Texcaltitlán, herencia “maldita” en el Edomex
Diciembre de 2023 cerró para Texcaltitlán plagado de miedo, inseguridad y coraje tras el enfrentamiento armado de sus pobladores contra sicarios del Cártel La Familia Michoacana.
Este fue un ejemplo del hartazgo social ante el crimen organizado y además una respuesta a la inmovilidad del estado, que no protege a sus ciudadanos.
El enfrentamiento destapó nuevamente muchas de las contradicciones que distingue a varios sexenios de mala administración, de corrupción y complicidad en los tres niveles de gobierno en el Edomex. Otro de los tantos territorios podridos por esa relación destructora entre crimen y estado, en todas sus facetas.
A poco más de un mes del enfrentamiento armado en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, entre pobladores de la comunidad de Texcapilla contra sicarios de La Familia Michoacana, según los propios datos del gobierno mexiquense, las heridas de la batalla tardarán en cerrar.
El 8 de diciembre de 2023, dentro de una cancha rústica de fútbol, el jefe regional citó a agricultores de col, coliflor, chícharo, haba y cebolla, para anunciarles que, a pesar de las malas cosechas, habría un incremento en el “cobro de piso”: un peso por cada metro cuadrado de cultivos.
Totalmente rebasados, los pobladores venían armados con machetes, palos y piedras para hacer frente a los criminales debido a que sólo había dos salidas: ser asesinados por no pagar las cuotas o defenderse de los extorsionadores.
Luego del enfrentamiento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reportó que habían muerto 14 personas, entre ellas, el líder regional de La Familia Michoacana Juan Carlos Garduño Martínez, nombrado también Rigoberto de la Sancha Santillán, El Payaso, y nueve de sus hombres armados; además, siete personas resultaron heridas.
Poco después, los habitantes del municipio ubicado al sur del Estado de México reportaron que, en represalia, al menos 10 personas fueron secuestradas por la Familia Michoacana. Para liberarlos, pedían “entregar” a los pobladores que habían orquestado la defensa en contra de las extorsiones.
Durante cinco días, la administración mexiquense guardó silencio ante el llamado de ayuda de la población. Hasta el 15 de diciembre cuando, durante una visita de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez quien acudió a entregar despensas y entonces aceptó que había personas desaparecidas. Pero Delfina no reconoció que las personas habían sido “levantadas” por la Familia Michoacana:
–Gobernadora los habitantes denuncian que hay personas secuestradas, ¿qué información hay? -Le cuestionó uno de los reporteros.
–No [son plagiados], son desaparecidos y es lo que se va a dar en el reporte, pero no secuestrados. -Reviró la ex senadora morenista y hoy gobernadora estatal, sin ahondar en el número de personas raptadas.
El 18 de diciembre la FGJEM emitió fichas de búsqueda del programa Odisea para la localización de 10 personas desaparecidas en Texcaltitlán y una recompensa de 500 mil pesos para quien ofreciera datos sobre el paradero de dichas personas.
Nueve días después de la primera emisión de fichas de búsqueda, el Fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, reconoció que la cifra de personas “levantadas” era de 14.
Durante dicho anuncio, también dio a conocer que la ejecución de los miembros de la Familia Michoacana fue un acto de legítima defensa, por lo que los pobladores que participaron en el enfrentamiento quedaban exhimidos de cualquier responsabilidad penal.
Aunque el discurso oficial no reconocía la gravedad de los hechos, el gobierno federal, a través del Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), anunció la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional para hacerse cargo de la seguridad en el municipio de apenas 18 mil 482 personas, según el Censo de Población elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020.
“Estamos viendo la posibilidad de todo el Estado, toda la parte sur del Estado de México colindante ahí con Guerrero [sic], con Michoacán, establecer un número importante del Ejército y Guardia Nacional a través de la creación de un mando especial, que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de México con sus colindancias. […] Ya estamos avanzando en eso, quizá a final del mes ya tengamos identificado la manera en que haremos o pondremos en práctica este plan, y quizá ya estemos iniciando la construcción de la compañía de la Guardia Nacional. […] La cantidad, pero deberá de ser entre 500 a mil hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio, lo que vamos a cubrir en esa parte sur del estado”. Anunció Luis Cresencio Sandoval González, titular de la SEDENA.
A un mes de todos estos hechos, ni el gobierno del estado ni las Fuerzas Armadas han dado detalles del cuartel que brindaría protección a la zona sur del Estado de México, una de las más olvidadas desde hace más de 20 años por los tres niveles de gobierno.
Para “curarse en salud”, las autoridades federales y estatales presumieron el aseguramiento de armamento de grueso calibre y dos costales con mariguana de la Nueva Familia Michoacana en el municipio de Tlatlaya, municipio que colinda al sur con Texcaltitlán y en el que predomina la extorsión a taxistas y delegados de Villa Guerrero. Así quedó evidenciado el “esfuerzo” de los tres niveles de gobierno por demostrar que no estaban superados por los extorsionadores en el Estado de México.
Pero de acuerdo con los datos que ofrece el Semáforo Delictivo del Estado de México, el delito de extorsión incrementó en 2023 un 32.6%. Y con base en lo que declara el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del 1º de enero al 15 de diciembre de 2023 el Estado de México reportó 55 mil 569 casos por lesiones, 73 víctimas por secuestro, por extorsión 3 mil 725, daño a la propiedad 14 mil 708 y el delito de despojo reportó una incidencia de 4 mil 567 casos.
La mañana del 27 de diciembre de 2023 Lizbeth Karina Contreras Salinas, propietaria de una bodega de pollo ubicada en Toluca, denunció que el 22 un comando de La Familia Michoacana secuestró a cuatro trabajadores. Exigió a las autoridades protección para ella, su familia y su negocio, y demandó a la gobernadora morenista ordenar acciones urgentes para poner fin a las extorsiones y a la actividad criminal de esta organización delictiva.
En conferencia de prensa efectuada en el exterior del Palacio de Gobierno estatal, en compañía de familiares de los empleados privados de la libertad, comentó que desde hace más de tres años todos los comerciantes dedicados a la venta de pollo en Toluca son víctimas de extorsión del mencionado grupo delictivo. Y a pesar de todas las denuncias que existen en la FGJEM, las extorsiones se han incrementado.
La única “respuesta” de las autoridades, ha sido fabricar culpables para simular que cumple con su deber, pero no captura a los verdaderos responsables, lo que deja entrever que hay un pacto de impunidad entre la Fiscalía, las fuerzas del orden y los grupos criminales. En su cinismo ante estos desmanes, llegan a plantear incluso que la comerciante mejor se dedique a otra actividad para evitar las extorsiones.
Lizbeth Karina y su padre fueron víctimas de secuestro por negarse a pagar derecho de piso. Además, les incendiaron bodegas y balacearon el negocio donde venden el producto. Durante tres años pagó lo que le exigían: dos pesos por cada kilo de pollo vendido, una suma de 950 mil pesos quincenales. Esto ha convertido su negocio en algo no rentable, por lo que decidió dejar de pagar.
Mencionó que aún no se tenían indicios del paradero de sus empleados, por quienes los criminales no han pedido rescate, dejando espacio a la sospecha de que el organismo ha fabricado la situación.
Frente a las cámaras, Lizbeth Karina identificó a Nabor Velázquez González, Reyna Ortuño Avilés y a los hermanos Jesús y Martín Bernal Estrada como operadores de La Familia Michoacana en Toluca y como responsables de las extorsiones contra los comerciantes del pollo:
“A estas cuatro personas las hago responsables, por si algo me llegara a suceder, o a mi familia.” Sentenció la empresaria mexiquense.
Por su parte, los familiares de los secuestrados también confirmaron desconocer el paradero de los mismos y que nadie se ha comunicado para pedir rescate. Todo pese a las denuncias presentadas por las desapariciones. Hasta ahora, la Fiscalía no ha mostrado avances en las investigaciones.
A pesar de la oleada de denuncias, aunado al período vacacional con motivo del fin de año, el silencio del oficialismo ha sido la única respuesta de las autoridades durante los días posteriores a la denuncia.
El sábado 6 de enero, durante una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio de Chicoloapan de Juárez, Delfina Gómez fue cuestionada sobre el secuestro de los cuatro trabajadores de la pollería y el rapto de un taxista al exterior de la Universidad de Chapingo -plantel ubicado en el municipio de Texcoco-, también por miembros de La Familia Michoacana.
Hasta entonces, no reconoció que la problemática de las extorsiones es “una situación grave” en la entidad, a grado tal, que no pudo hacer un compromiso con la población:
“Es grave porque no se le había dado la atención debida, [pero] vamos en serio en la situación de acabar con esta condición, que sabemos, y eso hay que dejarlo claro, no es fácil también, no queremos prometer algo que no”, sostuvo.
En respuesta, el secretario general del Estado de México Horacio Duarte Olivares se hace a un lado de intervenir en el caso, al expresar que la situación es responsabilidad de la Fiscalía mexiquense. Sin embargo se comprometió a buscar un acercamiento con el fiscal José Luis Cervantes para abordar las demandas y las preocupaciones de los familiares de los polleros secuestrados.
Duarte Olivares no quiso abundar en elementos sobre la situación actual de los cobros de piso y las extorsiones del crimen organizado, pero precisó que están a la espera de los resultados del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a partir de los datos estadísticos obtenidos, se determinará la mejor estrategia para abordar este y otros delitos.
En el Estado de México, además del cobro de piso en la venta de pollo, los criminales se han apropiado de la venta de tortillas, huevo, gas doméstico, diesel, gasolina, frutas, verduras y hortalizas.
Texcaltitlán: Herencia maldita del narcotráfico
En junio de 2022, un mono araña, mascota de un miembro de La Familia Michoacana y vestido como sicario, murió en un enfrentamiento acaecido en las calles de Texcaltitlán entre agentes ministeriales y miembros de ese cártel.
Durante el operativo, los elementos de la Fiscalía del Estado de México fueron atacados por un comando, esto desató una persecución que terminó en un rancho del ejido Venta Morales. Durante el enfrentamiento, fueron abatidos once sicarios.
En ese momento, el alcalde perredista Javier Lujano Huerta declaró que se trataba de un hecho aislado, pues según él no existían rastros de la presencia del crimen organizado en Texcaltitlán:
“No ha llegado denuncia alguna acerca de estos eventos, [pero] tenemos comunicación con los comisarios ejidales, con la ciudadanía en general [y sólo] hemos visto tranquilidad. No nos han reportado algún evento”. Presumió en su momento.
Horas después de dichas declaraciones, un comando armado sacó a un profesor de una telesecundaria para ejecutarlo.
Pero no era un caso aislado. En 2018 otro comando se había llevado a Juan Hernández García, el director de Seguridad Pública municipal. Luego fue encontrado sin vida, maniatado y con el rostro cubierto con cinta adhesiva, en la carretera La Puerta-Sultepec. En 2020, en la misma demarcación, dos policías de investigación fueron asesinados en un tiroteo con sicarios de la Familia Michoacana. El 31 de agosto de 2023, a través de un video, el grupo criminal de Guerrero conocido como Los Tlacos presumió el asesinato de Silverio Martínez Hernández, el Fierros, cuyo cuerpo fue arrastrado a lo largo de una brecha por una camioneta.
Con Gilberto Misael Ortiz, El Barbas, y Alberto Romero Pérez, El Macrina, el Fierros era uno de los responsables de la emboscada que en mayo de 2021 ocasionó la muerte de 13 policías estatales y ministeriales en Coatepec de Harinas. Según reportes de inteligencia el cuarto responsable de la emboscada en el poblado de Llano Grande era El Payaso.
Presencia delictiva
De acuerdo con informes de la Fiscalía Mexiquense, el Cártel de La Familia Michoacana -o La Nueva Familia Michoacana- es un grupo dedicado al secuestro, extorsión, trata de personas, robo de vehículo y homicidios “con poca presencia” en la zona oriente de la entidad, se considera que principalmente actúan en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chalco e Ixtapaluca.
Pero esto es cada vez más irreal pues se ha detectado mayor intensidad de actividad delictiva en los municipios de Coatepec Harinas, Zinacantepec, Toluca, Metepec, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, La Paz, Valle de Chalco, Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, Almoloya, Zacualpan, Tenancingo y Sultepec, estos últimos corresponden a las regiones donde ha habido un incremento en las extorsiones. Quiere decir que el crimen organizado está presente en prácticamente todo el Estado de México, lo que desmiente las aseveraciones de los políticos de turno y de las autoridades.
En la misma región sur y en el Valle de Toluca se siente la presencia de grupos locales ligados a La Familia Michoacana, como Los Caballeros Templarios, La Nueva Empresa o el Cártel Brothers, operado por José Alfredo Hurtado Olascoaga El Fresa y Johnny Hurtado Olascoaga El Pez. Sin embargo, estos dos hermanos son conocidos por ser las nuevas cabezas de La Familia Michoacana, con lo que han adquirido mayor poder, alcance y protección. Incluso han escapado de redadas que levantan muchas sospechas sobre la complicidad de fuerzas del orden y el poder jurídico a favor de ellos y el crimen organizado.