Chiapas: Bitácora Octubre de 2024
Nada indica una solución a la inseguridad, la violencia, el horror de día o de noche que padece la población chiapaneca. Todo mal sigue en aumento. Ya es más evidente que da lo mismo de dónde proceden todos esos males. Pues el fuego no es cruzado sino triangular: viene del crimen organizado, de las llamadas autodefensas y de las fuerzas militares o policiales. La sociedad está en el medio del abandono gubernamental, la podredumbre de parte de la misma población y a merced de la delincuencia de todo tipo. Militares matan a inmigrantes y son protegidos por el mismo ejército y el estado. La ingenua población se refugia en la religión ante todo lo que rodea y no puede hacer más que clamar por la paz. La migración aumenta y busca cómo salir del infierno en el que se ha convertido la región. Asesinan a gobernadores locales de la misma forma que a representantes religiosos o a niñas que no serán abrazadas nunca más por su familia y seres queridos.
Es muerte lo que más se conoce, de lo que más se escucha, de lo que más se habla. Y no se sabe cómo salir de toda esta vorágine de destrucción. Chiapas sigue siendo vasta región sin ley. Esta le dio la espalda a quienes piden justicia. Y los nuevos rostros del poder del estado siguen esencialmente lo mismo que antes: no importan los chiapanecos. El sur sigue abandonado.
Militares balearon migrantes en Chiapas: seis muertos y ocho heridos.
El 1o de octubre de 2024 la región de Villa Comaltitlán, en Chiapas, fue nuevamente sacudida por otro hecho trágico. Elementos del Ejército Mexicano dispararon contra un camión de redilas que transportaba a 28 migrantes de diversas nacionalidades. El ataque fue devastador: seis personas murieron y ocho resultaron heridas. Este episodio ha generado conmoción y ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza en operaciones de seguridad en la frontera sur de México.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el incidente ocurrió cerca de las 20:50 horas en el tramo carretero Villa Comaltitlán-Huixtla, cuando un camión de redilas, marca Ford y de color verde, con 28 personas a bordo, fue interceptado por militares. Según los informes preliminares, el vehículo no se detuvo en un retén militar, lo que provocó una persecución que culminó en disparos por parte de los uniformados.
La versión inicial indicaba que los militares estaban en plena persecución de presuntos delincuentes, pero con el paso de las horas se confirmó que el camión transportaba a migrantes, incluyendo ciudadanos de países como Egipto, Nepal, Pakistán y Cuba, entre otros. Los testimonios de los vecinos del poblado Saltillito, donde ocurrió el enfrentamiento, señalan que escucharon las detonaciones de armas de fuego y observaron la movilización de las fuerzas armadas en la zona.
Entre las víctimas mortales se encuentran dos mujeres de nacionalidad árabe, identificadas como Selvia Saad Salah Medel, de 18 años, y Neima Navil Farag Zakher, de 42 años. Ambas murieron en el hospital general de Huixtla debido a la gravedad de sus heridas. Otros cuatro migrantes perdieron la vida en el lugar del ataque, sus identidades en el momento no fueron confirmadas.
En cuanto a los heridos, el personal médico del hospital general de Huixtla atendió a ocho personas, todas con heridas de bala. Entre los lesionados, tres ciudadanos de Egipto: Salas Melek Girgis, de 50 años, Salas Melek Garges, de 14 años, y Aya Abdelhadi Abdelazis Ibrahim Maymoon, de 30 años. Además, cuatro nepalíes: Oli Kamal Nepali (21 años), Dinesh Kc P. (23 años), Subasta Khadka (28 años) y Shajan Regmi (24 años). También fue atendido un ciudadano pakistaní, Iqbal Mubasher, de 29 años.
La SEDENA ha emitido un comunicado en el que reconoce que el personal militar involucrado en el incidente ha sido separado temporalmente de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación. Según la versión oficial, los militares abrieron fuego tras una “sospecha razonable” de que el vehículo estaba involucrado en actividades ilícitas, ya que no se detuvo en el retén militar. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta explicación, al señalar que el uso de la fuerza fue desproporcionado y no se respetaron los protocolos de actuación.
Chiapas, al ser una de las principales rutas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, ha vivido un incremento de la presencia militar y las fuerzas de seguridad. La región fronteriza ha sido escenario de operativos que buscan frenar el flujo migratorio y combatir a las organizaciones criminales que operan en la zona. Sin embargo, estos operativos han suscitado más denuncias de violaciones a los derechos humanos, como este caso en Villa Comaltitlán.
El incidente ocurre en un momento crítico, cuando la violencia y las confrontaciones entre militares, migrantes y grupos criminales han aumentado en la región. Los migrantes, quienes a menudo huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, se encuentran atrapados en medio de estas disputas, enfrentando situaciones de gran riesgo durante su travesía por México.
Habitantes de la comunidad de Lázaro Cárdenas, cercana al lugar del ataque, narraron cómo el camión con migrantes se volcó tras intentar evadir a los militares. “Escuchamos los disparos, pero los soldados acordonaron rápidamente la zona. No pudimos acercarnos para ver qué estaba pasando”, comentó uno de los vecinos.
Organizaciones no gubernamentales y colectivos de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas. “Este no es un caso aislado. Los migrantes en Chiapas están siendo víctimas de un doble abuso: por parte de los grupos criminales que controlan las rutas y, ahora, por las fuerzas del Estado que deberían protegerlos”, expresó un representante de la ONG “Fronteras Humanitarias”.
Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional han colaborado en la atención de los sobrevivientes y en el traslado de los heridos a hospitales. No obstante, se desconoce la situación legal de los 14 migrantes que también viajaban en el camión, ya que las autoridades no han proporcionado detalles sobre su nacionalidad o estado de salud.
El caso ha escalado rápidamente, y se espera que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervengan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El ataque en Villa Comaltitlán es un sombrío recordatorio de los riesgos que enfrentan los migrantes en su tránsito por México. En un país donde la militarización de la seguridad ha sido una estrategia recurrente, este tipo de incidentes pone en duda la eficacia y el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. Las víctimas, en su mayoría personas que escapan de situaciones de extrema necesidad, ahora se suman a la larga lista de vidas truncadas en su búsqueda de un futuro mejor.
En un esfuerzo por fortalecer la cooperación internacional y garantizar la justicia, las autoridades mexicanas han establecido una coordinación efectiva entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y las embajadas correspondientes de diversos países. Esta colaboración tiene como objetivo mantener una comunicación constante para el intercambio de información crucial en el desarrollo de investigaciones internacionales de alto perfil.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha reiterado su compromiso de actuar dentro de los márgenes del estado de derecho. En el ámbito de sus competencias, SEDENA asegura que su política se fundamenta en la cero impunidad, respondiendo con total disposición a los requerimientos emitidos por las autoridades civiles en aras de esclarecer los hechos bajo investigación.
La SEDENA enfatizó que seguirá atenta a cualquier solicitud que surja de las autoridades judiciales y civiles, trabajando de manera conjunta para garantizar la legalidad en cada acción emprendida. Este compromiso institucional subraya la importancia de la cooperación interinstitucional para asegurar que los procedimientos legales se lleven a cabo de manera justa y transparente.
Este esfuerzo conjunto entre la SRE y la SEDENA refuerza el compromiso del gobierno mexicano de colaborar con la comunidad internacional para abordar problemas que trascienden fronteras, siempre en estricto respeto a los derechos humanos y las leyes nacionales e internacionales.
Chalchihuitán en Marcha por la Paz: un pueblo tzotzil clama por el cese de la violencia.
Un grito de paz resonó en las calles del municipio de Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, cuando más de 500 feligreses católicos, pertenecientes a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, tomaron las calles para manifestarse contra la violencia que azota a sus comunidades. Los habitantes de este municipio, mayoritariamente tzotziles, caminaron unidos para exigir seguridad, justicia y el fin del maltrato y las violaciones que han golpeado a las mujeres y niños de la región.
La marcha, organizada por el Pueblo Creyente de Chalchihuitán, no sólo fue un acto de fe, sino una súplica al gobierno para que preste atención a los pueblos olvidados de los Altos de Chiapas. En medio de oraciones y cánticos, los manifestantes recorrieron las principales calles de la cabecera municipal hasta llegar al centro del pueblo, donde realizaron una oración colectiva pidiendo por el cese de la violencia, el maltrato infantil, la violación de mujeres y niñas, así como la urgente necesidad de cerrar los bares y cantinas que, según los pobladores, son focos de delincuencia y violencia.
Chalchihuitán, ubicado en los Altos de Chiapas, es uno de los municipios que más ha sufrido los embates de la violencia en los últimos años. Esta comunidad, de mayoría indígena tzotzil, enfrenta diversos problemas que van desde la inseguridad hasta el desplazamiento forzado. Las familias de Chalchihuitán han tenido que huir en repetidas ocasiones debido a la violencia generada por conflictos agrarios, la delincuencia organizada y la proliferación del alcoholismo y la drogadicción en la zona.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chalchihuitán tiene una población de poco más de 17,000 habitantes, la mayoría de los cuales se dedican a la agricultura de subsistencia. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de bares y cantinas en la cabecera municipal ha incrementado los problemas de violencia, provocando una ruptura del tejido social. Los pobladores señalan que estos establecimientos no sólo fomentan el consumo de alcohol y drogas, sino que también son el epicentro de agresiones sexuales y maltrato a mujeres y menores de edad.
Durante la marcha, los habitantes expresaron su preocupación por la proliferación de estos lugares, que han convertido a la cabecera municipal en un foco de delincuencia. “Nosotros no queremos más violencia. Pedimos a las autoridades que cierren los bares y cantinas, porque sólo traen problemas. Nuestros hijos están en peligro”, señaló Juan Pérez, uno de los organizadores de la marcha.
Los manifestantes dirigieron un mensaje claro a las autoridades: la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Pidieron que no olviden a los municipios de los Altos, Sierra y Norte del estado, donde las familias viven atemorizadas por la violencia y en muchos casos se ven obligadas a dejar sus hogares para salvar sus vidas.
“Estamos cansados de vivir con miedo. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos no pueden salir de noche porque temen ser atacados o violentados. Queremos que las autoridades hagan algo, que no nos abandonen”, dijo Rosa López, una de las mujeres que participó en la marcha, mientras sostenía un cartel que decía: “Paz para Chalchihuitán”.
La región de los Altos de Chiapas ha sido históricamente una de las más marginadas del país. A pesar de que el conflicto agrario ha disminuido en los últimos años, la violencia generada por la delincuencia organizada, el narcotráfico y las disputas locales ha tomado su lugar, dejando a las comunidades indígenas vulnerables y desprotegidas. En este contexto, las mujeres y los niños son los más afectados. Los casos de violaciones y maltrato han ido en aumento, y las autoridades locales han sido incapaces de frenar este flagelo.
Uno de los problemas más graves que enfrenta Chalchihuitán es el desplazamiento forzado de familias enteras debido a la violencia. Desde 2017, cuando se registró un conflicto agrario con el municipio vecino de Chenalhó, cientos de familias han sido obligadas a huir de sus hogares. Aunque el conflicto agrario parece haber sido parcialmente resuelto, las secuelas de la violencia persisten en la región.
Los desplazados viven en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, electricidad o atención médica. A pesar de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y la Iglesia Católica por ofrecer ayuda humanitaria, las soluciones a largo plazo han sido insuficientes. La violencia sigue siendo un factor de desestabilización, y las familias desplazadas temen regresar a sus hogares por miedo a nuevos ataques.
“Nosotros vivimos con miedo todos los días. No sabemos si vamos a poder regresar a nuestras tierras o si la violencia volverá a alcanzarnos. Queremos que las autoridades nos escuchen y nos ayuden a encontrar una solución”, expresó María Hernández, desplazada de su comunidad en 2017 y quien aún no ha podido regresar.
La Marcha por la Paz en Chalchihuitán fue organizada por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, una de las instituciones más activas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas. Desde hace décadas, la Iglesia ha jugado un papel clave en la mediación de conflictos y en la promoción de la paz en la región. En esta ocasión, el sacerdote a cargo de la parroquia de Chalchihuitán hizo un llamado a la unión y la comunión para reconstruir el tejido social de las comunidades. De este modo se expresó el sacerdote durante la misa que se celebró al finalizar la marcha:
“Es momento de que todos nos unamos para sanar las heridas de nuestro pueblo. No podemos seguir permitiendo que la violencia y el odio destruyan nuestras familias. Debemos trabajar juntos por la paz y el bienestar de todos.”
La peregrinación partió del parque central de Chalchihuitán, recorriendo las calles principales de la cabecera municipal, y concluyó con una misa en el centro del pueblo. Durante el recorrido, los manifestantes portaban pancartas y carteles con mensajes de paz y justicia. “No más violencia”, “Cierre de cantinas ya”, “Protejan a nuestras niñas”, eran algunos de los lemas que se podían leer.
A pesar de los múltiples desafíos que enfrenta Chalchihuitán, sus habitantes siguen manteniendo la esperanza de que un cambio es posible. La Marcha por la Paz no sólo fue una manifestación de fe, sino una muestra de la resiliencia de un pueblo que se niega a ser derrotado por la violencia.
Con fervor religioso y con la esperanza de un futuro mejor, las más de 500 personas que participaron en la marcha hicieron un llamado a las autoridades para que no ignoren las necesidades de los pueblos indígenas. “Queremos vivir en paz. Queremos que nuestros hijos crezcan en un lugar seguro”, fue el mensaje que resonó en las calles de Chalchihuitán este lunes.
La marcha concluyó con una oración en la plaza central del municipio, donde los participantes pidieron a Dios por la paz y la tranquilidad de sus comunidades. Con la esperanza de que sus voces sean escuchadas, los habitantes de Chalchihuitán confían en que esta manifestación marcará el inicio de un cambio en la región.
Migración en Chiapas: auge en 2024.
La migración en Chiapas ha alcanzado niveles sin precedentes en 2024 y se consolida como un fenómeno que año tras año se intensifica. Lo que desafia las capacidades del estado para gestionarla. Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), hasta julio de este año se contabilizan 229 mil 379 migrantes que han ingresado a Chiapas, superando las cifras de los dos años anteriores. Esta situación pone de relieve la magnitud de la crisis migratoria y las profundas implicaciones económicas y sociales que conlleva para el estado y para el país.
El flujo migratorio hacia Chiapas ha mostrado un crecimiento acelerado. En comparación con 2023, el aumento es del 24%, y si se compara con 2022, el incremento es de un sorprendente 80%. Para contextualizarlo mejor: en 2023 el estado ya había registrado una cifra considerable de 184 mil 998 migrantes, lo que representó un aumento del 50% respecto a 2022, cuando 152 mil 448 personas cruzaron la frontera sur. Sin embargo, el drástico repunte en 2024 ha sobrepasado las previsiones más pesimistas, convirtiéndose en un desafío mayor para las autoridades locales y nacionales.
Este auge en la migración hacia Chiapas está compuesto principalmente por personas provenientes de Centroamérica, Sudamérica, África y diversas islas del Caribe. Entre los países más destacados en cuanto a la procedencia de migrantes se encuentran Honduras, El Salvador, Venezuela y Haití. Las razones detrás de este movimiento masivo son variadas, pero en su mayoría se relacionan con la búsqueda de mejores oportunidades de vida, los efectos del cambio climático en las comunidades más vulnerables o la necesidad de huir de situaciones de violencia, pobreza extrema y conflictos políticos en sus lugares de origen.
Países como Honduras y El Salvador han sufrido un colapso de la seguridad interna debido al accionar de pandillas, lo que ha empujado por años a miles de personas a salir de sus países en busca de protección. En Venezuela, la crisis político-económica ha sido un detonante clave para la migración masiva hacia países vecinos y hacia México. En el caso de Haití, la inestabilidad política y la pobreza crónica son factores de expulsión persistentes.
La degradación de tierras agrícolas, la escasez de agua y los desastres naturales han exacerbado la migración, creando una tormenta perfecta en la que miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares.
Uno de los elementos que está jugando un rol crucial en el incremento migratorio en Chiapas es la implementación de la aplicación tecnológica CBP One. Irineo Mujica, director de la organización “Pueblo Sin Fronteras”, ha advertido que esta herramienta digital facilita la gestión migratoria en Tapachula e incentivará aún más la llegada de migrantes en los próximos meses. “Esta medida va a incentivar la migración y llegarán muchas más personas que están varadas en el Darién”, señaló Mujica, en referencia a la peligrosa travesía por el tapón del Darién, una región selvática entre Colombia y Panamá que es utilizada por los migrantes para llegar a Centroamérica.
La CBP One ha sido vista por algunos como una solución eficiente para agilizar los procesos migratorios, pero también como un incentivo que podría aumentar aún más el flujo de personas hacia el sur de México. Además, Mujica advirtió sobre el impacto de la Forma Migratoria Múltiple y los traslados hacia la frontera sur de Estados Unidos, lo que augura un mayor número de migrantes en Chiapas en lo que resta del año.
El aumento de migrantes ha generado una presión significativa sobre los recursos y servicios disponibles en el estado, especialmente en las ciudades fronterizas de Tapachula y Suchiate. Los refugios y albergues están saturados, las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) operan al límite de su capacidad y las demandas por servicios médicos y vivienda temporal han crecido exponencialmente. Esta situación ha exacerbado la tensión entre los migrantes y las comunidades locales, que compiten por empleo y otros recursos limitados.
Desde el punto de vista económico, si bien algunos habitantes de la región han encontrado oportunidades de empleo temporal vinculadas a la llegada de los migrantes, esta situación ha traído consigo complicaciones. El acceso a subsidios y apoyos gubernamentales se ha visto afectado, generando críticas hacia las políticas migratorias tanto a nivel estatal como federal. La percepción en las comunidades locales es que los recursos destinados a la población migrante limitan los beneficios que tradicionalmente han recibido los residentes locales, lo que ha agudizado las tensiones sociales.
El gobierno de México ha implementado diversas iniciativas para hacer frente a la creciente migración en Chiapas, pero las soluciones no han sido suficientes para frenar el flujo de personas. Las políticas de contención en la frontera sur han demostrado ser ineficaces ante la magnitud del fenómeno. Además, las políticas migratorias de Estados Unidos, como CBP One y los programas de asilo humanitario, tienen una influencia directa en la cantidad de migrantes que cruzan por Chiapas con la esperanza de llegar a territorio estadounidense.
El reto para las autoridades mexicanas es encontrar un equilibrio entre la atención a la población migrante y la necesidad de evitar una mayor presión sobre los recursos locales. La economía local, ya de por sí frágil, enfrenta el riesgo de desestabilizarse aún más si no se implementan políticas que gestionen adecuadamente la crisis migratoria. El Instituto Nacional de Migración ha reforzado sus operaciones en la región, pero enfrenta limitaciones logísticas y presupuestales para dar respuesta a la crisis.
El fenómeno migratorio en Chiapas no ha pasado desapercibido para las autoridades locales. Freddy Escobar Sánchez, diputado del distrito XIX con cabecera en Tapachula, ha expresado su preocupación por la situación migratoria en la frontera sur. Como declaró en una entrevista reciente: “La migración es un fenómeno complejo en Chiapas, aunque no es competencia directa del Congreso del Estado, debemos involucrarnos, y llegará el momento en que tomemos decisiones al respecto.”
Escobar destacó que no es un problema exclusivo de Chiapas, sino de una tendencia mundial que se debe con seriedad y responsabilidad: “Miles de personas están migrando de un país a otro, lo que se refleja en la frontera sur de México y en el estado. Es un asunto que no sólo afecta al Estado Mexicano.”
El diputado también enfatizó que la migración será parte de la agenda legislativa del Congreso del Estado, garantizando que se escuchará a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. “Les aseguro que tienen un representante que trabajará de la mano del pueblo, con la honestidad que el cargo demanda”, afirmó Escobar, al tiempo que indicó que otros temas importantes, como la seguridad y el desarrollo económico del Soconusco, también formarán parte de su agenda.
En 2024, la crisis migratoria en Chiapas ha alcanzado un punto crítico y no parece detenerse. Los desafíos para las autoridades y para las comunidades locales son múltiples y complejos, desde la presión sobre los recursos económicos y sociales, hasta las tensiones generadas por la competencia por empleos y apoyos gubernamentales.
El futuro de la migración en Chiapas dependerá en gran medida de cómo se gestionen las políticas migratorias tanto en México como en Estados Unidos. Mientras tanto, el estado continúa lidiando con las consecuencias inmediatas de este fenómeno global, enfrentando la necesidad urgente de soluciones que beneficien tanto a la población local como a los miles de migrantes que ven en Chiapas una puerta de entrada hacia una vida mejor.
Migrantes emprenden la caravana “Dios nos Guía”, pretenden llegar a Ciudad de México.
El domingo 13 de octubre un millar de migrantes de Centroamérica y otras regiones decidieron abandonar Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México. Frustrados por la falta de empleo, la situación de inseguridad y, principalmente, la dilación en las citas de la aplicación CBP One, comenzaron su travesía hacia la Ciudad de México en una caravana bautizada como “Dios nos Guía”. La iniciativa representa un nuevo llamado de auxilio dirigido al Gobierno mexicano y a la comunidad internacional.
CBP One, la aplicación creada por el gobierno de los Estados Unidos de América, permite a los migrantes solicitar una cita para cruzar legalmente la frontera hacia el país norteamericano. No obstante, la saturación del sistema y las demoras han generado una crisis en Tapachula, donde miles de migrantes quedan atrapados por semanas o incluso meses, sin opciones claras sobre su futuro.
La nueva caravana está integrada por migrantes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica, Haití, Argentina, Panamá, Costa Rica, así como de regiones tan alejadas como Afganistán y Nepal. Comparten una misma esperanza: que su voz sea escuchada y se tomen acciones inmediatas para mejorar las condiciones en las que viven, mientras aguardan por la posibilidad de obtener un estatus legal en México o cruzar a Estados Unidos.
Para muchos, esta marcha no sólo es un acto de protesta, sino también una medida de supervivencia. “No queremos morir de hambre en las calles [explica José, migrante venezolano que viaja con su familia]. Aquí hay niños que sólo se llevan una tostada al día. No podemos seguir esperando”. Estas palabras reflejan el sentir de miles que se enfrentan a la precariedad en Tapachula, una ciudad que ha visto su infraestructura colapsar ante la oleada migratoria.
Yessica, joven venezolana de 34 años, se unió a esta caravana con su esposo, tres hijos, su hermano y su madre. Hace más de un año que abandonó Venezuela, en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. El viaje ha sido un calvario de obstáculos, peligros y sacrificios. “Salimos con lo poco que teníamos”, dice. Durante el trayecto, cruzaron Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y ahora México. Sin embargo, el tramo más duro ha sido el paso por territorio mexicano.
Mientras avanzaban por Guatemala, Yessica dio a luz a su cuarto hijo, en medio de una tormenta. “Fue muy duro, pero lo más difícil ha sido llegar a México”, añade. Su familia fue secuestrada al cruzar el río Suchiate, y para poder ser liberados, debieron pagar 800 dólares al cártel que los mantenía cautivos. Ahora, como tantos, aguardan una cita de CBP One para poder continuar su viaje hacia el norte.
Historias como la de Yessica son cada vez más comunes en las calles y albergues de Tapachula, una ciudad transformada en un enorme limbo migratorio. Las esperanzas puestas en CBP One han hecho que miles de migrantes lleguen a la frontera sur de México, con la ilusión de que su espera será breve. Pero la realidad es distinta. Las demoras en las citas y la falta de recursos están desbordando a las autoridades locales y a las organizaciones de apoyo a los migrantes.
De acuerdo con datos oficiales, más de 828,000 migrantes han cruzado irregularmente la frontera sur de México en lo que va de 2024, una cifra que ya supera los números registrados en 2023. De esta cifra, alrededor de 97,000 son niños, muchos de ellos viajando solos o con familiares en condiciones extremadamente precarias.
Mientras las caravanas masivas han disminuido en tamaño, la migración hacia el norte no se ha detenido. Ahora, grupos más pequeños de personas atraviesan a diario la frontera. Sin embargo, esta constante oleada migratoria ha exacerbado los problemas de seguridad en la región. La frontera entre México y Guatemala es porosa, y tanto las autoridades como los grupos criminales lo saben bien. El tráfico de personas ha crecido exponencialmente, y cada día más migrantes se ven forzados a pagar cuantiosas sumas a los cárteles para evitar ser secuestrados o asesinados en su camino hacia el norte.
Tapachula, ciudad fronteriza que solía ser tranquila, es hoy testigo del recrudecimiento de la violencia. La lucha territorial entre grupos criminales ha sumido a la región en una espiral de asesinatos, extorsiones y secuestros. Como sucedió el pasado 1o de octubre: seis migrantes asesinados por el Ejército entre Huixtla y Villa Comaltitlán. Estos migrantes, procedentes de Egipto, El Salvador y Perú, habían sido identificados con un sello en el brazo, una práctica común en el tráfico de personas.
El tráfico de migrantes ha superado al narcotráfico y al tráfico de armas en rentabilidad para los cárteles. La semana previa al 13 de octubre se encontraron los cuerpos de dos migrantes salvadoreños en un cañaveral, ambos con disparos en la cabeza. Mientras tanto, organizaciones religiosas y civiles se han manifestado en contra de la violencia, con más de 3,000 evangélicos congregados en el centro de Tapachula para rezar por la paz y pedir el cese de la violencia.
La diócesis de Tapachula ha denunciado que el Ejército mexicano tiene vínculos con el crimen organizado, y ha exigido que se investiguen los casos de secuestro y extorsión. “Los migrantes son los más pobres de los pobres, y como Iglesia no podemos permitir que sigan muriendo a manos de las autoridades o de los criminales”, declaró el sacerdote César Cañaveral, administrador del albergue para migrantes Belén.
En respuesta a la violencia, las autoridades mexicanas intensifican los operativos de seguridad en las salidas de Tapachula y en las carreteras que conectan con los municipios fronterizos. El Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado y la policía municipal establecen retenes para revisar vehículos y personas que se desplazan por la región.
Pese a estos esfuerzos, el INM es duramente criticado por su actuación en la frontera sur. Aunque intentó mejorar su imagen tras la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes en una estación migratoria, la estación Siglo XXI en Tapachula sigue siendo el centro de detención más grande del país, y un símbolo del fracaso de las políticas migratorias mexicanas.
El miércoles 16 de octubre, desde muy temprano, partió la caravana “Dios nos Guía” con rumbo al municipio de Escuintla, luego de haber pernoctado la noche anterior en Huixtla. Esta caravana es parte de un esfuerzo más amplio, ya que se están movilizando dos caravanas con cientos de migrantes de diversas naciones que recorren la costa chiapaneca. Mientras una de ellas llegó a Huixtla, la otra arribó a Tonalá, ambas con la finalidad de alcanzar el centro del país para solicitar su regularización migratoria.
En total, aproximadamente 450 extranjeros que partieron el domingo desde Tapachula llegaron a Huixtla, donde se instalaron en el domo del barrio Guadalupe. Allí, están recibiendo asistencia de personal de Protección Civil, especialmente necesario dado que muchos niños acompañan a sus padres, siendo los más vulnerables a las altas temperaturas que se registran en la región.
Este grupo avanza a un ritmo más lento, precisamente por la gran cantidad de menores de edad, algunos de ellos cargados en brazos por sus padres. Mientras tanto, otro grupo que partió el 5 de octubre de Tapachula logró llegar a Tonalá, donde también se reportan algunos problemas de salud entre los migrantes debido a las largas caminatas realizadas a lo largo de la carretera Costera.
La falta de respuestas por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) ante las solicitudes de regularización y el otorgamiento de citas a través del programa CBP One ha llevado a muchos extranjeros a salir en caravana hacia el norte del país, buscando una solución a su situación migratoria en un contexto de creciente incertidumbre y dificultades.
A medida que estos migrantes avanzan, la situación se torna cada vez más crítica, y las organizaciones de derechos humanos siguen alertando sobre la necesidad urgente de atención y apoyo para estas comunidades en movimiento.
La caravana “Dios nos Guía” es un recordatorio más de la profunda crisis migratoria que enfrenta México. Desesperados por mejores condiciones de vida, continúan su marcha hacia el norte, buscando en cada paso la esperanza de un futuro mejor.
Asesinado Clemente Gómez Gómez, expresidente municipal de San Andrés Duraznal.
Hombres armados asesinaron al indígena tzotzil Clemente Gómez Gómez, quien hasta hace apenas unas semanas fungía como presidente municipal de San Andrés Duraznal, representando al partido “Podemos Mover a Chiapas”.
El ataque ocurrió en la ranchería San Francisco, en el municipio de Huitiupán, a unos 130 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Según fuentes oficiales, Clemente Gómez Gómez fue baleado mientras se encontraba en esa comunidad. Al lugar han arribado cientos de indígenas tzotziles provenientes de San Andrés Duraznal, una comunidad que fue creada en 1996 tras los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
El ataque ha generado tal temor que las autoridades locales suspendieron las clases en los planteles educativos de la zona, afectando a cientos de estudiantes.
Gómez Gómez, según las investigaciones, había tenido diferencias políticas con Josué Hernández, exalcalde y primo del actual presidente municipal de San Andrés Duraznal, Humberto Hernández Gómez, ambos del mismo partido político, “Podemos Mover a Chiapas”.
Las autoridades ya trabajan en la zona. Elementos de la Policía Municipal, Estatal y peritos de la Fiscalía han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Sin embargo, los habitantes de Huitiupán han mostrado su descontento. Acusan a la alcaldesa de MORENA, María Amalia Ochoa Ramos, de no solicitar la presencia del Ejército y la Guardia Nacional pese a la presencia de estos grupos armados, lo que, según ellos, ha dejado a la comunidad vulnerable.
Los familiares de Clemente Gómez Gómez, así como los habitantes de la zona, exigen justicia y mayor seguridad en una región que ha sido afectada por conflictos políticos y la violencia.
Ejecutan al sacerdote Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas.
En la mañana del domingo 20 de octubre fue brutalmente asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez tras concluir una misa en la iglesia del Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Las Peras y la calle Flanz Bloom, a un costado de la iglesia de Cuxtitali, cuando el clérigo se encontraba a bordo de su camioneta. Testigos presenciales informaron que dos sujetos encapuchados se acercaron en una motocicleta al vehículo del sacerdote y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones.
Marcelo Pérez fue atacado con al menos ocho disparos, quedando sin vida en el lugar. Los agresores huyeron rápidamente del lugar, mientras que los vecinos, consternados, dieron aviso a las autoridades.
Elementos de seguridad llegaron al lugar para acordonar el área y asegurar la escena del crimen, a la espera de los servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y allí proceder a la autopsia correspondiente.
Marcelo Pérez Pérez, conocido por su compromiso con la justicia y los derechos humanos, era una figura clave en la mesa de diálogo en el municipio de Pantelhó, donde se buscaban soluciones pacíficas a los conflictos entre comunidades indígenas y grupos criminales. Su labor como mediador lo había colocado en una posición de riesgo, lo que había sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaban un intento de criminalización del sacerdote por parte del Estado.
El asesinato del Padre Marcelo ha generado un fuerte impacto en la comunidad de San Cristóbal de Las Casas y en el estado de Chiapas, donde su labor social y eclesiástica era ampliamente reconocida. Las autoridades locales han anunciado el comienzo de las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este crimen, mientras que organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han expresado su condena y exigido justicia.
Hasta el momento, no se ha dado información oficial sobre los posibles móviles del asesinato ni sobre la identidad de los atacantes. Sin embargo, se teme que este hecho esté relacionado con la creciente violencia que afecta a la región y que ha cobrado la vida de diversos líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
La comunidad de Cuxtitali y la diócesis de San Cristóbal de Las Casas convocaron a una vigilia en honor a Marcelo Pérez Pérez, para exigir justicia y un alto a la violencia que asola la región.
Iglesia Católica perdona a los asesinos del Padre Marcelo, pero exige justicia y verdad.
En un acto de reconciliación, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, anunció que la Iglesia Católica está dispuesta a perdonar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Sin embargo, este perdón no exime a los responsables de enfrentar las consecuencias de sus actos, ya que, según el prelado, la verdadera paz sólo puede alcanzarse mediante la justicia y la verdad.
Durante un emotivo mensaje, el obispo exhortó a las autoridades y a quienes ostentan algún tipo de poder a buscar el establecimiento de la paz con los principios de justicia y respeto mutuo. “Debe ser una paz basada en la verdad auténtica, donde todos nos respetemos los unos a los otros”, expresó. Asimismo, reveló que el Padre Marcelo había sido amenazado de muerte en varias ocasiones, sin que se le brindara la protección necesaria para garantizar su seguridad. Monseñor Aguilar dijo desconocer los motivos por los cuales el sacerdote no contaba con medidas de seguridad, a pesar de las advertencias previas.
La muerte del párroco ocurrió el “Domingo Mundial de las Misiones”, una fecha de gran significado para la Iglesia Católica. Monseñor Aguilar interpretó este trágico suceso como una ofrenda de la vida del Padre Marcelo en aras de fomentar la paz en Cristo Jesús. “Dios permitió que su muerte ocurriera en este día para que su sacrificio sirva como semilla de paz”, afirmó el obispo.
El cuerpo del Padre Marcelo Pérez se veló en la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas,. Se ha previsto que sus restos sean trasladados a su comunidad natal, San Andrés Larraínzar, para ser sepultado. Antes de esto, feligreses y amigos del sacerdote organizaron una misa de despedida en la iglesia de Guadalupe, donde oficiaba, a modo de un último adiós en el lugar donde sirvió durante más de dos años y medio.
El obispo recordó que el Padre Marcelo era conocido por su labor en defensa de los derechos de los más vulnerables y su lucha por la paz. En diversas ocasiones se había pronunciado contra la violencia en la región. Además, el sacerdote contaba con una orden de aprehensión que estaba en suspenso, lo cual ha generado preguntas sobre su relación con los hechos que desembocaron en su trágico asesinato. “Él siempre escuchaba a todos los que acudían a él en busca de ayuda, y guiaba a la comunidad con los valores del evangelio de Jesucristo”, señaló el obispo.
Como parte del homenaje al Padre Marcelo Pérez, feligreses, religiosos y sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas llevaron a cabo una misa en el lugar donde fue asesinado, en el barrio de Cuxtitali. En medio de lágrimas, cantos y plegarias, los asistentes clamaron a las autoridades por el esclarecimiento del crimen y el castigo de los responsables con todo el peso de la ley.
La comunidad religiosa se unió en una sola voz para exigir justicia. Los sacerdotes hicieron un llamado a las autoridades para que no permitan que este homicidio quede impune. “San Cristóbal de Las Casas se ha convertido en una ciudad insegura, y necesitamos que la paz vuelva a reinar”, manifestaron.
Los feligreses y líderes religiosos también invitaron a la ciudadanía a unirse en una jornada de oración, con la esperanza de que el espíritu del Padre Marcelo inspire a la comunidad a buscar la paz y el entendimiento. Este llamado subraya la preocupación generalizada por la creciente inseguridad en San Cristóbal y sus alrededores, una situación que ha afectado gravemente la vida cotidiana de sus habitantes.
La muerte del Padre Marcelo Pérez ha dejado una profunda herida en la comunidad católica de San Cristóbal de Las Casas. Si bien la Iglesia ha optado por el perdón, no ha dejado de lado su exigencia de justicia y verdad, convencida de que sólo a través de estas se puede alcanzar una paz duradera. La comunidad, unida en la fe, espera que este trágico suceso sirva para poner fin a la violencia que ha sacudido la región y para que se castigue a quienes han sembrado el miedo y la inseguridad en Chiapas.
Las Abejas de Acteal condenan el asesinato del Padre Marcelo.
En un comunicado lleno de dolor e indignación, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal expresaron su enérgica condena por el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en el contexto de creciente violencia en el estado de Chiapas.
El Padre Marcelo, quien trabajó por 10 años en la Parroquia de Chenalhó, acompañó a Las Abejas en su lucha no-violenta y en la búsqueda de justicia por la Masacre de Acteal, en la que 45 personas, entre ellas mujeres, niños y cuatro bebés no nacidos, fueron asesinados en 1997. Durante su tiempo en Chenalhó, el sacerdote fue constantemente amenazado por su firme compromiso de denunciar las injusticias, lo que eventualmente llevó a su traslado a la Parroquia de Simojovel, donde continuó su trabajo en favor de la paz.
En Simojovel, Marcelo Pérez organizó la magna peregrinación Viacrucis-cuaresmal en 2015, exigiendo al gobierno de Chiapas el cese de la violencia. Su activismo lo convirtió en un objetivo del crimen organizado y de caciques locales, quienes no dudaron en hostigarlo. A pesar de estas amenazas, el Padre Marcelo mantuvo su compromiso con la comunidad y la justicia, lo que le valió el respeto y reconocimiento de organismos nacionales e internacionales.
En julio de 2021, cuando estalló la violencia en Pantelhó, fue acusado falsamente de la desaparición de 21 personas. A pesar de estas insidiosas acusaciones, su trabajo en favor de la paz continuó hasta que, en junio de 2022, la Fiscalía General del Estado de Chiapas solicitó una orden de aprehensión en su contra.
Finalmente, el 20 de octubre de 2024, el Padre Marcelo fue asesinado tras celebrar la eucaristía en la iglesia del Barrio de Cuxtitali en San Cristóbal de Las Casas. Las Abejas de Acteal, profundamente conmovidas por el asesinato de su “hermano de lucha”, recordaron con cariño el compromiso del Padre Marcelo con la causa de la no-violencia y la construcción de la paz. En el comunicado, citaron sus palabras: “No debo tener miedo a las amenazas de muerte, si huyo de todo esto, habré desobedecido el ejemplo de Alonso Vázquez Gómez”, refiriéndose al catequista y mártir de Acteal.
El Padre Marcelo dejó su huella no sólo en las comunidades que apoyó, sino también en el libro próximo a publicarse de Las Abejas, “El Camino de la No-violencia”, cuya introducción fue escrita por él. En sus palabras, destacó el impacto que tuvo su experiencia en Acteal: “Aquí se prendió el fuego del Espíritu Santo en mi corazón… descubrí el llamado de Dios para denunciar las injusticias”.
El crimen ha desatado una oleada de indignación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, que han señalado la responsabilidad del gobierno estatal y federal por su falta de acción a pesar de las medidas cautelares otorgadas al Padre Marcelo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dichas medidas, bajo el número 506-14 y la Resolución 30/2015, ordenaban al Estado Mexicano garantizar la seguridad del sacerdote.
Las Abejas de Acteal exigen justicia tanto por el asesinato del Padre Marcelo como para las víctimas de la Masacre de Acteal. “El asesinato cobarde del Padre Marcelo quedará inscrito en la memoria de Acteal regada por la sangre digna de nuestros Mártires”, declararon.
En Chiapas, el crimen organizado y los sicarios parecen tener el control, afectando gravemente a las comunidades indígenas y campesinas. Las Abejas exigieron el cese de la persecución, criminalización y asesinatos de defensores de derechos humanos y pidieron una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los responsables, tanto materiales como intelectuales, del asesinato del Padre Marcelo.
“JTotik Marcelo has cumplido con tu misión, gracias por ser compañero y hermano de lucha”, concluye el comunicado de Las Abejas. “Gritaremos siempre tu nombre y que se haga justicia verdadera.”
Este asesinato vuelve a poner de manifiesto la impunidad y la falta de garantías para aquellos que, como el Padre Marcelo, luchan incansablemente por la paz y la justicia en un contexto de violencia generalizada.
Localizan sin vida a Liliana, de 12 años, desaparecida en Tuxtla Gutiérrez.
Una niña de 12 años que había sido reportada como desaparecida el sábado 19 de octubre, fue localizada el miércoles 23. El cuerpo sin vida de Liliana Guadalupe Marroquín fue hallado en el barrio Colón, ubicado en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su cuerpo fue enterrado en el patio trasero de una vivienda, conmocionando a la comunidad local. Fue encontrada con heridas causadas por arma blanca y signos evidentes de violencia.
La desaparición de Liliana había generado preocupación entre sus familiares, quienes denunciaron ante las autoridades su ausencia y comenzaron una intensa búsqueda, pegando carteles en diversas partes de la ciudad. Liliana, quien vivía en Berriozábal, solía vender dulces en las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez para apoyar a su familia. El último día que fue vista con vida, algunos vecinos la observaron cerca de la Séptima Norte, entre la 4a y 5 a Poniente, a las puertas de una casa, donde un hombre la habría atendido, lo que aumentó las sospechas de sus familiares.
El día del hallazgo, elementos de la Fiscalía Contra La Desaparición Forzada de Personas realizaron diligencias en varias viviendas del barrio, y fue durante un cateo que el personal descubrió el cuerpo semi-enterrado de la menor, con parte de su pie visible en la superficie. Liliana presentaba una herida cortante en el cuello y al momento de su localización, estaba desnuda. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, con el fin de esclarecer las causas exactas de su muerte.
Hasta el momento, el principal sospechoso es un hombre de unos 45 años, con una estatura aproximada de 1.70 metros, quien se encuentra prófugo. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que ayude a su captura.
El asesinato de Liliana indigna a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez. La comunidad exige justicia y mayor seguridad para las niñas y mujeres. Diversas organizaciones y colectivos feministas, como la Comisión a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1, emitieron un comunicado condenando el feminicidio de Liliana y denunciando la creciente violencia en contra de las mujeres y niñas en Chiapas. En el comunicado, la Colectiva 50 más 1 afirmó: “Los feminicidios no cesan, la violencia cruel y brutal hacia las mujeres y la niñez no desciende en Chiapas. El caso de Liliana Guadalupe da cuenta de la preocupante espiral de violencia en la que estamos envueltas las mujeres y la niñez. ¡Con las niñas no!”
Este caso de feminicidio se suma a los 27 que, según cifras de la Colectiva 50 más 1, han ocurrido en Chiapas en lo que va del año 2024. La organización destacó la falta de políticas públicas eficaces para prevenir la violencia de género en la entidad y exigió a las autoridades el esclarecimiento de estos hechos y la implementación de medidas urgentes para proteger a las mujeres y niñas.
La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y manifestó su rechazo enérgico a cualquier forma de violencia contra las mujeres. La investigación continúa y las autoridades han afirmado que no permitirán que este crimen quede impune.
El feminicidio de Liliana incrementa las alarmas sobre la creciente inseguridad y violencia en Chiapas, especialmente hacia las mujeres y niñas. La comunidad de Tuxtla Gutiérrez exige medidas inmediatas para frenar la violencia de género, y organizaciones como la Colectiva 50 más 1 han demandado acciones concretas por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
La familia de Liliana, devastada por su pérdida, ha recibido el apoyo de la comunidad y de colectivos feministas que han prometido acompañarlos en su lucha por la justicia. En palabras de la Colectiva 50 más 1: “Las niñas y niños merecen vivir en paz. No descansaremos hasta que se haga justicia y se detenga a los responsables de este atroz crimen.”
Mientras continúan las investigaciones, la comunidad de Tuxtla Gutiérrez sigue exigiendo que este crimen no se sume a la larga lista de feminicidios sin resolver. La muerte de Liliana, una niña de apenas 12 años, ha dejado una profunda herida en Chiapas y ha recordado a todos la urgencia de proteger a las más vulnerables.
El municipio de Berriozábal, se tiñó de luto el jueves 24 tras el hallazgo sin vida de Liliana. Su familia, compuesta por su madre, abuela y tía, junto a amigos y vecinos, velan su cuerpo con profundo dolor. Todos coinciden en una sola petición: justicia para Liliana y la pronta detención del responsable que abusó sexualmente de ella y le arrebató la vida. Su madre, entre lágrimas, expresó que no descansarán hasta que el culpable sea llevado ante la justicia.
En el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Liliana, los vecinos han colocado una ofrenda floral y encendido veladoras, en un gesto simbólico para honrar su memoria. Las luces de las veladoras, señalan los testigos, son una forma de desearle paz y que encuentre luz en su nuevo camino. La comunidad se une al dolor de la familia y exige que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer el feminicidio y evitar que otro caso quede impune.
Este trágico evento es un recordatorio más de la violencia que sufren las mujeres en Chiapas y en todo el país, y del dolor profundo que deja en las familias y comunidades. Los habitantes de Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez piden que este caso no sea olvidado y que las autoridades cumplan con su deber de investigar a fondo y castigar al culpable.
La fiscalía ya ha iniciado investigaciones, pero hasta el momento no se han reportado avances significativos en la identificación o captura del agresor. Los familiares de Liliana exigen respuestas, mientras que el eco de la justicia resuena entre las calles de Berriozábal y la colonia Colón de Tuxtla Gutiérrez, donde las flores y veladoras recuerdan la vida que se perdió injustamente.