Miguel Ángel Yunes se escribe en rojo
Ya comienza a sentirse la “mano pesada” de Norma Rocío Nahle García sobre parte de los clanes y mafias en Veracruz. Los Yunes parecen desmoronarse tras el proceso eleccionario.
Por años la Fiscalía veracruzana parece haber estado al servicio de políticos y mafiosos. Verónica Hernández Giadáns, la fiscal general del estado veracruzano, es cada vez más sospechosa por el caso que enfrenta Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de falsificar documentos para acreditar su residencia en el puerto de Veracruz, cuando otros datos indican su domicilio en Miami. Por ese hecho se le cayó su candidatura a la alcaldía del puerto. Ahora podría peligrar su senaduría y su padre Miguel Ángel Yunes Linares no podría encubrirse con el fuero. De acuerdo con fuentes consultadas el hijo renunciaría a la senaduría para que su padre –como suplente– asumiera el escaño.
Yunes Márquez no acudió a la primera audiencia de la que fue notificado, la fiscal retomó el caso tres años después de ser denunciado y además presentó direcciones falsas del indiciado ante el Poder Judicial. Esta aparente protección no es de ahora. Data desde los tiempos en que Eric Cisneros Burgos, como secretario general del Gobierno veracruzano, presuntamente negoció con los Yunes el cese a las persecuciones e investigaciones, entre otras, la relacionada con un fraude por la adquisición de videocámaras de vigilancia durante el gobierno de Yunes Linares que se pagaron pero no se instalaron en su totalidad. Esto causó un quebranto de mil 600 millones de pesos al erario estatal. La Fiscalía, manejada en ese periodo por Cisneros en la Secretaría de Gobierno, desde entonces está en entredicho.
Justo tras el 11 de julio de 2024 la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó a la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol una Alerta Migratoria y Notificación Roja para la búsqueda, localización y detención de Miguel Ángel Yunes Márquez.
La FGE solicitó el apoyo inmediato luego de la audiencia que este realizó de manera virtual, al parecer con la intención de evadir una vez más la justicia alegando un problema de salud. El ex alcalde panista y senador electo cuenta con una orden de aprehensión girada por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal y Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa.
Tras tres llamados a comparecencia, dos de los cuales fueron eludidos, no tuvo otra salida que comparecer virtualmente, pues su abogado José Antonio Kuri Pazos alegó un impedimento debido a una operación de columna. Desde su habitación en el hotel Courtyard, en Jacksonville, Florida, el panista aseguró que la razón por la que está en Estados Unidos es para realizarse nuevos estudios en la clínica Mayo, donde ya fue operado en 2023.
En el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, así como por otras investigaciones en contra de su padre –Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz– la Fiscalía General de Justicia de Veracruz es objeto de diversas sospechas.
Desde que hace varios años asumió el poder el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la fiscal Verónica Hernández Giadáns ha mostrado actuaciones que hacen desconfiar de su imparcialidad como figura jurídica. Principalmente en relación con el llamado “clan Yunes”. Esto ha encendido los reflectores del “sospechosismo” debido a la impunidad que han gozado tanto el padre como los hijos.
Y es que tras el polémico arribo Verónica Hernández –es prima-hermana de Guadalupe Hernández Hervis, La Jefa, integrante de Los Zetas–ha estado además bajo cuestionamiento porque aparentemente permitió que Eric Cisneros Burgos, exsecretario general de Gobierno, operara los hilos de la fiscalía estatal desde su oficina, donde atendía sus intereses personales y políticos, entre otros, sus negociaciones con la familia encabezada por Yunes Márquez.
Tras el triunfo de Cuitláhuac García, en 2018, Eric Cisneros arribó a Veracruz procedente de Baja California. Fue llevado al estado por invitación de Rocío Nahle, gobernadora recién electa para Veracruz y ahora distanciada de Cisneros Burgos sin una razón aún explicable.
En aquel tiempo, Miguel Ángel Yunes Linares había terminado su bienio como gobernador de Veracruz bajo fuertes señalamientos de corrupción: se le atribuyó un presunto fraude millonario con un contrato para instalar cámaras de vigilancia y el proceso no se concluyó. Aunque el ganador del concurso –Manuel Arroyo Rodríguez, director del periódico El Financiero y dueño de la empresa Comtelsat– aseguró que él cumplió con la entrega de los aparatos. Pero no todos los equipos fueron instalados.
La fiscalía del estado de Veracruz abrió una investigación al respecto en 2019. Yunes Linares se defendió públicamente argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) le informó no haber evidencia sobre delito alguno en relación con la denominada “Carpeta Azul” y con el fallido “Sistema Estatal de Videovigilancia” que implementó durante su gobierno.
Sin embargo, el lunes 6 de mayo de 2019 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró la existencia de tres denuncias relacionadas con el sistema de videovigilancia. Además, dijo que a pesar de intentarse renegociar con el proveedor para que este cumpliera con el contrato, al final no hubo renegociación “y por lo menos se reactivó una de las denuncias”, precisó entonces.
En palabras de Cuitláhuac García: “Se empezaron a aletargar y aletargar [en referencia a las investigaciones de la Fiscalía] e hice un segundo llamado y finalmente dije adelante con la denuncia del 2019 […]” Entre dilaciones, negociaciones fallidas y el letargo de la Fiscalía, el gobierno de Veracruz perdió unos mil 600 millones en penalizaciones que aparentemente no cobró a la empresa Comtelsat S.A. de C.V. Pasaron más de tres años de litigios y hasta ahora se ignora si las cámaras están o no instaladas.
Pero eso no es todo. La ineficacia de la Fiscalía veracruzana ahora vuelve a mostrarse con el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato fallido a la alcaldía del puerto de Veracruz en 2021 y actual senador electo por la coalición PRI-PAN-PRD.
Resulta que en ese año, cuando contendió por la alcaldía, se descubrió que no tenía residencia en el municipio que comprende el puerto de Veracruz. También salió a flote que para acreditar dicho requisito falsificó documentos para competir por el cargo público. El hijo del exgobernador Yunes Linares llevaba tiempo domiciliado en Miami.
En las elecciones intermedias de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó revocar la candidatura de Yunes Márquez por la alianza “Veracruz Va”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD. Concluyeron que no cumplía el requisito de su residencia.
En respuesta, el llamado “clan Yunes” se sacó de la manga una carta guardada: lanzaron como candidata a la presidencia municipal de Veracruz a Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. Así ganaron la alcaldía y retuvieron el poder político en el puerto jarocho.
Sobre este caso, la Fiscalía dio pasos de tortuga. Tuvieron que pasar tres años para que retomara el caso de Yunes Márquez. ¿Por qué tanta dilación? ¿Negociaron? Después de haber ganado la senaduría fue citado a declarar por la presunta falsificación de documentos. El asunto legal y también la guerra política parecen haberse retomado –no obstante se ignora si irán a fondo o sólo es un amago– pues el gobierno federal, el de Veracruz y también MORENA pretenden impedir, aparentemente, que Yunes Márquez tome posesión como senador de la República.
La razón es clara: al interior de MORENA se afirma que la jugada política de los Yunes es que Yunes Márquez pida licencia como senador –si llega– y luego deje el escaño disponible a su padre Miguel Ángel Yunes Linares. Después él contendería, otra vez, por la presidencia municipal del puerto de Veracruz.
Y es que al padre y exgobernador, Yunes Linares, le urge tener fuero pues cuenta con varias carpetas abiertas en la FGR por presuntos delitos federales. Entre otros, enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero, expedientes que podrían reactivarse en cualquier momento.
Hasta comienzos de julio de 2024, la Fiscalía veracruzana ha actuado con una lentitud casi cómplice en el caso de Yunes Márquez. Ha tardado tres años en llevar a juicio al vástago de Yunes Linares, además de crear tropiezos o acciones fallidas con el propósito de ayudarle.
Yunes Márquez fue citado a declarar el pasado 14 de junio, doce días después de las elecciones, por el juez de control adscrito al penal de Pacho Viejo, Óscar Luis Loza Hernández. El objetivo era que Yunes compareciera por los presuntos delitos que carga a cuestas: uso de documento falso, falsedad en declaraciones ante autoridad y fraude procesal.
Sin embargo, no acudió a la audiencia pues la Fiscalía General de Justicia del estado, presidida por Verónica Hernández, proporcionó direcciones incorrectas al Poder Judicial. Paralelamente, la defensa de Miguel Ángel Yunes Márquez puso en manos del juez de la causa un justificante médico acreditando que su cliente está enfermo: tiene un padecimiento en la espalda por el que sería sometido a una cirugía.
El juez difirió la audiencia pero el indiciado tampoco acudió argumentando, a través de su defensa, problemas de salud. Por ello, el juzgador programó una tercera audiencia para el 11 de julio mediante videoconferencia: Miguel Ángel Yunes Márquez tenía que comparecer desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Su defensa adujo que eso estaría por verse porque de ser operado, su cliente no cuenta con las condiciones para comparecer.
Mientras este asunto se ha dirimido en tribunales, pese a los tropiezos o fallas voluntarias de la fiscal, la investigación en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez continúa y por ello le pidieron ayuda a la Embajada de Estados Unidos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer su paradero.
Mediante el oficio 12333/2024, Óscar Luis Lozada Hernández, juez de control y enjuiciamiento adscrito al juzgado de Proceso y Procedimiento penal oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, solicitó información a la Embajada de Estados Unidos en México respecto a las fechas en las que Miguel Ángel Yunes Márquez permaneció en Estados Unidos, fuera de la jurisdicción de Veracruz, cuando fue candidato a la presidencia municipal de Veracruz.
En su planteamiento, el juzgador sostiene [sic]:
TITULAR DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MEXICO
Por medio de la presente le informo que dentro del proceso penal número 151/2021 instruido en contra de MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSEDAD ANTE AUTORIDAD Y FRAUDE PROCESAL; así también en contra de GIANFRANCO MELCHOR ROBINSON, MARÍA TERESA DE JESÚS MADRID VARGAS, JULIO ALBERTO TORRES MARTÍNEZ, MARÍA REBECCA GONZÁLEZ SILVA Y FEDERICO BARRIENTOS ORTIZ, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, se dictó un auto que a la letra dice:
AUTO.- EN LA CONGREGACIÓN DE PACHO VIEJO VERACRUZ, SIENDO LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO.VISTO el escrito signado por el licenciado Imanol Ordorika Imaz, en su carácter de abogado defensor de Miguel Ángel Yunes Márquez, recibido en esa fecha; agréguese a los autos del proceso 151/2021, para que surta sus efectos legales, dado por enterado de su contenido, mediante el cual viene dando cumplimiento al requerimiento de fecha cinco de julio de dos mil veinticuatro el investigado Miguel Ángel Yunes Márquez, y el cual viene siendo desahogado por conducto de su abogado defensor, y en ese tenor, señala como domicilio el ubicado en el Hotel Courtyard by Marriot Jacksonville at the Mayo Clinic 14391, Mayo Blvd, Jacksonville, Florida, código postal 32224, Estados Unidos. En virtud de lo anterior y en aras de garantizar una tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, así como garantizar el debido proceso que refiere el numeral 14 de dicho pacto supremo, y tomando en consideración que se tiene señalada audiencia inicial para el día once de julio de dos mil veinticuatro en punto de las catorce horas, a efecto de garantizar que se lleve a cabo en sus términos, solicítese comedidamente por un lado a la Embajada de los Estados Unidos de América, en apoyo a este órgano jurisdiccional para que se verifique con personal a su mando que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa, se encuentra a partir de esta fecha, físicamente en el domicilio antes referido, es decir, en el Hotel Courtyard by Marriot Jacksonville at the Mayo Clinic” 14391 Mayo Blvd, Jacksonville, Florida, código postal 32224, Estados Unidos, lo anterior derivado de que se llevará a cabo audiencia por la modalidad de videoconferencia y la cual resulta de carácter penal , donde al mismo le reviste el carácter de investigado.
De igual forma, el juzgador solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se sirviera de informar al juzgado de control el ingreso y egreso de Miguel Ángel Yunes Márquez del territorio nacional mexicano hacia EU y viceversa, en el periodo comprendido desde el 1º de enero hasta el 9 de julio de 2024. El plazo para la entrega de la información al juzgado, tanto para la Embajada de EU como para la Secretaría de Relaciones Exteriores, era de 48 horas.
La tercera audiencia, en la que al parecer compareció Miguel Ángel Yunes Márquez a través de una videoconferencia, fue programada para el 11 de julio y antes de la misma –en un video de casi 25 minutos previo a la audiencia por Zoom– emitió un comunicado mediante el que declara no haberse fugado y que le persiguen pues: “No quieren que sea senador porque me conocen y saben que defenderé los intereses de los veracruzanos.”
Tras otros argumentos que esgrime en el video que se puede ver en redes sociales y donde se propone explicar su caso clínico, se sitúa como un opositor. Allí, en una clínica sumamente costosa de Miami, donde difícilmente pueda ser atendido una persona sin altos ingresos y elevados seguros médicos.
En una jugada selectiva para lidiar con el poder jurídico, le asistían dos abogados defensores pertenecientes al despacho Nassar Nassar y Asociados: José Antonio ‘Pepe’ Kuri Pazos se mantuvo frente al proceso en el estado de Veracruz, mientras que desde el oneroso Hotel Courtyard by Marriot Jacksonville en Miami le respaldaba Imanol Ordorika Imaz. Apellidos conocidos, que pueden conducir a hilos temáticos turbulentos de la historia mexicana en relación con las mañosidades de los poderes.
En medio de este proceso, trasciende que Fernando Yunes Márquez, el ex alcalde del puerto de Veracruz del 2018 al 2021, fue citado a comparecer en libertad por la FGE para el martes 16 de julio en los juzgados de la congregación de Pacho Viejo, Coatepec, al ser acusado por delito electoral en agravio de la función pública electoral. El recién electo diputado local plurinominal del PAN fue requerido para comparecer como imputado en el proceso penal 638/2024 y algunas fuentes periodísticas informan que viajó alrededor del 9 de julio también hacia Estados Unidos.
Quedan por ver otros ardides de los Yunes y la Fiscalía veracruzana para que el indiciado burle nuevamente a la justicia. Evidente el apoyo oficial desde los tiempos de Eric Cisneros, quien terminó negociando con Miguel Ángel Yunes Linares para no enjuiciarlo por el asunto de las cámaras de vigilancia y resultó toda una ficha en el gobierno de Cuitláhuac García. Nuevamente, todo envuelto en la impunidad.
Consultados al respecto, muchos veracruzanos sostienen: “Esperemos que en el próximo gobierno ya no haya pactos con los Yunes”. Y añaden: “Ya ha sido suficiente. Necesitamos un gobierno limpio y de altura”.