca nos recibió y se desentendió de nuestra causa”.

—¿A qué atribuye usted ese desdén de Yunes Linares por el tema de los desaparecidos? —se le pregunta.

—Su principal objetivo fue trabajar para construir la candidatura de su hijo al gobierno de Veracruz, lo demás no le importó. El bienio de Yunes fue una extensión del gobierno de Duarte. Fue un gobierno represivo. Nunca atendió los casos de las desapariciones; por el contrario, luego nos amenazaron de muerte por exigir justicia. Todo esto fue asfixiante.

Lucy Díaz Genao se involucró en la lucha de los desaparecidos después de superar una tragedia: el secuestro y la desaparición de su hijo Luis Guillermo, ocurridos en 2013. Junto con otras madres que pasaban por el mismo drama y dolor fundaron la agrupación Solecito Veracruzano.

—Cuénteme, ¿qué les prometió Yunes y por qué no cumplió su ofrecimiento?

—Al principio estaba muy interesado. Como le dije, era candidato a la gubernatura. Después sólo tuvimos una o dos reuniones con los fiscales, incluso con el propio gobernador, y después jamás nos volvió atender. El trabajo que hicieron con los casos fue muy desaseado, un verdadero desastre. Y como nosotras insistíamos en que las investigaciones siguieran y avanzaran, el gobernador recurrió a la amenaza directa. Yo fui víctima de muchas amenazas a través de las redes sociales y por esa razón tuve que abandonar el país durante un tiempo.

La activista recuerda que, cuando Yunes Linares asumió la gubernatura en 2016, en Veracruz había un reporte de 3 mil 600 casos de desaparecidos, todos con denuncia formal.

—La lista era aún más abundante por los que no estaban denunciados —señaló—, pero nunca tuvimos acceso a la información real. Durante el gobierno panista se sumaron más casos y no fueron pocos, pero la información se ocultó. Los responsables eran criminales y policías.

—¿Por qué les negaron el acceso a la información sobre los desaparecidos que se sumaron en el gobierno de Yunes Linares?

—Fue un tema que se ocultó por cuestiones políticas. En ese gobierno la información se convirtió en un agujero negro. Javier Duarte fue un asesino, pero Yunes ni siquiera atendió los casos y lo peor es que orquestó en nuestra contra una campaña sucia, muy a su estilo. Para ello utilizó los servicios de Carlos Loret de Mola y de Ciro Gómez Leyva, gatilleros del poder en los medios de comunicación. Les pagaba, y creo que muy bien, para que nos desacreditaran. En esa labor también utilizó con mucha perversidad a Mari José Gamboa, cuya labor era dispersar a los colectivos, dividirlos y confrontarlos.

En 2016, cuando Miguel Ángel Yunes asumió la gubernatura de Veracruz, el Colectivo Solecito Veracruzano —conformado por mujeres, todas madres que buscaban afanosamente a sus hijos desaparecidos por el crimen organizado y los policías— había descubierto un fosario en Colinas de Santa Fe, un territorio cercano al puerto de Veracruz que estuvo dominado por Los Zetas durante el gobierno de Fidel Herrera.

En las inmediaciones de Santa Fe está el pueblo de Villarín, feudo de Los Zetas, donde Efraín Teodoro Torres —el Z-14— organizaba carreras de caballos en las que se daban cita políticos, empresarios, policías, narcotraficantes y sicarios.

Allí se reunieron en 2007 capos del narcotráfico para celebrar algunas carreras. Los Zetas, encabezados por el Z-14, protegido del régimen, tenía sus caballerizas, casas de seguridad, entrenadores y albercas para entrenar a los equinos. En ese tiempo el amo y señor del narcotráfico era Francisco Colorado Cessa, conocido como Pancho Colorado, financiero de varios políticos y lavador de dinero de ese grupo criminal. Oriundo de Tuxpan, Veracruz, Colorado murió en una cárcel de Estados Unidos donde purgaba una sentencia de 20 años por blanqueo de activos mediante la compra de caballos pura sangre.

En ese año, una de las carreras celebradas en Villarín con permiso oficial del ayuntamiento de Veracruz terminó en balacera y en una verdadera masacre. Ahí fue asesinado Efraín Teodoro Torres, miembro del principal escalafón de Los Zetas, fundado en 1997 por el Cártel del Golfo, entonces comandado por Osiel Cárdenas. El jefe de Los Zetas en ese tiempo era Heriberto Lazcano Lazcano, alias el Lazca, quien solía arribar a su natal Hidalgo en un helicóptero que aterrizaba en la zona militar de la ciudad de Pachuca.

Precisamente muy cerca de Villarín, donde Los Zetas realizaban sus justas, los colectivos, entre ellos Solecito Veracruzano, descubrieron varias fosas clandestinas con restos humanos. En total encontraron 156 con 302 cuerpos desmembrados. Ahí se hallaban los restos de personajes de la delincuencia, rivales de Los Zetas, pero también de personas inocentes que fueron secuestradas y nunca aparecieron.

Con base en declaraciones de testigos y miembros de la delincuencia organizada, el gobierno de Yunes ubicó otra fosa en la comunidad de Arbolillo, localizada en la carretera que va hacia el municipio de Alvarado. Muy cerca de la narcopista de Tlalixcoyan donde en noviembre de 1991 se enfrentaron agentes federales y militares tras el aterrizaje de un avión con droga. Allí se encontraron 200 cuerpos, todos descuartizados, huesos, ropa, celulares y otros objetos de las víctimas.

Para la activista Lucy Díaz Genao, ese hallazgo significaba una esperanza de saber qué había pasado con su hijo y los de quienes reciben el apoyo de Solecito Veracruzano, pero el gobierno de Yunes Linares les impidió acudir al sitio:

—Los trabajos de rescate de cuerpos y restos tardaron un mes, pero luego nos dimos cuenta [de] que no cuidaron la calidad en las exhumaciones; hubo demasiado desaseo e irresponsabilidad.

—¿Puede detallar por qué fue desaseado ese trabajo y qué pasó después?

—Según el gobierno, exhumaron todos los cuerpos y restos, pero cuando por fin nos permitieron ir al sitio descubrimos que en las fosas dejaron unos 3 mil huesos; luego se hallaron otros mil, con lo que sumaron 4 mil o más. Cuando acudimos a la fosa de Arbolillo a seguir con la búsqueda, hallamos 45 cuerpos más que no exhumaron las autoridades. También nos enteramos [de] que los restos los metieron en bolsas y los abandonaron en el patio de una facultad de la Universidad Veracruzana. Los vecinos protestaron debido al mal olor que despedían aquellas bolsas repletas de osamentas. El trabajo forense fue un desastre. Todo esto ha impedido identificar a las víctimas. A muchas familias les han entregado los restos de sus familiares desaparecidos, pero en realidad lo que les han dado son un cúmulo de huesos que forman parte de cientos de otros restos. Todo está revuelto, nadie sabe si realmente lo que han recibido son sus verdaderos familiares. Había muchos huesos porosos, deshechos por el paso del tiempo y por el salitre. Imposible obtener ADN para realizar estudios veraces.

—¿Pudieron hablar con el gobernador sobre estas omisiones tan graves?

—No. Las víctimas de Veracruz fuimos las más abandonadas. Yunes es un hombre muy perverso. En mi caso personal, tuve que salir del país por sus amenazas de muerte. Mi esposo me compró el boleto y me dijo: “Vete, esto huele muy mal. Ya tuvimos bastante con la desaparición de nuestro hijo”. A Rosalía Castro, quien dirige junto conmigo el Colectivo Solecito, también la amenazaron de manera directa. Pagaron una campaña en redes sociales para desprestigiarnos. En pocas palabras, con Yunes vivimos una pesadilla. Le dicen “el Demonio Azul” (por ser panista), pero para mí sólo es el demonio. Jamás nos quiso recibir.

“Con Yunes hubo dos años de oscurantismo en el tema de los desaparecidos. Si todo el trabajo forense hubiera sido profesional, habría sido posible la identificación de las víctimas. Pero como he dicho: el tema de los desaparecidos sólo se utilizó con fines electorales. Yunes jamás tuvo voluntad para llevar a cabo las investigaciones pertinentes e identificar a las víctimas. La misma postura mostró su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, cuando fue candidato del PAN. Esta persona es igual que el padre: siempre mostró un rechazo tremendo al tema. Se le veía su rostro descompuesto e inconforme cuando se abordaba la tragedia en los eventos de campaña. Esa indiferencia con el dolor y con todo lo humano fue la causa de su derrota. Era claro que su ambición sólo era el poder. Así es el padre y así son los hijos. Es la estirpe de la corrupción”.

Lucy se adentra luego en lo más profundo de su dolor: la desaparición de su hijo, Luis Guillermo Lagunes Díaz, un conocido DJ de Veracruz que desapareció en 2013:

—Él era empresario. Tenía un negocio de eventos. Organizaba banquetes, pistas, adquiría muebles y le iba muy bien económicamente. Vivía de su trabajo. Sus ganancias las reinvertía. Su interés era seguir creciendo. Cuando se dieron cuenta [de] que ganaba muy bien, el crimen lo empezó a extorsionar. Llegó a pagar hasta 40 mil pesos mensuales para que no lo molestaran. Tenía 28 años cuando lo secuestraron. Para lograr su rescate pagamos una suma cuantiosa, entregamos una motocicleta y una camioneta. Nunca lo liberaron ni supimos más de él.

—¿Las investigaciones que se realizaron han arrojado algunas pistas de los posibles autores de su secuestro y desaparición?

—Nada aún. Por nuestra cuenta hemos obtenido algunos datos. Sabemos que los vehículos se vendieron y sabemos quiénes lo hicieron, pero las autoridades nos dicen que a esas personas no las encuentran. También sabemos que los empleados de mi hijo participaron. Ellos están detrás de este caso, pero tampoco han detenido a nadie. No hay indiciados ni detenidos. La impunidad es total en este caso y en todos. Una de las peores cosas que descubrimos es que el gobierno de Yunes se quedó con todo el dinero que destinaba la Federación para las investigaciones de los desaparecidos. Hubo mucha corrupción. Los recursos los desviaron para la campaña del PAN. Como he dicho, Yunes estaba obsesionado con la candidatura de su hijo. La prueba irrefutable de esa atroz corrupción es que el fiscal general del estado que dejó Yunes está prófugo; también los fiscales anticorrupción y el fiscal responsable de atender los casos de los desaparecidos.

—Usted afirma que se fue del país un tiempo por las amenazas que ordenó Yunes en su contra para acallarla. ¿Cuándo regresó y qué hizo que usted regresara a México?

—Regresé cuando supe que el hijo de Yunes Linares había perdido las elecciones, en 2018. Me dio mucho gusto saber que habían perdido porque de otro modo no hubiera regresado. Yo sabía que iban a perder la gubernatura.

—¿Cómo lo supo?

—Porque las agresiones y amenazas aumentaron contra mí y mis compañeros del colectivo. Ese fue el signo más claro de que estaban desesperados y que iban perdiendo.

—El gobierno de la Cuarta Transformación ha iniciado una investigación en contra de Miguel Ángel Yunes por enriquecimiento ilícito, fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Qué espera usted de esta indagación?

—Que Yunes pague todo lo que ha hecho. Que pague por los desaparecidos que hubo en su gobierno, por la protección que dio a la delincuencia y por la impunidad que otorgó al crimen al no investigar los miles de casos de personas desaparecidas. Él sólo utilizó el tema para ser gobernador y luego, como dije, nos dio la espalda. Es un hombre sin principios, sin humanismo, que no merece ningún respeto. Creo que el mejor lugar donde debe estar es en la cárcel. Yunes le ha causado mucho daño a Veracruz y sus dos hijos son una copia exacta de lo que él es como padre y como ser humano.

Las madres del Colectivo Solecito no se han detenido. Llevan años con la meta de encontrar a todos los desaparecidos posibles; sobre todo, hallar la verdad en un país de ausentes.

Piloto de Yunes, en el narco

Dos pilotos de área de Servicios Aéreos de Veracruz: Esdras Morales y José Luis Crisanto, siguen desaparecidos desde 2018 luego de que, a principios de la administración de Yunes Linares como gobernador, desatendieron un llamado de Manuel Muñoz Gánem, operador financiero de Yunes, para realizar un vuelo urgente a la Ciudad de México.

El primero era director de Servicios Aéreos de Veracruz, con sede en el Aeropuerto El Lencero. El segundo fungió como subdirector de Ingeniería y Compras en esa misma área durante los primeros 49 días del gobierno de Yunes Linares. Ambos, así como el piloto Andrés Vargas, estaban a cargo del avión King Air 90 propiedad del empresario Rodrigo Campos, concesionario de la empresa Comex en Veracruz, que Yunes Linares utilizó durante su precampaña y su campaña política en abril de 2016.

En esa fecha los pilotos organizaron una fiesta en el puerto de Veracruz en la cual hubo de todo: alcohol, mujeres y cocaína. Tan desvelados estaban que no pudieron atender el llamado del encolerizado Muñoz Gánem, a quien le urgía trasladarse a la Ciudad de México. Cuando Morales y Crisanto se reportaron, fueron despedidos por el hombre encargado de las finanzas personales de Yunes Linares. Desde entonces están desaparecidos.

Pero eso no es todo: durante la precampaña y la campaña oficial de Yunes a la gubernatura y hasta los primeros 49 días de su gestión como gobernador, a los pilotos del King Air 90 se les comisionó para realizar vuelos a Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y otros países de Centroamérica, supuestamente con un objetivo específico: rastrear propiedades del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y de su socio Vicente Benítez González, quien fue diputado local y presunto artífice del esquema de las empresas fantasmas mediante las cuales Duarte desvió dinero público a cuentas privadas dentro y fuera de México.

En ese momento, Yunes Linares tenía la mira puesta en Benítez González, señalado por amasar una fortuna descomunal y de tener propiedades millonarias en Costa Rica, de donde es oriunda su esposa. Pese a las evidencias, Yunes lo perdonó a cambio de la información que le aportó sobre las maniobras de Duarte para usar el dinero público con fines personales. Por eso a Benítez le llaman desde entonces “el traidor”.

El caso es que, durante el primer cuatrimestre de 2016 y los primeros días del gobierno de Yunes Linares, el capitán Morales cubrió esa ruta centroamericana con el avión que Rodrigo Campos le prestó al entonces candidato de la coalición PAN-PRD.

Pero en el equipo de pilotos había un tercer elemento, quien resultaría explosivo: el mencionado Andrés Vargas, un copiloto que acompañaba a Morales en los viajes de Yunes Linares a distintos puntos del país y a Estados Unidos. Vargas se incorporó a la tripulación para cubrir el protocolo de seguridad. Era mejor volar con dos pilotos que con uno solo.

De acuerdo con datos consultados y algunos planes de vuelo realizados, Morales y Vargas trasladaron a Yunes Linares a diversas localidades veracruzanas, así como a Houston y otros destinos.

Sin embargo, el destino personal del piloto de Yunes Linares fue desastroso. El 12 de junio de 2018 fue detenido en Zulia, Venezuela, cuando el avión que tripulaba —uno similar al King Air 90— se desplomó en esa región después de que presuntamente entregó un cargamento de droga. Esa zona venezolana colindante con Colombia es conocida por el intenso trasiego de droga y el asentamiento de cárteles.

Según las pesquisas de las autoridades venezolanas y con base en el expediente del caso, Vargas y otro piloto —Héctor Jabes Rincón Torres— están relacionados con el Cártel de Sinaloa, cuya presencia en Venezuela y Colombia ha crecido en forma exponencial y hoy controlan gran parte del movimiento de droga hacia México y Estados Unidos.

Tras el accidente aéreo, las autoridades venezolanas acudieron al lugar del siniestro: la finca Mis Amores, ubicada en el municipio de Barat, al oeste de Zulia. Confirmaron que la aeronave partió de México. Las hipótesis sostienen que llevó dinero en efectivo y que arribó hasta los límites con Colombia para transportar algún cargamento de droga cuyo destino se desconoce.

Tanto Vargas, el piloto de Yunes, como su acompañante, Héctor Jabes Rincón, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades venezolanas, que los acusaron de narcotráfico y de formar parte del Cártel de Sinaloa, la organización criminal que actualmente encabeza Ismael Zambada, el Mayo.

El general Néstor Reverol Torres, hasta 2020 ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, informó sobre el hallazgo y aseguramiento de la aeronave y afirmó que se trataba de un avión dedicado a tareas de narcotráfico que se estrelló en una zona de árboles y sufrió averías en su estructura.

Tras el incidente, los pilotos intentaron huir, pero fueron capturados cuando atravesaban por una pista no autorizada.

“Se activó el Sistema Interconectado Tierra-Aire, que se practica en caso de aeronaves sospechosas. Seguiremos combatiendo el tráfico de drogas ilícitas por tierra, mar y aire”, dijo el militar venezolano.

Richard López Vargas, comandante de la Guardia Nacional venezolana entre 2018 y 2019 y nombrado en 2021 director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de ese país, indicó que la aeronave averiada “posee las características de las que son utilizadas en el tráfico de drogas, y tras las declaraciones de los sujetos detenidos se conoció que guardan relación con el Cártel de Sinaloa”, una de las organizaciones criminales más poderosas dedicadas al narcotráfico internacional desde México.

Ambos pilotos, añadió el funcionario venezolano, fueron identificados por sus pasaportes y otros documentos.

De acuerdo con el expediente del caso, la matrícula de la avioneta Beechcraft King Air 90 siniestrada fue alterada. La que portaba —N3695W— es de origen norteamericano y estaba sobrepuesta con el fin de despistar a las autoridades respecto a la verdadera procedencia de la aeronave.

Según se desprende de la investigación sobre el historial de los pilotos, los planes de vuelo y el propietario del aparato, la aeronave pertenece a la empresa Jetnet LLC Trustee. Había salido de México hacia la provincia de Zulia, donde operan varios cárteles que son los principales abastecedores de la droga que entra por México hacia Estados Unidos.

La noticia sobre el siniestro de la aeronave y la captura del piloto de Yunes tuvo poca difusión en México. Algunos medios, como El Universal, publicaron la noticia el 12 de junio de 2018, pero no mencionaron los antecedentes de los pilotos capturados, quienes fueron relacionados directamente como operadores del Cártel de Sinaloa.

Yunes, bajo la mira de FGR

Las investigaciones sobre Yunes por corrupción, tráfico de influencias, presuntamente narcotráfico, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se conocían desde hace por lo menos dos años a nivel federal, pero en Veracruz sus nexos con personajes del hampa son públicos…

En 1997, por ejemplo, el político veracruzano fungió como secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos. Como el entonces mandatario se la pasaba desconectado de la realidad, pues enfrentaba un problema de alcoholismo crónico, Yunes gobernaba en la entidad a sus anchas.

Desde esa posición ejerció la represión hasta más no poder: acosó a líderes de oposición —principalmente del PRD—, amenazó a periodistas que criticaban sus acciones, pero respecto a la seguridad en el estado nada hizo porque la violencia, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, campeó por doquier.

Durante el proceso electoral de ese año, el PRI sufrió una debacle histórica frente al PAN al perder la mayoría de los municipios. Más tarde aquella derrota sería un elemento de sospecha contra Yunes, pues este partido lo cobijó cuando renunció al PRI tras confrontarse con Roberto Madrazo y la maestra Elba Esther Gordillo, entonces su protectora política.

Ya años antes, en 1992, un dato había colocado a Yunes Linares frente a los reflectores. En ese tiempo el PRI lanzó como candidato a la gubernatura al mencionado Patricio Chirinos, el amigo de Carlos Salinas de Gortari. Yunes se convirtió en dirigente estatal del PRI.

A nivel nacional, ese partido creó los llamados Comités de Financiamiento para recaudar fondos y cubrir gastos de campañas de sus candidatos, pasando la charola a los empresarios más acaudalados del país. Esa metodología de recaudación la echó andar Miguel Alemán Velasco cuando fue titular de finanzas del Comité Directivo Nacional del PRI. En Veracruz Yunes hizo lo propio y enlistó a varios empresarios locales que aceptaron contribuir con el partido en el poder. Esa fue una forma de volverse impunes.

En aquella lista de empresarios veracruzanos, armada por Yunes, figuraba un personaje de infausta memoria: Arturo Izquierdo Ebrard, un prominente ganadero de Nautla, Veracruz, que fue socio del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien conoció como parte del equipo cercano de Leopoldo Sánchez Celis, ex gobernador de Sinaloa, vinculado desde finales de los años 60 con el tráfico de drogas.

Se asegura que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fue informado de los turbios negocios de Sánchez Celis, pero no hizo nada para enjuiciarlo. Y sobre el tráfico de drogas de México hacia Norteamérica siempre lo justificaba afirmando: “Si somos un trampolín hacia Estados Unidos, es porque del otro lado está la alberca”.

Izquierdo Ebrard y Félix Gallardo tienen historia: operaban en Nautla el rancho El Camino Real, un predio fastuoso con pista de aterrizaje en donde arribaban figuras de la farándula, empresarios y narcotraficantes. Ahí se realizaban fiestas y orgías interminables. Sin límites el alcohol, el sexo y las drogas, ese predio lo describe José González y González en el célebre libro Lo negro del Negro Durazo: “Cuando se encendían las luces de la pista todo se iluminaba como si fuera de día”.

Arturo Durazo Moreno, el temible jefe de la policía de la Ciudad de México en el sexenio de José López Portillo —acusado de narcotráfico en Estados Unidos y de ser uno de los hombres más corruptos de la historia—, fue cuñado de Arturo Izquierdo y de su hermano Hugo. Casado con Graciela Izquierdo, lo mismo consumía cocaína que traficaba con drogas a gran escala.

Lo curioso es que nunca se ha explicado por qué Yunes recurrió a empresarios de pasados tan sombríos como Arturo Izquierdo Ebrard y sus hermanos, familia conocida por sus nexos y operaciones vincu ladas al narco, al crimen organizado y a la corrupción política.

No es todo: el empresario Francisco Colorado Cessa declaró en prisión que tuvo confrontaciones con Miguel Ángel Yunes porque “me negué a financiarle sus campañas políticas”. Yunes rechazó haber tenido vínculos con el famoso Pancho Colorado, dueño de la empresa ADT Petroservicios, pero sí estuvo muy cerca del hermano de este: Miguel Ángel Colorado Cessa, a quien le otorgó la notaría número 2 con sede en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Además, Miguel Ángel Colorado Cessa fue candidato del PAN a diputado federal en 2009, por una zona que entonces abarcaba los municipios de Poza Rica, Castillo de Teayo, Coatzintla y Tihuatlán —todos controlados por el crimen organizado—, y su principal respaldo en los mítines de campaña fue precisamente Yunes Linares, quien entonces fungía como diputado federal. En ese tiempo, la familia Colorado le facilitó un avión a Josefina Vázquez Mota, candidata panista a la Presidencia de la República en 2012.

En la red de vínculos de los Colorado Cessa igualmente estuvo implicado el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. Tanto en redes como en los diarios veracruzanos existen fotografías de una cabalgata en la que se observa a Pancho Colorado montando un caballo fino y a Herrera ataviado con un impermeable amarillo, muy cerca de él. Sin embargo, el ex gobernador negó ser amigo del empresario tuxpeño; también rechazó haber recibido financiamiento para su campaña, como lo declaró un testigo en Estados Unidos, quien nunca mencionó el nombre del político presuntamente beneficiado con las aportaciones millonarias de Colorado Cessa.

La historia sobre los vínculos sospechosos de Yunes Linares salió a flote porque la FGR dio a conocer que lo investiga por un fraude millonario cuando fue director del ISSSTE, en el sexenio de Felipe Calderón. Asimismo, lo indaga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, de acuerdo con la UIF, que ha rastreado los movimientos de dinero de la familia Yunes.

Pero otros datos consultados sostienen que las presuntas irregularidades en el ISSSTE se detectaron en 2011. En ese tiempo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un presunto quebranto patrimonial en aquella institución por 67.3 millones de pesos. El daño patrimonial se cometió durante la gestión de Yunes Linares. Según la investigación realizada por la dependencia federal, en esos años el personal del ISSSTE adquirió de manera injustificada 200 mil botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31 mil 265 fueron donados de manera indebida al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), así como a servidores públicos y algunos derechohabientes.

Según la SFP, la compra se llevó a cabo sin el respaldo correspondiente. Expuso: “No existió justificación en el número adquirido de botiquines ni respecto al criterio tomado para determinar el contenido. Aparte de no cumplir con la normatividad, el objeto social de las tres empresas que participaron en la licitación no era la compra, venta y comercialización de botiquines”. No fue todo: la empresa proveedora —Betensky, S.A. de C.V.— dio como domicilio fiscal una dirección falsa.

En esa larga cadena de presuntos actos de corrupción, la SFP vinculó al ex secretario del Área B de Regulación y Atención Hospitalaria de la Dirección Médica, Miguel Iván Hernández Gutiérrez, quien fue destituido e inhabilitado por diez años desde el 19 de agosto de 2011 para ocupar algún cargo en el Servicio Público Federal. Además, se le impuso una multa de 39.1 millones de pesos. También se interpuso una denuncia penal en su contra ante la entonces PGR.

Desde entonces existen datos y evidencias muy claras de la corrupción que prohijó Yunes Linares en el ISSSTE, pero las investigaciones fueron extrañamente frenadas y se retomaron, ahora sí con mayor celeridad, en 2018, poco después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara posesión.

Sin embargo, desde que Miguel Ángel Yunes Linares dejó la gubernatura de Veracruz la prensa de ese estado difundió notas informativas y comentarios en columnas políticas respecto a la posible orden de aprehensión que habría girado un juez federal en su contra.

A través de medios impresos y digitales se dijo que el ex mandatario, que gobernó esa entidad de diciembre de 2016 a diciembre de 2018, estaba acusado de peculado, fraude, malversación de fondos públicos y, a nivel federal, de delincuencia organizada y lavado de dinero. En Veracruz también se le investiga desde 2019 por un daño patrimonial causado en la compra de videocámaras, supuestamente para reforzar la seguridad en esa entidad, que no fueron instaladas en su totalidad.

Según ese proyecto, durante la gestión de Yunes Linares se compraron 6 mil 476 videocámaras. La inversión fue de mil 100 millones de pesos. No obstante, Lorenzo Antonio Cortilla Vázquez, auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, presentó cuatro denuncias de hechos ante la FGR por supuestas irregularidades en la contratación de este servicio.

En su informe detalló el presunto fraude: “La auditoría que nos solicita el Congreso respecto del sistema estatal de video vigilancia demuestra que este no opera en lo absoluto de acuerdo a como fue contratado y el dictamen en que fue sustentada esta contratación”. Añadió que las cámaras no tienen la calidad de video para cumplir con el objetivo para el que fueron instaladas.

Los cuestionamientos contra la gestión de Yunes como gobernador arreciaron. Incluso se difundieron varias versiones sobre su paradero: se dijo que había salido del país, que estaba refugiado en Estados Unidos, que se había ido a España…

A todo esto se sumó el escándalo por la destitución del llamado “fiscal carnal”: Jorge Winckler, a quien Yunes impuso como fiscal general del estado de Veracruz tras dejar la gubernatura, en 2018, para que le cuidara las espaldas. Winckler está políticamente vinculado a Yunes: fue su empleado y defensor en varios asuntos personales y familiares.

Desde septiembre de 2019, Winckler es prófugo de la justicia. Se le busca por incurrir en delitos como obstrucción de la justicia y por presuntamente brindar protección a personajes de la delincuencia organizada.

El historial de la corrupción de Miguel Ángel Yunes como gobernador de Veracruz lo personifican algunos de sus ex colaboradores que están prófugos, como es el citado caso de Winckler. En calidad de tránsfugas de la justicia también están Marcos Edén Torres y Luis Eduardo Coronel Gamboa, ex fiscales anticorrupción y de desaparecidos, respectivamente.

A Clementina Guerrero, la secretaria de Finanzas que fungió con Yunes Linares, le giraron orden de aprehensión por malversación de fondos, pero pudo zafarse del lío. Quien pagó la factura fue Bernardo Segura, subsecretario de Ingresos y Administración, que terminó en la cárcel.

Yunes Linares tiene una cuenta pendiente con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial. También con Andrés Manuel López Obrador, con quien se confrontó en la campaña presidencial de 2018, pues Yunes quiso imponer a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, como su sucesor en el gobierno de Veracruz. En resumen, Yunes pretendía gobernar durante ocho años en el estado. Pero se lo impidieron.

El caso de Cuauhtémoc Cárdenas fue estruendoso. En el sexenio 1992-1998, Yunes Linares se convirtió en un funcionario represor: persiguió a miembros del PRD y le organizó un sabotaje a Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato de ese partido a la Presidencia de la República, al contratar teporochos —alcohólicos indigentes— y trasvestis que fueron utilizados en un mitin en el interior del conocido café La Parroquia de la avenida Independencia, en el puerto de Veracruz.

Luego se supo que desde la Secretaría de Gobierno Yunes había ordenado la contratación de los trasvestis del centro nocturno Bum Bum de la ciudad de Xalapa. También ordenó movilizar a teporochos y vagabundos de los alrededores del puerto de Veracruz y los reclutaron para luego enviarlos al café, donde departía el abanderado presidencial del PRD con varios simpatizantes.

Los trasvestis hicieron su entrada en el café La Parroquia. Desfilaron ataviados con minifaldas entalladas, zapatillas y pelucas; lucían grotescamente maquillados y con largas pestañas postizas. Llevaban en las manos varios metros de cintas de colores y confetis que lanzaban al candidato presidencial y a los comensales que lo acompañaban.

Al grito de “¡Viva Cuauh! ¡Arriba Cuauh!”, los travestis se detuvieron frente a la mesa del abanderado perredista y detrás de ellos, tambaleantes, entraron decenas de vagabundos y teporochos con sus ropas caídas y rotas. Con un penetrante olor a orín, la mayoría de ellos iban en estado de ebriedad, con botellas de alcohol en las manos, las miradas extraviadas y los rostros hinchados por la acumulación de semanas de desvelos. También portaban cintas de colores y algunos hacían girar torpemente las matracas en señal de apoyo al hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, quien de inmediato condenó el acto, el cual calificó como una provocación por parte del gobierno de Patricio Chirinos.

Eso no fue todo lo que hizo Yunes desde el poder: de igual manera, cobró venganza contra otros detractores políticos. Uno de ellos fue Dante Delgado Rannauro, ex gobernador de Veracruz, encarcelado por Yunes Linares bajo acusaciones de peculado, desvío de recursos y tráfico de influencias.

Delgado Rannauro heredó la gubernatura tras el nombramiento de Fernando Gutiérrez Barrios como secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Llamado “el hombre leyenda”, Gutiérrez Barrios era en realidad un mafioso de la política a quien se le relacionó con el Cártel de Juárez y con su entonces jefe, Rafael Aguilar Guajardo, según denunció quien fuera abogado de Amado Carrillo Fuentes —el Señor de los Cielos—: José Alfredo Andrade Bojorges, en su libro La historia secreta del narco. Desde Navolato vengo.

Dante Delgado Rannauro fue hijo político de Gutiérrez Barrios y terminó gobernando Veracruz durante cuatro años, de 1988 a 1992. A lo largo de esos años usó la política para hacer negocios y enriquecerse: su familia y él mismo se convirtieron en los principales proveedores de cemento para las obras gubernamentales a través de la empresa Cementos Veracruz.

La corrupción en ese gobierno fue atroz. Tanta, que Delgado Rannauro y su secretario de Finanzas, Gerardo Poo Ulibarri —un hombre que hizo fortuna en la época de la fayuca—, terminaron en prisión. También fue encarcelado Porfirio Serrano Amador, quien fungió como secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. El encarcelamiento lo orquestó Miguel Ángel Yunes Linares tan pronto se encumbró como secretario de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos.

Sin embargo, el ex gobernador Dante Delgado recuperó la libertad luego de que un juez emitiera el fallo de que los delitos ya habían prescrito. Jamás se expuso judicialmente que no se hubieran cometido. Posteriormente, Delgado Rannauro ya no culpó a Yunes de su encarcelamiento, como inicialmente se dijo, pues luego acusó de la orden al entonces presidente Ernesto Zedillo, con quien tuvo diferencias políticas y personales.

Tras dejar la gubernatura en diciembre de 2018, Yunes Linares se esfumó un tiempo; pero reapareció en el café La Parroquia del puerto de Veracruz, acompañado de algunos ex colaboradores. Después se volvió a esconder.

Las investigaciones criminales contra Yunes Linares están motivadas por la cauda de antecedentes que carga a cuestas y porque, al interior del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha considerado seriamente que para Yunes ha llegado “la hora de pagar” sus cuentas pendientes con la justicia.

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^[1] Actualización de información por redacción de OJOdeHipopótamo.