Bitácora de Chiapas al fin de agosto.
En el lapso de una semana, en este México convulso, como a merced de quienes se imponen por su fuerza y no por sus virtudes, el Sur sigue desahuciado por quienes gobiernan, con este presidente cantinflesco saliente que da su espalda a un Estado de Chiapas sacudido, a diario, donde sucede algo inmenso, pero en nada positivo. Miembros de la iglesia piden detener la violencia. Aparecen decenas de hombres desafiantes en Chicomuselo, previo a elecciones pospuestas, producto de tanta inseguridad y violencia. A su vez, el Poder Judicial chiapaneco protesta por la reforma judicial operada por MORENA. Frente al comienzo de las clases el lunes 26 de agosto, 300 mil estudiantes no pueden volver a clases por la violencia. Benemérito de las Américas es tierra de balaceras. En medio, niños de Kinder quedan atrapados y luego mueren migrantes en la carretera. Mientras, Chiapas denuncia el aumento de las desapariciones forzadas. Es un estado minado por múltiples problemas, todos, con causas comunes, conocidas y descontroladas. Es como si no hubiese un hecho, una noticia por simple que sea, que alegre al ser humano.
Obispos de Chiapas y Guatemala exigen detener la violencia.
Los obispos de Chiapas y Guatemala alzaron sus voces mediante un mensaje contundente dirigido a los tres niveles del gobierno mexicano y a los responsables de la violencia que asola la región. Denunciaron que las comunidades de Chicomuselo, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bejucal De Ocampo, Siltepec y Motozintla se han convertido en un “campo de batalla” donde los grupos criminales utilizan a las personas como escudos humanos y obligan a los hombres a vigilar y cerrar caminos bajo amenazas constantes.
La iglesia católica expresó su preocupación por la falta de condiciones para celebrar elecciones extraordinarias en estas regiones, donde la vida de los habitantes se ha visto seriamente amenazada. Según el mensaje, las armas de alto calibre ahora se descargan sobre personas que han dedicado su vida a defender la tierra y el territorio, motivados por la fe y la dignidad humana. Los obispos lamentaron que, a pesar de las súplicas y las vidas perdidas, ningún nivel de gobierno ha prestado atención a las raíces del conflicto, perpetuando un sistema de muerte que sigue sometiendo a los pueblos.
El mensaje también incluyó un llamado directo a los perpetradores de la violencia: “¡Paren!” exigieron los obispos. Subrayaron la sacralidad de la vida y la injusticia de la sangre derramada, que según ellos, clama al cielo y no será olvidada. Hicieron un ruego en nombre del derecho a la vida, pidiendo que se respete el esfuerzo de las familias que han trabajado arduamente por su patrimonio, muchas de las cuales han sido forzadas a huir, incluso cruzando la frontera en busca de seguridad.
Este llamado de la iglesia católica se suma a la creciente preocupación por la inestabilidad en la Sierra Madre de Chiapas, donde las comunidades viven bajo un constante estado de terror e incertidumbre. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha dejado a estas comunidades vulnerables y desamparadas, mientras la violencia sigue cobrando más vidas y desplazando a más familias.
La falta de acción de las autoridades ha servido para que aumente la escalada de violencia en la región. Acusan a los gobiernos de “no escuchar y atender las raíces” de un conflicto que, según ellos, ha sido ignorado sistemáticamente, dejando una estela de sangre, dolor y mártires. Para los líderes, la violencia que sacude al estado es una guerra interesada, en la que el pueblo no tiene parte, pero sobre la que se sigue ejerciendo un dominio basado en amenazas y coacción.
La violencia ha tenido un impacto devastador en las comunidades locales, forzando a numerosas familias a huir de sus hogares en busca de seguridad. Muchas de estas familias han cruzado la frontera hacia Guatemala, en un éxodo desesperado para salvar sus vidas. Los representantes religiosos, conmovidos por la situación, expresaron su gratitud a quienes han extendido su ayuda a estos exiliados, subrayando que las familias desplazadas han trabajado arduamente por su modesto patrimonio y tienen derecho a preservarlo. Sin embargo, la realidad es que han tenido que abandonarlo para salvarse de la violencia.
La preocupación por la seguridad en la región también ha permeado el ambiente político, particularmente en relación con las elecciones extraordinarias convocadas para el domingo 25 de agosto en los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal. Los líderes religiosos y comunitarios han reiterado que no existen condiciones adecuadas para llevar a cabo estos comicios, ya que la violencia de los grupos armados que operan en estas demarcaciones no sólo persiste, sino que se ha intensificado. Ante esta situación, han hecho un llamado urgente a las autoridades para que desarticulen y desarmen a estos grupos que siguen asolando el estado de Chiapas.
La situación en la sierra y la frontera de Chiapas con Guatemala se ha deteriorado aún más en los últimos días, con reportes de enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque se especula sobre un número considerable de víctimas mortales, las autoridades no han confirmado oficialmente las cifras. En medio de estas refriegas, también se han reportado ataques a las Fuerzas Armadas desplegadas en la zona, lo que ha exacerbado la situación de inseguridad y ha provocado el desplazamiento masivo de familias hacia localidades como Comitán y Tuxtla Gutiérrez.
La comunidad chiapaneca se encuentra en una encrucijada, atrapada entre la violencia de los grupos armados y la inacción de las autoridades. Mientras tanto, la sombra de la incertidumbre se cierne sobre las próximas elecciones, y la vida cotidiana en estas comunidades se ha visto profundamente alterada, dejando a las familias en un estado de constante miedo y forzadas al desplazamiento. La demanda de paz y seguridad es más urgente que nunca, pero aún queda por ver si las autoridades serán capaces de responder a este llamado antes de que sea demasiado tarde.
En los municipios de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, donde se prevén elecciones extraordinarias el 25 de agosto, la violencia se ha “intensificado” en días recientes. Los líderes religiosos han declarado que no existen “condiciones” para llevar a cabo un proceso electoral en estos territorios, donde intereses económicos, políticos y extractivistas, provenientes de actores externos, han exacerbado los conflictos locales. Según afirman, estos actores han “marcado opciones, posiciones y luchas” que sólo pueden ser sostenidas mediante “armas y grupos de exterminio” que operan con “impunidad”.
La cita bíblica: “El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no recibirá respuesta” (Proverbios 21:13), fue utilizada por los obispos para subrayar la urgencia de atender el sufrimiento de las comunidades afectadas. En contraste, destacaron la bienaventuranza de aquellos que “velan por la justicia, acompañan en el miedo, en el dolor y en el sufrimiento, consolando, sosteniendo, liberando”. Este llamado a la acción es una advertencia de que, si no se abordan las raíces del conflicto y se busca la paz, las consecuencias serán catastróficas para toda la región.
El llamado de los obispos no es sólo una exhortación espiritual, sino un grito de alerta ante la inacción gubernamental. A pesar de la escalada de violencia, las autoridades no han logrado controlar la situación, permitiendo que los grupos armados operen con total libertad. Esta falta de respuesta efectiva por parte del gobierno ha generado desconfianza y temor en las comunidades afectadas, quienes ven cómo sus derechos son pisoteados y su seguridad se ve comprometida.
El proceso electoral en Chiapas ha sido descrito como un “catalizador” de la violencia. Según los líderes religiosos, la contienda electoral intensifica los conflictos ya existentes, ya que diversos grupos armados y actores externos buscan influir en los resultados a través de la intimidación y la violencia. Esta situación ha llevado a un punto crítico donde las elecciones, en lugar de ser un ejercicio democrático para la resolución de conflictos, se han convertido en un motivo más de enfrentamiento.
Las implicaciones de esta situación son profundas. No sólo se pone en riesgo la integridad del proceso electoral, sino también la vida y seguridad de miles de chiapanecos que viven en estas zonas de conflicto. La incapacidad del Estado para garantizar elecciones libres y seguras en estos municipios es un reflejo de la profunda crisis que atraviesa Chiapas, donde la violencia ha tomado el control y las instituciones han sido rebasadas.
Ante este panorama desolador, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), en su calidad de organismo colegial de los Obispos mexicanos, hace un llamado urgente al gobierno mexicano para que actúe de manera decidida en la desactivación y desarme de los grupos armados que operan en la región. Esta es una medida necesaria no sólo para restaurar el orden y la seguridad en Chiapas, sino también para permitir que las elecciones puedan llevarse a cabo en condiciones de paz y respeto por los derechos humanos.
En un contexto donde la violencia y el sufrimiento han alcanzado niveles insostenibles, los obispos también recuerdan que aquellos que “velan por la justicia” y “acompañan en el dolor” son quienes heredarán la tierra prometida. Este mensaje no es únicamente un llamado a la acción, sino una promesa de esperanza para quienes, a pesar de la adversidad, luchan por un futuro mejor para Chiapas.
La situación exige respuestas inmediatas y efectivas. La comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil deben prestar atención a este llamado urgente de los líderes religiosos y presionar al gobierno mexicano para que tome las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad en la región. Sólo a través de un esfuerzo conjunto se podrá desarmar a los grupos violentos, garantizar elecciones justas y seguras, entre otras acciones esenciales, y devolver la esperanza a las comunidades chiapanecas que tanto han sufrido.
Fuerza y tensión en Chicomuselo previo a elecciones
Un video inquietante comenzó a circular en redes sociales, mostrando a un numeroso grupo de personas encapuchadas avanzando en una suerte de desfile sobre un tramo carretero en el municipio de Chicomuselo, en la región de la Sierra Madre de Chiapas. A bordo de camionetas tipo pick-up, motocicletas, automóviles sedán y camiones de redilas, los encapuchados levantaban el puño en señal de triunfo, mientras se escuchaban consignas como “¡Queremos paz!” y “¡Arriba Chicomuselo!”, mezcladas con el ruido de las bocinas de los vehículos. Algunos de los participantes estaban visiblemente armados, añadiendo una atmósfera de celebración tensa y peligrosa.
Este evento es el segundo de su tipo en menos de un año en las carreteras de las regiones fronterizas y Sierra de Chiapas. En septiembre de 2023, un convoy similar, integrado por hombres armados en vehículos improvisados, irrumpió en el tramo carretero Chamic–Frontera Comalapa, donde en esa ocasión, los participantes lanzaron “vivas” al estado de Sinaloa, en un claro gesto de demostración de filiación, poder y control territorial.
La situación se ha tornado aún más crítica con la jornada electoral del domingo 25 de agosto, elecciones extraordinarias parciales para renovar el ayuntamiento de Chicomuselo. Sin embargo, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó que no se instalarían casillas en la cabecera municipal debido a la violencia desatada por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. La población, aterrorizada por la escalada de violencia, ha comenzado a abandonar el municipio, dejando en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad durante el proceso electoral.
La violencia que azota a la región ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades locales. El pasado 23 de agosto, un grupo criminal derribó uno de los dos puentes de hamaca que conectan a varias localidades rurales de Chicomuselo, como Tujú Buenavista, La Fortuna y Potrerillo, dejando habitantes incomunicados y sin acceso a recursos básicos. La caída del puente no sólo ha dificultado el transporte de cosechas vitales como maíz, frijol y café, sino que también ha aislado a las comunidades en medio de un entorno de creciente violencia.
El sábado 24 por la tarde, previo a las elecciones, más de 50 vehículos repletos de hombres encapuchados ingresaron a Chicomuselo, recorriendo las calles del municipio mientras clamaban “¡Vamos a recuperar Chicomuselo!”, y tocaban los cláxones desafiantes. Esta incursión ocurrió en la creciente inseguridad, a sólo horas de las elecciones extraordinarias.
El panorama en Chicomuselo es sombrío: disparos que resuenan en las montañas, donde grupos armados rivales se enfrentan con armas largas. Según testimonios de los pobladores, la situación ha empeorado con el derribo del puente, agravando la crisis humanitaria en la región. “Uno de los integrantes del crimen organizado gritó que derribaran el puente para evitar que los grupos contrarios avanzaran […]”, relató un habitante de la zona.
Chicomuselo, junto con otros municipios como Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, La Grandeza, El Porvenir, Siltepec, Honduras de la Sierra y Comalapa, viven bajo la constante amenaza de la delincuencia organizada. A pesar de la violencia, el domingo se realizaron las elecciones extraordinarias en Chicomuselo, en un clima de miedo y control criminal que pone en duda la legitimidad y seguridad del proceso electoral.
La región sigue bajo el control de grupos criminales, la población está atrapada en medio de la violencia y la incertidumbre. La devastación no sólo afecta la infraestructura: los pobladores también enfrentan la pérdida de sus medios de subsistencia al no poder acceder a sus tierras; ahora convertidas en zonas de guerra.
Las elecciones extraordinarias.
El domingo 25 de agosto los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, fueron escenario de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2023-2024. Bajo la organización del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, más de 18 mil personas fueron convocadas a ejercer su derecho al voto en 33 casillas, para elegir a los integrantes de los Ayuntamientos en ambas localidades.
Desde las primeras horas de la mañana, específicamente a las 07:30 horas, se dio inicio a la instalación y apertura de la sesión permanente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de monitorear el desarrollo de la jornada electoral. La Consejera Presidenta del Consejo Local, Claudia Rodríguez Sánchez, lideró la sesión, destacando la participación ciudadana. 132 personas desempeñaron funciones como funcionarias en cada una de las casillas instaladas, garantizando el correcto funcionamiento del proceso electoral.
Además, representantes de los partidos políticos estuvieron presentes para observar el proceso y preservar la transparencia del mismo. Cuatro ciudadanos y ciudadanas también atendieron al desarrollo de la elección, en un esfuerzo conjunto por mantener la integridad del proceso.
El seguimiento de la Jornada Electoral se realizó tanto a nivel local como desde las oficinas centrales del INE, en concordancia con el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes con el Federal 2023-2024. En este contexto, se ha hecho un llamado a la ciudadanía para participar activamente en el proceso electoral, resaltando la importancia de su contribución al fortalecimiento de una democracia sólida y transparente en Chiapas.
La jornada electoral se condujo en un ambiente de responsabilidad y compromiso, con la esperanza de que los votantes de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal hicieran uso de su derecho al voto eligiendo a sus representantes locales y contribuyendo a la estabilidad político-social de sus municipios.
Virtuales Ganadores: candidatos del PT y PVEM.
Los candidatos de la alianza PT, MORENA y PVEM, Lisandro Borrallas Verdugo y Emiselda González Roblero, se perfilaron como los virtuales ganadores en los municipios de Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal, respectivamente.
De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP) actualizado a las 22:30 horas del domingo 25 de agosto, Lisandro Borrallas Verdugo, de la alianza entre PT, MORENA y PVEM, se posicionó como el virtual alcalde electo de Chicomuselo. Con más de 5 mil 220 sufragios a su favor y el conteo de 19 de las 33 actas, que representó un 57.57%, Borrallas Verdugo superó a sus competidores. Originario de la comunidad de Piedra Labrada, una zona afectada por hostilidades entre organizaciones armadas, Borrallas Verdugo parece consolidar su victoria en un proceso electoral marcado por una fuerte violencia en la región.
En contraste, los candidatos de los partidos Podemos Mover a Chiapas, Norleth Gordillo López; Popular Chiapaneco, María Adriana López Morales; Encuentro Social, Luis Alberto Jacobo Rodríguez; y la alianza PAN-PRI-PRD, Aleyda Maryan García Michaca, no obtuvieron ningún sufragio durante esta elección.
En Capitán Luis Ángel Vidal, Emiselda González Roblero, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la virtual ganadora con 796 votos. La siguieron Margarita Sánchez Martínez de MORENA con 713 sufragios, Luis Miguel Figueroa Salas de Podemos Mover a Chiapas con 225 votos, Demetria Vázquez Gómez de Redes Sociales Progresistas con 129 sufragios, Leslie Marem Roblero Roblero de la alianza PAN-PRD-PRI con 21 votos, y Laura Náfate Pérez del Partido Encuentro Social (PES) con 4 sufragios.
Cabe recordar que en las elecciones de 2021, Mónica Sofía Córdova Roblero, quien fue electa como alcaldesa de Capitán Luis Ángel Vidal por Morena, ganó con mil 151 votos. Sin embargo, falleció en un accidente de tránsito el 26 de octubre del mismo año, sólo 26 días después de asumir el cargo. Esta elección extraordinaria ha sido crucial para definir el futuro político de ambos municipios y refleja las dinámicas cambiantes en el ámbito electoral de Chiapas.
Protesta del Poder Judicial en Chiapas ante aprobación de la reforma judicial
La noche del lunes 26 de agosto alrededor de 150 trabajadores y juzgadores del Poder Judicial en Chiapas realizaron una marcha en protesta contra la propuesta para elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular. Los manifestantes, quienes también expresaron su apoyo a los privilegios tradicionales de estos funcionarios, partieron desde el edificio sede del Poder Judicial en la capital chiapaneca hacia la rotonda de La Diana Cazadora y luego de regreso.
La marcha se caracterizó por una estética lúgubre, con los participantes vestidos de negro y portando veladoras en las manos. Algunos de ellos también se vendaron los ojos, simbolizando la incertidumbre y el peligro que sienten ante la posible implementación de esta reforma. En un gesto aún más dramático, otros cubrieron sus rostros completamente de negro, manifestando su percepción de que los trabajadores del Poder Judicial están enfrentando “la muerte” de sus derechos y condiciones laborales bajo el clima político actual.
Los manifestantes argumentaron que la elección de jueces y magistrados por voto popular pondría en riesgo la imparcialidad y profesionalismo que debería caracterizar al Poder Judicial. En sus consignas y declaraciones, señalaron que la propuesta representa una amenaza directa a la estabilidad y autonomía del sistema judicial, no solo en Chiapas, sino en todo el país.
El mismo día de la protesta en Chiapas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma judicial. Con 22 votos a favor y 17 en contra, el bloque de MORENA y sus aliados logró avanzar con la iniciativa que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, una medida que ha generado un amplio debate a nivel nacional y posee repercusiones regionales de carácter internacional.
Horas antes de la votación, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma en una conferencia de prensa, argumentando que fortalecerá el estado de derecho. “Esta idea de que si se eligen los jueces se va a perder el estado de derecho, es falsa. Todo lo contrario. Se va a fortalecer el estado de derecho. No es el estado de derecho de antes, que ni existía”, declaró Sheinbaum, en referencia a las críticas que ha recibido la propuesta por parte de sectores del Poder Judicial y la oposición política.
La protesta en Chiapas es un reflejo de la creciente preocupación entre los trabajadores del Poder Judicial en todo México, quienes temen que la reforma pueda socavar la independencia judicial y abrir la puerta a la influencia política en la administración de justicia. Los manifestantes en Tuxtla Gutiérrez expresaron su temor de que la elección de jueces por voto popular podría convertir el sistema judicial en un campo de batalla electoral, donde los intereses políticos primen sobre la justicia y el estado de derecho.
La aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados marca un avance significativo para la reforma, pero también pone de manifiesto las profundas divisiones que existen en torno a este tema. Mientras que el gobierno federal y sus aliados argumentan que la medida democratizará el Poder Judicial y lo hará más accesible al pueblo, los críticos advierten que podría minar la base de la justicia imparcial y profesional en el país.
En Chiapas, donde el sistema judicial enfrenta retos particulares debido a la compleja situación social y política, la implementación de esta reforma podría tener implicaciones especialmente significativas. Los trabajadores del Poder Judicial en el estado han dejado claro que continuarán alzando su voz en contra de la medida, defendiendo lo que consideran su derecho a un sistema judicial independiente y ajeno a las presiones políticas.
El desarrollo de esta situación será crucial no sólo para el futuro del Poder Judicial en Chiapas, sino para el sistema judicial en todo México, mientras el país se prepara para enfrentar los desafíos y oportunidades que traerá esta controvertida reforma.
300 mil alumnos no pueden volver a clases.
La creciente ola de violencia en la zona fronteriza de Chiapas, impulsada por las disputas entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, ha sumido a la región en una profunda crisis. Este conflicto no sólo ha afectado la seguridad de los habitantes, sino que también ha provocado un alarmante nivel de deserción escolar. A pesar de que el ciclo escolar 2024-2025 comenzó oficialmente el pasado 26 de agosto, alrededor de 300 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria no pudieron regresar a las aulas, sin una fecha clara para retomar sus estudios.
El impacto de la violencia en Chiapas es devastador. Más de 10 mil habitantes de los municipios más afectados, como Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Berriozábal y Coita, han sido desplazados de sus hogares, huyendo del terror impuesto por las organizaciones criminales. Esta situación ha dejado a miles de estudiantes sin la posibilidad de asistir a la escuela, generando una deserción escolar sin precedentes.
Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el abandono escolar en estos municipios es alarmante. La inseguridad ha obligado a padres de familia a retirar a sus hijos de las instituciones educativas por temor a que sean víctimas de la violencia o sean reclutados por el narcotráfico. Este fenómeno, además de truncar el futuro de miles de niños y jóvenes, está sembrando las semillas de una generación perdida en la región.
La violencia no sólo ha afectado a los estudiantes, sino también a los docentes. Reportes de la Comisión Política de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 de la CNTE indican que varios maestros han sido víctimas de desaparición y homicidios. Las amenazas contra el personal educativo son constantes, y el temor se ha arraigado profundamente entre aquellos que se dedican a la enseñanza en estos municipios.
El recrudecimiento de la violencia ha llevado a muchos maestros a renunciar o a solicitar traslados a zonas más seguras. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades agrava la situación. La Secretaría de Educación en Chiapas no ha implementado medidas concretas para garantizar la seguridad de los docentes, quienes prefieren mantenerse en silencio para evitar represalias.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades estatales han mostrado una preocupante pasividad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas ha informado que más de un millón 800 mil estudiantes de educación básica regresaron a clases en la entidad, pero esta cifra oculta la realidad en la zona fronteriza, donde la educación se ha visto interrumpida por el narcotráfico.
Los académicos han expresado su preocupación por la falta de acciones concretas por parte del gobierno para proteger a la comunidad educativa. La inacción gubernamental no sólo pone en riesgo la vida de estudiantes y maestros, sino que también amenaza con perpetuar el ciclo de violencia y pobreza en la región.
La crisis en la zona fronteriza de Chiapas es un recordatorio doloroso de los efectos devastadores de la violencia en la vida cotidiana de las personas. La imposibilidad de que 300 mil alumnos regresen a las aulas no sólo afecta su presente, sino que compromete el futuro de toda una región. Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para proteger a la comunidad educativa y garantizar que la educación, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, no sea víctima del narcotráfico. El tiempo apremia, y con cada día que pasa, se pierden más oportunidades para los niños y jóvenes de Chiapas.
Esta situación se suma a la que expresan los obispos de la región, en conjunto con representantes eclesiásticos de Guatemala, en su enérgico llamado dirigido tanto a las autoridades como a los grupos criminales que operan en la entidad. Es urgente que las autoridades no sólo reconozcan la magnitud del problema, sino que también se acerquen a las comunidades afectadas para constatar de primera mano lo que sus habitantes han construido con esfuerzo y colaboración, a pesar de la constante amenaza de los grupos criminales.
Benemérito de las Américas: habitantes claman por intervención de autoridades
Los pobladores del municipio chiapaneco han alzado la voz ante la crítica situación de inseguridad que enfrentan. A través de las redes sociales, denuncian que el Cártel de Chiapas y Guatemala ha tomado control del municipio, cerrando y abandonando las entradas del pueblo, lo que ha aumentado el clima de tensión y miedo entre la población.
Los ciudadanos exigen la intervención urgente de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal para frenar la ola de violencia que azota la región. Pero ni el Ejército ni la Guardia Nacional han brindado el apoyo necesario para proteger a la comunidad.
Uno de los incidentes más graves denunciados es el ataque a la vivienda del presidente electo, Juan Changarro. Según testimonios de los habitantes, un grupo de hombres armados y encapuchados disparó contra su casa, lo que incrementa el temor por la seguridad de los residentes. “Tememos por nuestras vidas y la de nuestras familias”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.
El presidente municipal en funciones, Isaías Tomás Soriano Ramos, ha sido duramente criticado por la población, quienes aseguran que hasta el momento no ha tomado medidas para solicitar ayuda al Estado ni ha mostrado interés en proteger a los ciudadanos frente a la amenaza de los grupos criminales. La falta de respuesta por parte del gobierno local ha generado un profundo sentimiento de abandono y desesperación entre los habitantes de Benemérito de las Américas.
Los pobladores también compartieron en redes sociales imágenes de hombres armados y encapuchados que patrullan la cabecera municipal, lo que ha obligado a negocios y establecimientos a cerrar sus puertas ante el temor de más actos violentos. “Pedimos ser escuchados y pedimos el apoyo de las autoridades”, es el clamor que resuena entre la comunidad, que se siente impotente frente a la creciente presencia del crimen organizado.
La situación en Benemérito de las Américas es un reflejo de la creciente violencia en la región, donde el control de grupos delictivos ha puesto en jaque la seguridad de los habitantes. La comunidad espera que las autoridades estatales y federales actúen para devolver la paz y la tranquilidad al municipio antes de que la situación se desborde aún más.
Niños de Kinder atrapados en balacera.
Como parte de esta situación desbordada en Benemérito de las Américas, un grupo de niñas y niños vivió el terror en su salón de clases cuando se desató un ataque armado frente a su escuela. El incidente ocurrió el miércoles 28 de agosto, alrededor de las 15:30 horas, cuando un comando armado atacó la clínica médica Samher’z, situada justo enfrente al jardín infantil “Josefa Ortiz de Domínguez”.
Los hechos quedaron registrados en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales. En uno captado por una cámara de vigilancia, se observa la llegada de decenas de hombres armados a bordo de cuatro camionetas —dos blancas, una roja y otra azul— que circulaban en fila. Los vehículos se detuvieron frente a la clínica. Los ocupantes, equipados con chalecos, descendieron y comenzaron a disparar repetidamente contra las viviendas cercanas.
Durante aproximadamente un minuto, los disparos resonaron y provocaron el pánico entre los habitantes. En otro video, grabado en un salón de clases, se puede ver a un grupo de infantes mientras su maestra intenta mantener la calma y protegerlos. “Tírense al piso”, “No lloren”, se escucha decir a la mujer mientras de fondo suenan las ráfagas de armas de grueso calibre. Otros adultos, posiblemente docentes o padres de familia, se ven agachados y escondidos bajo las mesas de trabajo, intentando protegerse junto a los niños.
Las consecuencias del ataque quedaron evidentes en un tercer video de 30 segundos, que muestra la fachada de la clínica Samher’z destrozada por los impactos de bala, mientras la calle se encuentra cubierta por decenas de casquillos percutidos. A pesar de la gravedad del incidente, hasta la edición de esta nota, ni las autoridades de Chiapas ni las de Benemérito de las Américas habían emitido un pronunciamiento oficial al respecto. Se desconocen las causas del ataque y el número exacto de sujetos involucrados, aunque se presume que el hecho está vinculado a la actividad de una organización criminal.
Tampoco se han reportado oficialmente personas lesionadas o víctimas mortales. Según el informe de la Comisión Nacional de Seguridad, el 28 de agosto sólo se reportaron dos homicidios en Chiapas, sin embargo, medios locales indican que en el municipio de Benemérito de las Américas se han registrado cuatro días consecutivos de intensas balaceras.
Migrantes muertos y heridos en la carretera Panamericana.
La madrugada del jueves 29 de agosto un trágico accidente cobró la vida de dos migrantes y dejó a otros 17 heridos cuando una caravana de personas, en su mayoría nicaragüenses, fue atropellada mientras caminaba sobre la carretera Panamericana. Las autoridades municipales confirmaron el lamentable incidente, que tuvo lugar cerca de las 5:00 a.m.
Las víctimas mortales fueron identificadas como una niña de ocho años y su padre, ambos originarios de Nicaragua. La caravana había partido durante la noche desde Niltepec, donde habían acampado tras un largo trayecto. Apenas habían avanzado unos ocho kilómetros cuando ocurrió el atropellamiento.
De acuerdo con los primeros informes, personal de migración y cuerpos de rescate llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia a los heridos. Al menos 13 de los lesionados fueron trasladados de urgencia al hospital de Juchitán, mientras que otros cuatro fueron enviados al hospital de Ciudad Ixtepec para recibir atención médica.
El conductor del vehículo que arrolló a la caravana fue inicialmente detenido por algunos migrantes, quienes, en su desesperación, lo golpearon. Sin embargo, el individuo logró escapar hacia caminos secundarios, abandonando su automóvil en el lugar de los hechos.
Este lamentable suceso subraya una vez más los disímiles peligros a los que se enfrentan los migrantes en su travesía por México, en busca de mejores oportunidades y futuro. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el paradero del responsable.
ONG en Chiapas denuncia aumento en desapariciones forzadas
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, alrededor de 100 personas se congregaron en el parque central de San Cristóbal de Las Casas para participar en la jornada “Ruta hasta encontrarles”, organizada por diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Entre los convocantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Serapaz, Voces Mesoamericanas, Melel Xojobal, Colectivo Colembij y el Comité Junax ko’ tantik.
El evento busca visibilizar la problemática de las desapariciones en la entidad a través de diversas actividades informativas, culturales y denunciantes, que incluyen testimonios, recitales de poesía y presentaciones musicales. Uno de los actos más significativos fue la instalación de un “tendedero” con fotografías de personas desaparecidas, al que denominaron “Museo del Migrante”. Este acto simbólico busca recordar a quienes han desaparecido y exigir su búsqueda y localización inmediatas.
Emanuel Bran, representante de Voces Mesoamericanas e integrante del grupo de trabajo contra las desapariciones en Chiapas, denunció que las cifras de personas desaparecidas en la entidad superan ya el millar y que el número de casos ha ido en aumento en los últimos tres años. “Es innegable el ‘trabajo’ que realiza el crimen organizado en Chiapas, y es urgente que las autoridades competentes dejen de ser omisas ante este reclamo social”, expresó durante el inicio de la campaña de información y sensibilización llevada a cabo en el parque central.
Según datos recopilados por organizaciones no gubernamentales y fuentes oficiales, aproximadamente 2,131 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en Chiapas en los últimos años. Estas cifras, lejos de ser simples estadísticas, representan historias de dolor y desesperación para miles de familias que claman por justicia.
El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (Frayba) y la organización Melel Xojobal A.C. han estado en la vanguardia del monitoreo de esta crisis. Entre 2018 y 2021, estas organizaciones documentaron un total de 1,831 desapariciones forzadas en Chiapas. Durante 2019 se registraron 183 casos, y entre 2022 y 2023, el número aumentó en 300, marcando un preocupante ascenso en la incidencia de estos crímenes.
El llamado de las organizaciones y familiares presentes es claro: demandan a las autoridades una actuación decisiva y eficaz para frenar las desapariciones forzadas y atender las denuncias de quienes buscan a sus seres queridos. “Queremos que nos escuchen, que se comprometan y actúen para encontrar a nuestros desaparecidos”, enfatizó un familiar durante las actividades de la jornada.
Las organizaciones participantes seguirán informando sobre sus experiencias de lucha y ofreciendo espacios de reflexión y expresión para las familias afectadas, con la esperanza de que estas acciones contribuyan a la visibilización y resolución de los casos de desaparición forzada en Chiapas.
El impacto de estas desapariciones no es homogéneo; algunas regiones del estado han sido más afectadas que otras. Según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sólo entre el 1o de junio y el 16 de agosto de 2024 se han registrado 180 desapariciones en Chiapas, lo que equivale a un promedio de dos personas desaparecidas diariamente. Este aumento significativo ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y ha movilizado a la sociedad civil para exigir acciones inmediatas.
Julio de 2024 se ha destacado como el mes más crítico del año, con 91 desapariciones reportadas. Este dato no sólo es alarmante por su magnitud, sino también porque pone de relieve la ineficacia de las medidas implementadas por las autoridades para enfrentar la crisis. Durante este periodo, se han emitido 180 fichas de búsqueda para personas no localizadas o desaparecidas, lo que subraya la gravedad de la situación.
Los municipios más afectados en este periodo incluyen a Tapachula, con 32 casos reportados, seguido de Tuxtla Gutiérrez con 26, Arriaga con 9 y Palenque con 8. Otros municipios con cifras significativas de desapariciones son Berriozábal, La Concordia y Tonalá, con 7 casos cada uno, además de Frontera Comalapa y San Cristóbal de las Casas, con 6 casos cada uno. Estos números reflejan una crisis que se ha extendido a lo largo del estado, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.
El 15 de agosto de 2024, se reportaron tres nuevas desapariciones. Dos de las personas desaparecieron mientras viajaban por la carretera de Comitán a Frontera Comalapa, y la otra fue vista por última vez en Tuxtla Gutiérrez. Estos casos, lejos de ser excepcionales, se suman a una lista creciente de personas no localizadas en el estado, incrementando la preocupación y la angustia entre las comunidades afectadas.
Las mujeres en Chiapas han sido particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas. El Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas ha documentado un incremento alarmante en los casos de mujeres desaparecidas. Entre 2016 y 2022, se registraron 864 desapariciones de mujeres en la región, lo que representa una crisis dentro de otra crisis, en la que el género añade una capa adicional de vulnerabilidad.
El caso del municipio indígena de Pantelhó es particularmente revelador de esta realidad. Desde julio de 2021, 18 personas han desaparecido en este municipio, en el contexto de la lucha por el control del territorio. A pesar de las denuncias y la presión de los familiares, la Fiscalía General del Estado no ha logrado dar con el paradero de estas personas. La impunidad prevaleciente ha generado un profundo dolor en las familias afectadas, quienes siguen esperando respuestas.
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de las víctimas en Pantelhó expresaron su frustración por la falta de resultados. Aunque la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos desde finales de 2022 por información que conduzca a la localización de los desaparecidos, la tensión y los enfrentamientos persisten en la región, lo que ha llevado al desplazamiento interno forzado de varias comunidades.
La situación de las desapariciones forzadas en Chiapas es aún más trágica cuando se considera su impacto en los menores. La Red por los Derechos de las Infancias y las Adolescencias (REDIAS) ha detectado que la edad más frecuente de desaparición es 17 años, lo que señala un patrón preocupante de vulnerabilidad en este grupo de edad.
El análisis de REDIAS, basado en el monitoreo de la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado y las alertas Amber, muestra que 632 desapariciones ocurrieron en Chiapas durante el primer semestre de 2024. De estas, 217 corresponden a niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 34 por ciento del total. Este dato es particularmente alarmante, ya que muestra que uno de cada tres desaparecidos en Chiapas es un menor de edad.
Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas encabezan la lista de desapariciones de menores en el estado. Además, la región metropolitana se destaca como la más afectada, seguida de las regiones de Soconusco, Meseta Comiteca, Altos, Norte, Fraylesca, Istmo-Costa, Maya, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Mezcalapa, Tulijá, Llanos, Valle Zoque y Bosques.
De los niños, niñas y adolescentes desaparecidos, el 55.4 por ciento eran mestizos y el 44.6 por ciento de origen indígena. Este dato pone de relieve la doble vulnerabilidad que enfrentan los menores indígenas en Chiapas, quienes, además de ser víctimas de desapariciones, también enfrentan discriminación y marginación. De manera alarmante, 7 de cada 10 desapariciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres, lo que refleja una clara violencia de género en estas desapariciones.