Guerrero, en el huracán de la violencia

(parte I)

Seis son los cárteles que se disputan el control territorial en el estado de Guerrero, donde se viven días cruentos. La guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación sigue escalando al más alto nivel. A esta ola de violencia y muerte se han sumado Los Ardillos, el Cártel de Guerreros Unidos y Los Tequileros. Éstos últimos son quizá los más violentos y sanguinarios, a quienes se les atribuye la crisis de las desapariciones forzadas, los entierros clandestinos, las decapitaciones y el descuartizamiento de cuerpos humanos. Nada frena al crimen, ni la Guardia Nacional ni las Fuerzas Armadas, cuyos miembros parecen turistas y no combatientes de la criminalidad.

El estado de Guerrero, con todo y su gobierno encabezado por Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado Macedonio, vive días de suplicio, muerte, miedo y zozobra. Ni se diga la corrupción institucional, galopante por doquier: alcaldes y funcionarios menores de los Ayuntamientos conviven abiertamente con la delincuencia organizada ya sin recato alguno.

Es el descaro, pues ya no se sabe dónde termina la delincuencia y en qué límite empieza el gobierno. La línea divisoria está borrada.

A la desatada violencia causada por el crimen organizado –que opera con abierta impunidad y protección oficial– se sumó en la madrugada del martes 24 de octubre de 2023 la arremetida de Otis, el huracán que en cuestión de horas pasó de categoría dos a la cinco. Fue algo sorprendente incluso para los metereólogos, pues no pudieron prever que una simple tormenta tropical alcanzara tal magnitud en tan poco tiempo. Los pronósticos fallaron hasta en la hora de su entrada: el huracán se encontraba a 70 kilómetros de Acapulco y hubo contradicciones incluso para precisar cuándo tocó tierra, no obstante las rachas de viento ya se calculaban en más de doscientos kilómetros por hora.

Pero después de Otis otro huracán llegó a Guerrero para quedarse: la violencia.

De acuerdo con informes de la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana del gobierno federal (SSPC), Guerrero es una de las entidades con más grupos criminales: desde el sexenio de Enrique Peña Nieto se calcula que en ese territorio operan unas 500 organizaciones del crimen organizado.

Todos comparten una característica  singular –que ya se observa también en todo el país–: sus cabecillas, operadores y sicarios tienen líneas de parentesco con autoridades municipales que fungen como alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y comandantes de la policía. Estos últimos, según datos oficiales, operan como jefes de plaza de cárteles como Los Ardillos –cuyos miembros gobiernan una veintena de municipios en esa entidad–.

El Cártel de Los Ardillos, de acuerdo con sus antecedentes, se fundó en 2000. Sus jefes son los hermanos Celso, Álvaro y Jorge Ortega Jiménez. Este grupo criminal ha impuesto su ley en Guerrero. Como ya se ha dicho, gobierna una veintena de municipios. Tiene otros aliados, como Norma Otilia Hernández la alcaldesa de Chilpancingo, quien hace unos meses apareció en al menos un par de videos desayunando y haciendo planes con Celso Ortega Jiménez, una de las piezas de ese grupo criminal. En esas reuniones también aparece el esposo de la alcaldesa, Diego Omar Benigno González, presuntamente ligado a ese Cártel.

La alcaldesa no tuvo otra salida más que aceptar que sí se reunió con Celso Ortega cuando arribó al poder municipal, pero negó –algo dudoso– que el encuentro no fuera para pactar con los criminales. ¿Entonces para qué se reunió?, le preguntaron. “Fue algo fortuito”, dijo titubeante. Y añadió: “Esperemos a que la Fiscalía General de Investigación termine la indagación que inició”.

Pero en una entrevista reciente que le concedió a la televisora Latinus, el líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez dijo que el encuentro con la alcaldesa de Chilpancingo no fue fortuito: “Nos pusimos de acuerdo para la reunión y para hablar de negocios”.

Y añadió que cuando él formaba parte del Cártel de Los Zetas, en 2006, le aportaron dinero a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador; que esto también lo sabe Heriberto Treviño Morales, “El Z-40”, detenido en 2012, porque también aportó ayuda económica para esa campaña.

Como consecuencia de estas declaraciones, la Fiscalía General de la República solicitó al líder criminal de Guerrero que ratifique sus dichos por cualquier vía. También se abrió una carpeta de investigación para averiguar si en 2006 hubo dinero del crimen organizado en la campaña de López Obrador.

Algo parecido publicó Tim Golden, exreportero del The New York Times, en un reportaje publicado en ProPublica en el que, con base en testimonios, sostiene que el Cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de López Obrador en 2006 con dos millones de dólares. Sin embargo, la FGR no se ocupó de indagar nada al respecto, como sí lo hizo ahora con el jefe del Cártel de Los Ardillos, Celso Ortega.

Así como la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, existen cientos de alcaldes dentro y fuera de Guerrero que forman parte de la delincuencia organizada o han entrado en negociaciones con jefes de cárteles.

Eso explica la violencia que azota a Guerrero y que recuerda mucho a la etapa en la que Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, fue alcalde de Acapulco. En esa etapa, el actual senador de MORENA permitió la entrada del grupo de Los Beltrán Leyva, encabezado por Arturo –El Barbas–, asesinado durante un enfrentamiento en 2010 en Cuernavaca, Morelos.

Beltrán Leyva vivía cómodamente en Guerrero, a la sombra del poder municipal. Junto con él operaba Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, entre otros temibles narcotraficantes que bañaron de sangre a esa entidad del Pacífico mexicano. Los daños causados resultaron irreparables.

Y actualmente el estado se desangra todos los días y la sociedad no termina de recuperarse tras los daños causados por Otis. Y es que a diario arremete un huracán de violencia. Seis cárteles se disputan a sangre y fuego el control territorial y el mercado de las drogas: estos son el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Tequileros, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos. Todos están en guerra y ya rebasaron la capacidad de las autoridades para lograr la pacificación del estado, uno de los más conflictivos junto con Guanajuato y Zacatecas.

Territorio codiciado por los varones de la droga, Guerrero ahora está tomado por más de cuatrocientas organizaciones criminales –otros cálculos dan cuenta de 500 grupos– de acuerdo con informes de la DEA, la FGR y la SSPC.

Se trata de grupos poderosos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Guerreros Unidos o Los Rojos, pero también células delictivas tan perniciosas y violentas como Los Ardillos, el Cártel de la Sierra del Sur, la Familia Michocacana, entre otros.

Pero lo que convierte a Guerrero en un estado violento es que en cada uno de sus municipios y agencias municipales operan grupos criminales conformados por familias que se dedican al secuestro, al cobro de piso, la trata de personas, la venta de protección y, además, están ligados con ramajes criminales que, a su vez, tienen protección política por ser familiares o cómplices de alcaldes, regidores, síndicos, tesoreros y comandantes policíacos, con lo que actúan como brazos ejecutores del crimen.

Estos jefes policíacos son los que en muchos casos se encargan de las ejecuciones o la desaparición de personas por órdenes de los cárteles. Ellos mismos realizan las detenciones y luego entregan a las personas a los grupos contrarios, para ser ejecutados.

De esta forma, el cambio de gobierno en Guerrero de poco sirvió: Evelyn Salgado sigue las indicaciones de su padre, quien en 2004 fue ligado al Cártel de Sinaloa cuando fungió como alcalde de Acapulco. Y a la fecha, tales vínculos no parecen haberse extinguido.

En Guerrero todo huele a delito. Y es que en los hechos la ley no existe, por ello ocurre de todo: crímenes, “levantones”, desapariciones, cobro de piso, venta de droga a granel.

Uno de los hermanos que encabeza el Cártel de Los Ardillos, Bernardo Ortega, fue alcalde de Quechultenango por el PRD de 2002 a 2005 y diputado local en dos ocasiones, de 2005 a 2008 y de 2012 a 2015.

Controlan una veintena de municipios, entre otros, Chilapa, Mártir de Cuilápam, Atlixtac, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo, la capital del estado.  Con todos estos grupos Salgado Macedonio pactó para alcanzar el poder. De otra forma, imposible.

El Cártel tiene el control de la distribución de mariguana, cocaína y drogas sintéticas, pero también controlan grandes extensiones de amapola, de donde extraen la goma de opio para la elaboración de heroína, una de las drogas con mayor demanda en Estados Unidos.

Los Ardillos han sembrado el terror en Guerrero. Cualquier persona que denuncie sus actividades es asesinada o desaparecida; han impuesto como ley el pago de piso a comercios grandes y pequeños y se afirma que cientos de empresarios ya deben pagar una cuota mensual para que el grupo criminal no los moleste.

La vida en ese estado ha cambiado, más aún en las zonas serranas, donde la violencia criminal ha forzado a cientos de familias a desplazarse por temor a ser asesinados o desaparecidos. Los cuerpos policíacos dejaron de servir a la sociedad y desde hace varios años son vistos como brazos armados del crimen, pues las detenciones que realizan no son para poner a los presuntos delincuentes en manos de las autoridades sino para entregarlos a los cárteles enemigos para ser interrogados o asesinados.