Bitácora Chiapas: noviembre-diciembre
Sigue siendo Chiapas, como casi toda la República, un complejo territorio cada vez más corroído por la inseguridad. Atado por hábitos y costumbres que atentan contra la vida, vegetal, animal o humana, le da la espalda a la sabiduría ancestral y mantiene parte de lo más abyecto de esas presuntas bases culturales.
No dejan de suceder feminicidios y homicidios, secuestros, balaceras, enfrentamientos entre criminales y afectaciones directas a la población. Las oleadas migratorias padecen el limbo legal y son blanco de cualquier peligro por criminales y autoridades representantes del gobierno. Las luchas por la reivindicación de pueblos ancestrales no cesa, así como sus llamados a una justicia que no se hace realidad.
Mientras, escuchamos más promesas presidenciales, tal vez las mismas que AMLO había realizado con otras palabras durante su sexenio, pero igual todo queda a la espera. en medio, los políticos y agentes del orden demuestra su naturaleza corrupta, coludidos con el crimen y de espaldas al pueblo que clama por paz.
Estado de Chiapas: escenario preocupante en materia de seguridad.
Según datos del Observatorio Ciudadano del Estado de Chiapas, es real un aumento significativo de homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2024. Los homicidios dolosos incrementaron un 69.2% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 357 carpetas de investigación, el nivel más alto desde 2015.
La tasa estatal de homicidios dolosos es de 5.92 por cada 100 mil habitantes, cifra que, aunque inferior a la media nacional de 9.68, evidencia disparidades regionales. Municipios como Suchiate, con una alarmante tasa de 73.65%, y Pantelhó, con 40.85%, se posicionan como los más afectados. Cabe destacar que el 70% de estos crímenes fueron cometidos con armas de fuego, reflejando la letalidad en la violencia registrada.
En contraste, los homicidios culposos disminuyeron un 2.3%, con 429 casos registrados, aunque la tasa estatal de 7.12 por cada 100 mil habitantes supera la media nacional de 6.33. La mayoría de estos incidentes, el 76%, están relacionados con accidentes de tránsito, una problemática que persiste en municipios como Metapa, Chicoasén, Huehuetán, Tuzantán y Suchiapa, que presentan las tasas más elevadas.
Por primera vez desde 2015, los feminicidios en Chiapas han registrado una significativa disminución del 38%, con sólo 13 carpetas de investigación abiertas en el primer semestre de 2024. Con una tasa de 0.22 por cada 100 mil habitantes, el estado ocupa el lugar 19 a nivel nacional. Sin embargo, municipios como Tecpatán y Benemérito de las Américas superan la media nacional, lo que subraya la necesidad de una vigilancia más cercana en estas regiones.
El acoso sexual ha experimentado un incremento del 14.6% respecto a 2023, con 55 casos reportados. En comparación con 2018, este delito ha crecido un 129.2%, aunque la tasa estatal de 0.91 mantiene a Chiapas en el lugar 26 a nivel nacional. Mientras que municipios como Solosuchiapa y Juárez reportan las tasas más altas, 107 municipios no registraron denuncias, lo que podría indicar subregistro o falta de acceso a la justicia.
En cuanto al secuestro, los casos aumentaron un 50%, pasando de 6 en 2023 a 9 en 2024. La tasa estatal es de 0.15 por cada 100 mil habitantes, con mayor incidencia en Benemérito de las Américas y Pantelhó.
El robo con violencia también registró un preocupante aumento del 20.8%, con 494 carpetas de investigación abiertas. Aunque la tasa estatal de 8.19 está significativamente por debajo de la media nacional de 69.95, el municipio de Juárez destaca con un aumento del 2,100%, alcanzando una tasa de 94.59.
Por su parte, el robo de vehículos aumentó un 10.2%, con 399 casos registrados. Los municipios de Juárez, Reforma y Mapastepec lideran este delito, superando la media nacional de 33.82.
El panorama de seguridad en Chiapas es complejo y presenta contrastes marcados. Si bien los feminicidios han disminuido y los homicidios culposos muestran una leve baja, el alarmante incremento en homicidios dolosos, acoso sexual y secuestros refleja la necesidad urgente de reforzar las estrategias de seguridad.
Este incremento en los delitos de alto impacto, sumado a las disparidades entre municipios, exige la atención prioritaria de las autoridades estatales y municipales. La implementación de políticas efectivas, la mejora en la capacidad investigativa y el fortalecimiento de las instituciones de justicia serán fundamentales para revertir esta preocupante tendencia y garantizar la seguridad de los chiapanecos.
Indignación en redes: entierran un cerdo vivo como tradición en Aldama.
Desde el 7 de noviembre, un video en redes sociales ha generado indignación y debate sobre la práctica de los “usos y costumbres” en comunidades indígenas de la región Altos de Chiapas: se observa a un grupo de hombres indígenas en el municipio de Aldama realizando una ceremonia en la que un cerdo es enterrado vivo en un hueco de aproximadamente dos metros de profundidad. Los lugareños compactan la tierra con sus pies para sellar el hoyo mientras el animal aún está vivo y chilla, acción que ha desatado fuertes críticas en las plataformas digitales.
Según algunos habitantes de la comunidad, el entierro del cerdo vivo es un ritual que forma parte de sus creencias culturales. Sin embargo, el acto ha provocado una ola de comentarios, donde se debate la justificación de estas prácticas frente a los derechos de los animales y el respeto a las costumbres indígenas.
Activistas y usuarios en redes han expresado su rechazo, calificando el acto de crueldad animal, y piden la intervención de las autoridades locales y de derechos humanos. Grupos defensores de los derechos de los animales han exigido que se tomen medidas para proteger a los animales en comunidades donde estas prácticas aún persisten.
Hasta el momento, tras varios días del triste suceso, las autoridades en Aldama no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, y el debate continúa en torno a cómo encontrar un equilibrio entre el respeto a la identidad cultural y la protección de los derechos de los animales en México.
Diputados exigen justicia tras robo en la Auditoría Superior de Chiapas.
La seguridad de la información en Chiapas se encuentra en crisis tras el robo en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Perpetrado la noche del sábado 9 de noviembre por personas desconocidas, sustrajeron cajas con datos clave para la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad. El incidente ha despertado preocupación en los círculos políticos, siendo calificado como un atentado contra la democracia y el buen manejo de recursos públicos.
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, no ocultó su indignación y calificó el robo como un golpe directo a los valores democráticos de Chiapas. “Es inaceptable que se intente manipular la transparencia mediante estos actos de delincuencia. No podemos permitir que queden impunes”, declaró. Avendaño Bermúdez solicitó de inmediato a la Fiscalía General del Estado una investigación profunda, con la intención de asegurar que no sólo se esclarezcan los hechos, sino que se impida que estos delitos se repitan.
Por otro lado, Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó su desconcierto ante la falta de pronunciamiento por parte de la ASE, subrayando que la ciudadanía merece conocer lo ocurrido. “¡Sí a la transparencia, no a la impunidad!”, exclamó el diputado, insistiendo en que los responsables de este hecho deben ser llevados ante la justicia y que se deben tomar acciones para resguardar la integridad de los datos en el futuro.
Ambos legisladores coincidieron en la urgencia de reforzar la seguridad en las instalaciones gubernamentales que custodian información sensible, señalando que los ciudadanos esperan una rendición de cuentas confiable y clara. El reciente robo ha dejado a la sociedad chiapaneca con dudas sobre la seguridad de sus instituciones y evidencia la necesidad de establecer medidas contundentes que fortalezcan la protección de la información pública en Chiapas.
Indignación en Chiapas: feminicidio de Mónica Delgado expone violencia persistente contra las mujeres.
El feminicidio de Mónica Delgado Castellanos, reconocida maquillista profesional y madre de dos pequeños, conmocionó a la capital chiapaneca desde la madrugada del martes 19 de noviembre. De nuevo se evidencia la crisis de violencia contra las mujeres en el estado. Suman ya 33 feminicidios en lo que va de año en Chiapas, una entidad que continúa bajo la sombra de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), declarada en 2016, pero que ha demostrado ser insuficiente para protegerlas.
Mónica, de 35 años, fue hallada sin vida en su domicilio en la delegación Terán, donde también operaba su salón de belleza. Según la información preliminar, su pareja sentimental, Miguel Ángel Toledo habría sido el autor del crimen. Testimonios indican que la pareja sostuvo una fuerte discusión antes de que la violencia escalara hasta un desenlace fatal.
Los familiares de Mónica la encontraron herida en su hogar. Su cuerpo presentaba múltiples golpes en el rostro y extremidades. Pese a que buscaron ayuda inmediata, los paramédicos al acudir al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El periodista chiapaneco Isaín Mandujano reveló detalles escalofriantes en redes sociales: el presunto agresor habría desconectado las cámaras de seguridad del lugar antes de atacar a Mónica, para luego huir en el vehículo de la víctima, un Suzuki Ignis color blanco con placas DPK429B.
En redes sociales, Mónica se mostraba como una mujer alegre, apasionada por su trabajo y profundamente dedicada a sus hijos, un niño de 10 años y una pequeña de 2. En su cuenta de Instagram, se describía como una persona “llena de vida, única y sentimental”. Promocionaba sus servicios de maquillaje y peinado a través de Facebook. Actividades en las que había logrado destacarse como profesional y formadora de nuevas generaciones mediante cursos que gozaban de alta demanda.
Horas antes de ser asesinada, Mónica compartió una publicación que ahora toma un significado trágico. En ella, bromeaba sobre esconderse si Dios buscaba “a sus mejores guerreros para 2025”. Su vida, marcada por los retos y su compromiso como madre, fue truncada de manera brutal.
Tras confirmarse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y exigencias de justicia. Amigas, clientas y conocidos compartieron recuerdos de Mónica, destacando su talento, calidez y profesionalismo. Algunos mensajes reflejaron la incredulidad y el profundo dolor que su partida deja:
“Estoy sin palabras, tú me enseñaste mucho, lo siento tanto. Que Dios le dé pronta resignación a tu familia y a tus niños. ¡Pedimos justicia!”
Por otro lado, las redes de Miguel Ángel Toledo se inundaron de señalamientos y reclamos. Decenas de usuarios lo etiquetaron como el presunto feminicida, exigiendo su captura y llamándolo “asesino” y “cobarde” por haber dejado a sus propios hijos sin madre.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra el Feminicidio, informó que se ha iniciado una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables del asesinato de Mónica. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley, procedimiento que permitirá esclarecer la causa de muerte y recabar pruebas para el caso.
De manera extraoficial, se señala como principal sospechoso a Miguel Ángel, quien además de ser pareja de Mónica, trabajaba como asistente en el salón de estilismo. El 26 de noviembre, cerca de los kilómetros 88 y 89, en un paraje de la colonia Corral de Piedra, elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil lo encontraron muerto en un área boscosa de la carretera Panamericana, entre San Cristóbal de las Casas y Comitán, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE).
Entre los objetos encontrados se hallaron botellas de agua. Al parecer Miguel Ángel pudo haber estado escondido por horas antes de suicidarse. La causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, presuntamente autoinfligida, al colgarse de un árbol.
Este feminicidio pone nuevamente en entredicho la efectividad de la AVG en Chiapas, un mecanismo que busca erradicar la violencia feminicida pero que ha fallado en garantizar la seguridad de las mujeres.
Organizaciones feministas y colectivos ciudadanos han alzado la voz para exigir justicia por Mónica y por las demás víctimas de feminicidio en Chiapas. En redes sociales, hashtags como #JusticiaParaMónica y #NiUnaMenos se han vuelto tendencia, mientras se convocan marchas y protestas para visibilizar el problema.
Este caso no sólo es un recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género, sino también un llamado urgente a las autoridades para actuar con firmeza y responsabilidad.
El asesinato de Mónica deja una herida profunda en su familia, particularmente en sus dos hijos pequeños, quienes ahora enfrentan un futuro de incertidumbre. Colectivos feministas han solicitado que las autoridades y la sociedad en general brinden apoyo a los menores y aseguren que reciban atención psicológica y el acompañamiento necesario para superar esta tragedia.
El feminicidio de Mónica Delgado es un reflejo de una realidad alarmante que persiste en Chiapas y en todo México. Según estadísticas nacionales, el estado ocupa uno de los primeros lugares en violencia contra las mujeres, pese a los múltiples esfuerzos y promesas de los gobiernos para combatir este flagelo.
El feminicidio no sólo arrebata vidas, sino que deja una estela de miedo, dolor y desamparo. Justicia para Mónica no es sólo un clamor por ella, sino por todas las mujeres que han perdido la vida de manera violenta en Chiapas y en México.
Fuerte balacera en Tuxtla Gutiérrez: dos muertos y dos heridos, entre ellos menores de edad.
Una intensa balacera se registró la noche del miércoles 20 de noviembre en el Boulevard Belisario Domínguez, frente a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y el Hotel Palmareca. El saldo fue de dos personas fallecidas, entre ellas una menor de 16 años, y dos personas heridas.
El ataque armado ocurrió alrededor de las 22:35 horas y provocó caos y pánico entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones. Según los primeros reportes, el enfrentamiento involucró a civiles armados que dispararon indiscriminadamente.
Las víctimas mortales son un hombre que viajaba en una camioneta RAM roja y una joven que iba como pasajera en un colectivo de la ruta 45. Los lesionados, cuyo estado de salud no ha sido detallado, fueron trasladados de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.
Elementos de la Policía de Investigación y la Policía Especializada llegaron al lugar minutos después del ataque para realizar las primeras diligencias. Por su parte, peritos de la Fiscalía General del Estado trabajan en la recolección de evidencias para esclarecer los hechos.
La vialidad en este tramo del Boulevard Belisario Domínguez permaneció completamente cerrada por varias horas mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes.
Este violento episodio evidencia, una vez más, la creciente inseguridad que afecta a la capital chiapaneca, generando preocupación entre la población que exige respuestas contundentes de las autoridades. Hasta el momento, no se han revelado los motivos detrás del ataque ni se ha identificado a los responsables.
Vecinos y testigos narraron los momentos de pánico vividos, con detonaciones que se escucharon por varios minutos, obligando a quienes estaban en la zona a buscar refugio. La comunidad local demanda acciones inmediatas para garantizar la seguridad en una de las principales avenidas de la ciudad.
Enfrentamiento armado en Mapastepec deja vehículos calcinados y dos muertos.
En redes sociales circula un video que muestra un vehículo incendiado, resultado de un violento enfrentamiento entre civiles armados registrado durante la madrugada de este viernes 22 de noviembre en el municipio de Mapastepec.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 a.m., cuando se escucharon intensas detonaciones de armas de fuego y explosiones de granadas cerca de las vías férreas, pasando por el rumbo de El Castaño, en las inmediaciones de la gasolinera del Grupo García.
De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento, presuntamente entre grupos de la delincuencia organizada, dejó como saldo dos personas sin vida y dos vehículos completamente calcinados.
Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial. Se espera mayor información sobre las investigaciones en curso.
El gusano barrenador amenaza al sector ganadero: detectan caso en Chiapas por contrabando.
Ya está en México el gusano barrenador, plaga altamente dañina que afecta al ganado y puede provocar la muerte de los animales por graves infecciones. La alerta se encendió recientemente cuando autoridades detectaron un caso en la caseta de Catazajá, Chiapas, según informó Victoria Dittmar, investigadora de InSight Crime. Este hallazgo confirma que esta plaga, conocida científicamente como Cochliomyia hominivorax, ha logrado cruzar las fronteras y ahora amenaza al sector ganadero del país.
El gusano barrenador se encuentra en una fase de expansión alarmante en América Latina. Según Dittmar, el problema comenzó en Panamá hace más de un año, y gradualmente fue extendiéndose hacia el norte, afectando países como Costa Rica, Nicaragua y Honduras antes de llegar a México.
“Hace unos días se registró un animal con las características de esta plaga en Chiapas. Las advertencias de su llegada venían desde hace tiempo, y es un problema que se ha esparcido debido al contrabando ilegal de ganado, no tanto por el comercio formal”, subrayó Dittmar en una entrevista reciente.
La presencia del gusano barrenador ya está generando repercusiones significativas en el comercio ganadero entre México y Estados Unidos. En respuesta a esta crisis sanitaria, Estados Unidos decidió suspender temporalmente la importación de ganado vivo proveniente de México. Paralelamente, el gobierno mexicano ha implementado medidas para detener las deportaciones legales de ganado desde Guatemala, una de las rutas principales de tránsito de animales hacia el país.
El contrabando ilegal de ganado ha sido señalado como el principal vector de dispersión de esta plaga. Según datos recabados por Dittmar en 2022, alrededor de 800 mil cabezas de ganado ingresan ilegalmente a México cada año, de acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Este comercio ilícito representa aproximadamente el 10% de las ventas anuales de ganado en el país, una cifra que agrava la vulnerabilidad del sector ante problemas sanitarios como el gusano barrenador.
Luis Fernando Guerra, médico veterinario y Coordinador Regional del Programa de Salud de la WCS Mesoamérica & Western Caribbean, ya había advertido sobre el riesgo del gusano barrenador en una entrevista para Portavoz el pasado 15 de octubre. Según Guerra, la plaga comenzó en Panamá hace más de un año y rápidamente se propagó hacia el norte, afectando a varios países de Centroamérica.
“El gusano barrenador es una larva depositada por una mosca en heridas abiertas de los animales. La larva comienza a alimentarse del tejido vivo, lo que genera infecciones que pueden llevar a la muerte del animal si no se atienden oportunamente”, explicó el veterinario.
El diagnóstico temprano y la implementación de medidas preventivas son esenciales para evitar que el gusano barrenador cause estragos en el sector ganadero. Sin embargo, la falta de control sobre el contrabando ilegal dificulta enormemente la erradicación de esta plaga.
Pero el comercio no regulado facilita la entrada de animales infectados, lo que pone en riesgo a los hatos ganaderos de todo el país.
“El contrabando no solo evade las regulaciones sanitarias, sino que también representa una competencia desleal para los productores legales. Esto aumenta el riesgo de que plagas como el gusano barrenador se sigan propagando sin control”, destacó Dittmar.
A nivel internacional, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han advertido sobre los riesgos del comercio ilegal de animales en la propagación de enfermedades zoonóticas y plagas. Además, la colaboración entre países de la región es crucial para contener la propagación del gusano barrenador y evitar mayores impactos económicos y sanitarios.
El sector ganadero mexicano representa una fuente crucial de empleo y alimentos para millones de personas. Las pérdidas económicas asociadas con esta plaga incluyen la disminución en la productividad del ganado, los costos de tratamiento y control, así como las restricciones comerciales internacionales que pueden derivarse de un brote descontrolado.
Los pequeños y medianos productores, que carecen de los recursos necesarios para implementar medidas preventivas y de tratamiento, son los más vulnerables ante esta amenaza. Además, la pérdida de animales debido a infecciones causadas por el gusano barrenador puede agravar la inseguridad alimentaria en comunidades rurales dependientes del ganado para su sustento.
La detección del gusano barrenador en Chiapas debe servir como una advertencia urgente para reforzar las políticas sanitarias y de seguridad fronteriza en México. El control del contrabando ilegal de ganado es una tarea prioritaria para evitar que esta plaga continúe propagándose y causando estragos en el sector ganadero.
Asimismo, es indispensable que las autoridades trabajen en coordinación con los productores para implementar campañas de prevención y diagnóstico temprano, así como en la capacitación de veterinarios y ganaderos para reconocer y tratar esta plaga de manera efectiva. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá proteger al ganado mexicano de esta amenaza y garantizar la sostenibilidad del sector ganadero en el largo plazo.
El pasado 30 de octubre, en la edición impresa del periódico Portavoz, dimos a conocer la declaración de emergencia sanitaria en Guatemala debido al primer caso confirmado en tres décadas de gusano barrenador, detectado en un ternero en el departamento de Izabal. Este anuncio, realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ha encendido alarmas en la región centroamericana, especialmente en la frontera sur de México, debido a los riesgos sanitarios asociados a esta plaga.
La larva de la mosca Cochliomyia hominivorax es capaz de infestar animales de sangre caliente, incluyendo humanos, causando una enfermedad conocida como miasis. Al alimentarse de tejido vivo, provocan lesiones severas que pueden llevar a la muerte si no se tratan a tiempo. Este año, Costa Rica reportó la muerte de dos personas a causa de infecciones graves por este parásito, lo que resalta su peligrosidad para la salud pública y animal.
Guatemala no enfrentaba un brote de este tipo desde hace 30 años, lo que ha llevado a las autoridades a decretar un estado de emergencia sanitaria con una duración de dos años. La medida busca evitar que la plaga se extienda a otras regiones y proteger al sector agropecuario, vital para la economía del país.
La alerta en Guatemala ha generado inquietud en el estado de Chiapas, especialmente entre los productores de carne de la región del Soconusco. Jorge Ortiz Arévalo, representante del rastro regional en Tapachula, advirtió sobre el ingreso de carne de contrabando proveniente de Guatemala, particularmente vísceras y cabezas de ganado, que cruzan sin ningún control fitosanitario a través del río Suchiate.
“Todavía no hay certeza de que el consumo de carne infectada con gusano barrenador afecte directamente a los humanos, pero tampoco existe garantía de que no represente un riesgo. En la frontera sur es urgente establecer un cerco sanitario para evitar la entrada de carne contaminada”, enfatizó Ortiz Arévalo.
Los tablajeros y productores locales han solicitado al gobierno federal acciones inmediatas, como retenes y controles estrictos, para garantizar la sanidad del mercado nacional y proteger a los consumidores. A su vez, señalaron que la falta de vigilancia en la frontera podría poner en riesgo no solo la salud pública, sino también la economía de la región, dependiente en gran medida del comercio de productos cárnicos.
Ante la amenaza, el MAGA ha implementado medidas contundentes. Maynor Estrada, titular de la dependencia, anunció la creación de una comisión interinstitucional encargada de coordinar las acciones sanitarias. Esto incluye la detección temprana de casos, la neutralización de animales infectados y el monitoreo constante en las áreas de riesgo.
“La contención eficaz es nuestra prioridad. No solo queremos evitar que la plaga se propague dentro de Guatemala, sino también proteger a los países vecinos”, destacó Estrada.
Mientras Guatemala refuerza sus medidas, en México, los productores del Soconusco insisten en la necesidad de que el gobierno federal asuma un papel activo para prevenir la entrada de carne contaminada. Señalan que, hasta ahora, los controles han sido insuficientes y que la falta de vigilancia en los cruces fronterizos podría desencadenar una crisis sanitaria en el país.
La emergencia en Guatemala no sólo es un llamado a reforzar la sanidad animal en la región, sino también a fortalecer la cooperación entre países vecinos para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las comunidades más vulnerables frente a este tipo de amenazas.
La frontera sur de México enfrenta un desafío urgente que requiere una respuesta coordinada y eficiente para evitar que esta plaga se convierta en un problema de salud pública a gran escala.
Desaparece familia en Chiapas: más evidencias de la inseguridad y la violencia.
La desaparición forzada de personas continúa azotando al estado de Chiapas, con dos casos recientes se evidencia más la inseguridad en esta región del sureste mexicano. Ambos hechos, ocurridos en menos de una semana, han conmocionado a la población y reflejan la creciente crisis de violencia que afecta a este estado fronterizo.
El sábado 23 de noviembre, una familia de seis integrantes desapareció mientras viajaba en una camioneta por la carretera La Angostura, ubicada en el centro de Chiapas. Según reportes preliminares, el vehículo en el que se desplazaban fue interceptado por varias camionetas conducidas por hombres armados, quienes obligaron a los ocupantes a abandonar su unidad y los trasladaron por la fuerza en otros automóviles.
La camioneta fue localizada horas después, abandonada, pero no había rastro de las víctimas. Los desaparecidos incluyen a cuatro mujeres, un hombre y un menor de 12 años, cuyas identidades no podían ser reveladas.
Testigos del hecho informaron que los perpetradores actuaron con total impunidad, lo que refuerza las denuncias sobre la falta de vigilancia y patrullajes en las carreteras de la región. Las autoridades, por su parte, iniciaron una investigación y emitieron los reportes de búsqueda correspondientes, aunque los avances en el caso han sido escasos.
Un día después, el domingo 24, otro grupo de personas fue reportado como desaparecido en el municipio de Emiliano Zapata, específicamente en la comunidad 20 de Noviembre. Las víctimas, siete personas en total, viajaban en una combi del transporte público con dirección a San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez para realizar compras.
Entre los desaparecidos se encuentran Magdalena “N”, de 41 años; Rosario “N”, de 39 años; Luis “N”, de 45 años; y Emmanuel “N”, de 12 años, quienes forman parte de una misma familia. La denuncia fue presentada por la hija mayor de Rosario y Luis, quien también reportó la desaparición de otras tres personas cuya identidad no ha sido confirmada, pero viajaban en el mismo vehículo.
Versiones preliminares señalan que, a pocos kilómetros de iniciar su trayecto, un grupo de hombres armados bloqueó el paso de la combi y obligó a sus ocupantes a descender. Posteriormente, los agresores se llevaron a las víctimas en sus vehículos, dejando la combi abandonada en el lugar.
La última comunicación con las víctimas ocurrió la tarde del 23 de noviembre, según los familiares, quienes aseguran que la desaparición ocurrió en un tramo carretero conocido por la falta de vigilancia.
Estos dos incidentes no son hechos aislados. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, en Chiapas se han reportado 1,387 casos de personas desaparecidas y no localizadas, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 118,989.
Organizaciones civiles han alertado sobre el incremento de desapariciones forzadas en el estado, particularmente en zonas rurales y carreteras. La falta de una estrategia de seguridad efectiva ha generado un ambiente de impunidad que facilita la operación de grupos delictivos.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se han abierto carpetas de investigación en ambos casos bajo el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares. Además, aseguró que se implementarán los protocolos de búsqueda y se llevarán a cabo las diligencias correspondientes.
Sin embargo, familiares de las víctimas expresaron su desesperación y desconfianza en las autoridades, señalando la falta de avances significativos y de atención inmediata a las denuncias.
Estos casos reflejan una problemática cada vez más evidente en Chiapas: la inseguridad en las carreteras y la vulnerabilidad de sus habitantes ante el accionar de grupos armados. Las desapariciones no solo afectan a las familias de las víctimas, sino que también siembran miedo y desconfianza en la población, que ve cómo el estado se convierte en un territorio cada vez más inseguro.
Mientras las familias esperan respuestas y justicia, los recientes hechos dejan en evidencia la urgencia de acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y frenar esta ola de desapariciones que sigue cobrando víctimas en el estado.
Rescatan a 28 migrantes venezolanos víctimas de secuestro exprés en Chiapas.
En un importante golpe contra las redes de tráfico de personas, un grupo de 28 migrantes venezolanos, incluidos seis menores de edad, fue rescatado por fuerzas estatales en dos operativos realizados en los municipios de Huehuetán y Huixtla, en la costa de Chiapas. Fuentes de seguridad confirmaron que los migrantes eran víctimas de secuestro exprés y fueron liberados gracias a la intervención de la Fiscalía de Inmigrantes y la Fiscalía contra el Secuestro, ambas dependientes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de Huehuetán, donde agentes estatales liberaron a ocho migrantes que se encontraban retenidos contra su voluntad. Según los reportes policiales, estas personas estaban siendo explotadas por una red delictiva que exigía el pago de fuertes sumas de dinero a sus familias en Venezuela para garantizar su liberación.
Durante la acción, se lograron recolectar evidencias clave que apuntan al modus operandi de los traficantes. Estas incluyen comunicaciones electrónicas, registros bancarios y testimonios de las víctimas, quienes narraron los abusos sufridos durante su cautiverio.
En un segundo despliegue realizado en Huixtla, las autoridades lograron liberar a 20 personas más, quienes también habían sido víctimas de secuestro exprés. Entre los liberados se encontraban varios menores de edad, cuyas condiciones de salud y seguridad preocupaban especialmente a las autoridades.
En ambos operativos fueron detenidos dos presuntos responsables, identificados como ciudadanos mexicanos, quienes enfrentan cargos por tráfico de personas y secuestro. Las autoridades no descartan que estos individuos formen parte de una red criminal más amplia dedicada a la explotación de migrantes en la frontera sur de México.
Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre el preocupante incremento en las actividades delictivas contra migrantes en la frontera sur, particularmente en Chiapas. Los secuestros exprés, una práctica en la que los migrantes son privados de su libertad para exigir rescates rápidos a sus familias, se han convertido en una de las principales amenazas para quienes cruzan México en busca del sueño americano.
Estas organizaciones han denunciado que grupos del crimen organizado se han consolidado en la región, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades federales.
La mañana del jueves 28 de noviembre, en un esfuerzo por desmantelar redes delictivas, elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, llevaron a cabo un operativo en el Hotel Bugambilia, ubicado en el centro de Tapachula.
De acuerdo con las autoridades, el lugar era utilizado como punto de retención para migrantes secuestrados. Hasta el mediodía, las diligencias continuaban en el inmueble, donde se esperaba encontrar más víctimas y detener a otros miembros de esta red criminal.
El Hotel Bugambilia ya había sido señalado previamente por vecinos y organizaciones locales como un lugar vinculado a actividades ilícitas, incluidas la trata de personas y el tráfico de migrantes.
La frontera sur de México, particularmente en Chiapas, se ha convertido en una de las zonas más conflictivas en el contexto de la crisis migratoria. Miles de personas provenientes de países como Venezuela, Cuba y Haití atraviesan esta región en su intento de llegar a Estados Unidos, enfrentando numerosos riesgos en el camino.
Los grupos delictivos han encontrado en los migrantes un blanco fácil para extorsiones, secuestros y trata de personas, aprovechándose de su desesperación y falta de protección. Además, la saturación de los refugios y la lentitud en los trámites migratorios agravan aún más su situación.
Frente a estos hechos, diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de apoyo a migrantes han exigido una mayor intervención del gobierno federal para frenar las actividades del crimen organizado en la región. Han pedido también que se refuercen los operativos de rescate y se brinden garantías de seguridad a los migrantes.
Asimismo, instan a las autoridades a combatir la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la migración, ya que existen denuncias de complicidad entre algunos funcionarios y las redes delictivas.
El rescate de estos 28 migrantes venezolanos es un paso significativo en la lucha contra las redes de tráfico de personas, pero también pone en evidencia la grave crisis de seguridad que afecta a los migrantes en Chiapas. Mientras las autoridades celebran estos logros, queda claro que aún hay un largo camino por recorrer para garantizar que la frontera sur de México deje de ser un territorio de alto riesgo para quienes buscan un futuro mejor.
Este caso subraya la necesidad urgente de una respuesta integral por parte del Estado mexicano, que incluya tanto el fortalecimiento de la seguridad como la atención humanitaria a los migrantes. Sin estas acciones, los delitos contra este sector vulnerable seguirán siendo una problemática alarmante en la región.
El pasado 6 de noviembre una familia venezolana, que partió del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo de Tuxtla Gutiérrez con destino a Reynosa, Tamaulipas, para cruzar hacia Estados Unidos con la aprobación de la aplicación CBP One, ha sido secuestrada por un grupo de hombres armados. Según reportan familiares desde Venezuela, los secuestradores han exigido un rescate de ocho mil dólares por persona, incluidos tres menores de edad.
La familia, cuyo destino final era el Puente Internacional Hidalgo, fue interceptada en algún punto de Reynosa, una ciudad conocida por ser un corredor migratorio, pero también por la actividad de grupos criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Según testimonios, los secuestradores han estado realizando llamadas amenazantes a los familiares en Venezuela, exigiendo el pago inmediato del rescate para garantizar la liberación y seguridad de sus seres queridos.
“Tenemos miedo de que les hagan algo a los niños. Ellos solo querían un futuro mejor, y ahora sus vidas están en peligro”, expresó entre lágrimas una tía de los secuestrados, quien pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad.
La familia en Venezuela ha solicitado la intervención de las autoridades mexicanas, tanto locales como federales, así como del Instituto Nacional de Migración (INM), para localizar y rescatar a sus familiares. “No entendemos cómo puede pasar esto en un país que debería proteger a los migrantes. Pedimos a las autoridades que actúen rápido antes de que sea demasiado tarde”, agregó un pariente.
A pesar de las continuas denuncias sobre el peligro que enfrentan los migrantes en la ruta hacia la frontera, Reynosa sigue siendo un punto crítico de violencia. La presencia de cárteles y bandas delictivas que controlan el territorio y extorsionan a quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos agrava la situación, dejando a cientos de migrantes atrapados en un limbo de inseguridad.
La aplicación CBP One ha sido promovida por las autoridades estadounidenses como una herramienta para ordenar el flujo migratorio y facilitar el acceso de los migrantes a los puntos de entrada oficiales mediante citas programadas. Sin embargo, el trayecto hacia estos puntos se ha vuelto extremadamente peligroso, especialmente en zonas controladas por el crimen organizado.
La familia venezolana, que había cumplido con todos los requisitos legales para presentarse en el Puente Internacional Hidalgo, ahora se encuentra en manos de sus captores, mientras sus familiares enfrentan una carrera contrarreloj para reunir el dinero exigido.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los migrantes en su tránsito por México. Organizaciones de derechos humanos han alertado repetidamente sobre los riesgos a los que se enfrentan, incluyendo secuestros, extorsiones y violencia sexual.
“Es desgarrador saber que familias completas, incluso con niños, están siendo utilizadas como mercancía por grupos criminales. Necesitamos que los gobiernos de México y Estados Unidos implementen medidas de protección más efectivas”, señaló un representante de una ONG que trabaja en la región fronteriza.
La familia en Venezuela, desesperada, hace un llamado urgente para que se actúe con rapidez y se garantice la liberación segura de sus familiares. “Sólo queremos que vuelvan sanos y salvos. No pedimos más que justicia y protección”, concluyó el pariente.
Este secuestro es un recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes en su búsqueda de una vida mejor y de la necesidad de una acción coordinada entre países para garantizar su seguridad.
Indígenas de Chiapas, gritaron a Sheinbaum en su visita: “Pantelhó te necesita”.
Habitantes de Pantelhó enfrentan una crisis humanitaria y de seguridad debido a enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas llamado “Los Herrera” y “Los Machete”, fueron 72 horas de balaceras que aislaron a la comunidad. En medio de este conflicto, una de los habitantes alzó la voz después que la presidente de la República Claudia Sheinbaum los atendiera, clamándole intervención inmediata para restablecer la paz, los servicios básicos y las vías de comunicación.
La pobladora denunció que desde hace meses no cuentan con electricidad ni señal telefónica, lo que los mantiene completamente incomunicados. “Estamos desesperados. No podemos hablar con nuestros familiares. No sabemos si están vivos o muertos. Lo único que queremos es que se abran los caminos y que podamos saber de ellos”, relató.
Ante la inseguridad y los hechos recientes en el municipio de Pantelhó, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que tiene sus complicaciones para atender el tema, pero que lo está haciendo, y que “lo peor es darse la vuelta y no atenderlos”.
Durante la inauguración de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, una decena de chiapanecos levantaron pancartas con leyendas de: “¡Pantelhó te necesita!”; “Pedimos la libertad y justicia para pobladores de Pantelhó”; “Demandamos la libertad de nuestros familiares”.
En respuesta, Claudia Sheinbaum comenzó su discurso asegurando que el tema de Pantelhó se está atendiendo ya que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tener comunicación con el actual gobernador Rutilio Escandón, y el mandatario entrante, Eduardo Ramírez.
“Sí, lo tenemos en mente [la inseguridad], vimos el tema hoy en el gabinete, y ahora platico con ustedes y los vamos a atender”. Agregó la presidente y antes de finalizar su discurso, mencionó que se van a atender todos los problemas sociales de inseguridad “juntos aquí en Chiapas. […] Tiene sus complicaciones siempre, pero lo peor es darse la vuelta y no atenderlos; sepan que siempre vamos a estar cerca de ustedes”.
Enfrentamientos entre grupos armados han intensificado el caos en la zona. Los testimonios describen bombardeos, disparos constantes y múltiples muertes, algunas de ellas de personas inocentes. “Nuestros familiares están en medio de las balas. Ya no es sólo entre ellos, ahora están atacando a la gente del pueblo. Queremos paz, queremos vivir como antes”, expresó la habitante.
La violencia ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares y sus medios de vida. Campesinos y personas de escasos recursos se han visto forzados a dejar atrás todo lo que tenían. “Tuvimos que salir con lo que llevábamos puesto. Dejamos nuestras tierras y nuestro trabajo. Somos gente humilde, lo único que pedimos es que nos dejen vivir en paz”, explicó.
La pobladora señaló la falta de acción del gobierno para resolver el conflicto. “Hace cuatro años el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió ayudarnos, pero no hizo nada. Sólo le dio poder a otro grupo. Ahora exigimos que cumplan con su palabra y restablezcan el orden”, afirmó.
Los pobladores urgieron a las autoridades a intervenir para garantizar la seguridad, abrir los caminos cerrados por los grupos armados y restablecer los servicios básicos. “Queremos que nuestros adultos mayores estén bien, que haya luz para comunicarnos y que podamos regresar a nuestras casas. Ya no queremos más miedo”, concluyó.
Detienen a 92 policías municipales en Comitán de Domínguez por obstrucción y vínculos con grupos sociales.
En un contundente operativo de seguridad en Comitán de Domínguez, Chiapas, agentes de la Policía Estatal detuvieron a 92 elementos de la Policía Municipal, señalados por los delitos de motín y ejercicio ilegal de funciones. Según informó el Fiscal General del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, los uniformados habrían canalizado información a grupos sociales para organizar bloqueos en vías de comunicación y entorpecer el despliegue policial realizado el domingo 8 de diciembre.
Además, en el marco de estas acciones, fueron aprehendidas 30 personas más acusadas de atentados contra la paz pública, bloqueo de carreteras y agresiones al personal que ejecutaba el operativo.
En conferencia de prensa, acompañado por el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, el fiscal Llaven Abarca detalló que los 92 policías municipales fueron trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde se definirá su situación jurídica.
El fiscal explicó que este despliegue policial se llevó a cabo como parte de una estrategia para combatir el narcomenudeo, identificado como la principal causa detrás de recientes homicidios en ciudades clave del estado. Las investigaciones apuntan a que estos crímenes están relacionados con disputas entre células delictivas por el control de la venta de droga al menudeo.
En Comitán de Domínguez, como punto inicial de esta ofensiva contra el narcotráfico, se ejecutaron 25 órdenes de cateo y se destruyeron 25 puntos de venta vinculados a la distribución de drogas. Durante estas acciones, 13 personas fueron detenidas, y se aseguraron diversas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, además de dinero en efectivo.
Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el operativo incluyó el despliegue de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que asumió el control del sistema de vigilancia C5, previamente bajo responsabilidad de la Policía Municipal de Comitán de Domínguez.
Durante el operativo, que contó con cateos previamente planificados, se aseguró el control de las instalaciones de la corporación municipal, consolidando el esfuerzo estatal para restablecer el orden y enfrentar los vínculos entre grupos delictivos y autoridades locales.
Este operativo es parte de una estrategia más amplia para combatir la violencia y el crimen organizado en Chiapas, estado que ha enfrentado un aumento de la inseguridad por la disputa territorial de grupos criminales.
32 años de lucha, memoria y dignidad: Las Abejas de Acteal presentan “El camino de la no-violencia”
El 10 de diciembre, se conmemoraron 32 años desde el encarcelamiento injusto de cinco compañeros de la comunidad Tzajalch’en, un hecho que marcó en 1992 el nacimiento de la Organización Las Abejas de Acteal. Este aniversario, cargado de dolor y resistencia, se presenta en un contexto marcado por la fabricación de delitos y los encarcelamientos injustos a defensores de derechos humanos en Chiapas y en todo México. Sin embargo, la palabra digna y verdadera de Las Abejas ilumina con esperanza un camino hacia la paz.
En 2022, para conmemorar los 30 años de su lucha y honrar la memoria de las 45 personas asesinadas en la Masacre de Acteal, así como los 4 bebés no nacidos, víctimas de los paramilitares bajo las órdenes del expresidente Ernesto Zedillo, la organización decidió plasmar su historia en un libro y un documental titulados “El camino de la no-violencia”. Este proyecto busca ser un legado para las nuevas generaciones, invitándolas a continuar la lucha por justicia y autonomía a través de la no-violencia.
El libro, tejido con palabras floridas por la escritora Ruperta Bautista y el defensor de derechos humanos Pedro Faro, se enriquece con dos cantos que enaltecen esta memoria: uno compuesto por el artista Reyli Barba y otro por Víctor Sántiz, director del Coro de Acteal. Además, el documental, realizado por el Área de Comunicación de Las Abejas, complementa esta obra integral que mezcla letras, imágenes y sonidos para transmitir la esencia de una lucha incansable.
A pesar de las adversidades actuales, como la violencia que azota a las comunidades indígenas, la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal, y el reciente asesinato del Padre Marcelo, miembro comprometido con la organización, Las Abejas encuentran motivos para celebrar. Hoy, proclaman que la sangre derramada se ha convertido en vida, en unidad y en luz infinita.
“Sobre la violencia y la muerte, 32 veces celebramos la paz y la vida; sobre la impunidad y las injusticias, construimos verdad, no olvido y justicia”, expresaron los miembros de Las Abejas en su comunicado. Frente a un sistema corrupto y criminal, su lucha sigue viva, construyendo autonomía, libertad y esperanza en un Chiapas atravesado por tiempos oscuros.
Desde Acteal, Las Abejas envían un mensaje de agradecimiento y fortaleza: “Que la luz de la paz que arde desde las montañas de Acteal, resplandezca en estos tiempos oscuros en Chiapas”. Este llamado resuena como una invitación a no olvidar, a seguir resistiendo y a construir un futuro donde la justicia y la dignidad prevalezcan.
