Chiapas peor: semana trágica y fuera de control.
En menos de siete días suceden enfrentamientos entre grupos armados. La población a merced de esas bestias, seres inferiores.
Tras sus balaceras por horas, el ejército aparece en otra población y se crea otro fuego cruzado. Mueren o son heridos inocentes en medio de un pueblo que ya no sabe lo que es la paz.
Mientras, muchos recuerdan sus muertos, y con ello la Masacre de Acteal en 1997, el gobierno de AMLO ha minimizado la grave situación chiapaneca y eso genera muchas preguntas y peores incertidumbres.
Para no pocos la situación actual es similar a lo que precedió a la muerte de 45 personas y decenas de heridos por paramilitares que hoy andan impunes dentro de la sociedad a la que tanto dañaron.
El miedo crece y con ello la inseguridad. En Pantelhó se teme ante las elecciones del 25 de agosto y en Comitán de Domínguez se intenta amedrentar a reporteros de noticias por parte del crimen organizado.
Berriozábal: enfrentamiento entre grupos armados.
Durante la madrugada del lunes 12 de agosto los habitantes de Berriozábal, Chiapas, vivieron aterrorizados cuando un violento enfrentamiento entre grupos armados sacudió a tres barrios de la localidad. Las balaceras, prolongadas por más de dos horas, dejaron un saldo aún no confirmado de muertos, heridos, unidades abandonadas con impactos de bala y armamento de alto calibre.
Las detonaciones comenzaron alrededor de las 03:00 de la mañana, cuando los vecinos de las colonias El Calvario, El Palmar y La Ejidal tuvieron que refugiarse en sus hogares, tirados en el piso, mientras las balas volaban por sus calles. El origen del enfrentamiento se ubicó en un camino de terracería que conecta estos tres barrios, situados entre el tramo conocido como el “crucero de la muerte” y el desvío hacia la zona centro de Berriozábal.
Los relatos de los testigos señalan que el enfrentamiento inició en El Calvario y rápidamente se extendió a las colonias vecinas, generando pánico y un fuerte despliegue de seguridad. A las 05:25 horas, elementos de la Seguridad Pública del Estado, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional arribaron al lugar, estableciendo retenes y acordonaron la zona para evitar una escalada mayor en la violencia.
A medida que amanecía, las fuerzas de seguridad comenzaron a asegurar el área, encontrando vehículos abandonados con múltiples impactos de bala y armas de grueso calibre dispersas en el terreno. En imágenes que circulan en redes sociales, se pueden ver camionetas con signos de haber sido atacadas con armas automáticas, charcos de sangre y una gorra con las siglas del “Cártel Chiapas y Guatemala” –CCYG–, lo que apunta a una posible guerra entre organizaciones criminales.
Aunque hasta el momento ninguna autoridad ha proporcionado un balance oficial de las bajas, los vecinos de las zonas afectadas informan sobre la presencia de cuerpos sin vida en las calles, muchos de ellos presuntamente levantados por sus compañeros antes de huir. Los informes preliminares también indican que algunas de las camionetas que participaron en el enfrentamiento huyeron hacia Ocozocoautla, llevando consigo a varios de los agresores.
La respuesta de las autoridades ha sido contundente. Un operativo de seguridad fue desplegado en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla y en los accesos a las colonias involucradas. Además, se implementó un operativo aéreo con helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la movilización del Grupo de Fuerzas Especiales para resguardar la zona y evitar el paso de ciudadanos, quienes intentaron cruzar caminando hacia sus centros de trabajo.
El transporte público que circula por la vía panamericana, que conecta el “crucero de la muerte” con el centro de Berriozábal, suspendió su servicio ante la inseguridad, lo que ha dejado a muchos ciudadanos varados.
Este enfrentamiento se suma a una serie de hechos violentos recientes en la región. En marzo pasado, un episodio similar ocurrió en la carretera internacional que une a Berriozábal con Ocozocoautla, durante Semana Santa, dejando vehículos con impactos de bala y bloqueos en las vías.
El temor y la incertidumbre continúan entre los habitantes de Berriozábal, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Los servicios periciales acudieron al lugar de los hechos, y se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie una carpeta de investigación y brinde un informe detallado sobre el número de fallecidos y las acciones legales que se llevarán a cabo.
La ciudadanía se mantiene en alerta, mientras los operativos de seguridad continúan en la región, con la esperanza de que se re-establezca el orden y la paz en su comunidad.
Ejército repele ataque en Ocuilapa, Chiapas.
Probablemente como secuela del enfrentamiento durante la madrugada del lunes 12 de agosto en Berriozábal, elementos del Ejército Mexicano fueron sorprendidos por un grupo armado en un patrullaje rutinario en el ejido de Ocuilapa, perteneciente al municipio de Ocozocoautla, Chiapas. Esto provocó un violento combate. El ataque, ocurrido en la tarde del martes 13 de agosto, fue repelido por las fuerzas militares, con la neutralización de varios agresores.
Una mujer perdió la vida. Se encontraba en el parque del ejido durante el intercambio de disparos. Un menor de edad resultó herido por el fuego cruzado. Estos trágicos incidentes han generado una profunda conmoción entre los habitantes, sumamente preocupados por el aumento de la violencia.
Además de las bajas entre los atacantes, se aseguraron varias armas y vehículos abandonados por el grupo armado. Ahora son evidencias fundamentales en la investigación sobre las actividades criminales incrementadas en la región, asociadas con el narcotráfico y con otros delitos de alto impacto.
Imágenes que circulan en redes sociales y medios locales muestran vehículos abandonados, en los que se hallaron vestimentas tácticas y armamento de grueso calibre, lo que subraya la preparación y el poder de fuego del grupo agresor. Asimismo, en una vialidad pública se puede observar el cuerpo sin vida de una persona, aparentemente vinculada al grupo atacante.
Estos hechos han alimentado el temor de la población, atrapada en medio de la guerra interna entre cárteles y más compleja por algunos choques con fuerzas de seguridad. Lo que, más que un fuego cruzado, puede parecer un fuego que implica tres ángulos.
Ante la gravedad de los sucesos, las autoridades han emitido un llamado urgente a la población para que se mantenga alejada de las zonas de conflicto y tome las precauciones necesarias mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre la identidad del grupo responsable del ataque, ni sobre las posibles motivaciones detrás del mismo.
La comunidad de Ocuilapa, al igual que muchas otras en Chiapas, vive con el temor latente de que la violencia se desborde nuevamente, afectando a más inocentes. Mientras tanto, el Ejército Mexicano refuerza su presencia en la zona, con la esperanza de contener la ola de criminalidad que sigue azotando a esta parte del país.
A quince años de impunidad, las Abejas de Acteal siguen en pie.
Los paramilitares responsables de la Masacre de Acteal fueron liberados hace quince años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal continúa su lucha por restituir tanto justicia como memoria. Los sobrevivientes y la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal se mantienen firmes, sin dejarse manipular por los gobiernos responsables de la tragedia ocurrida el 22 de diciembre de 1997, cuando 45 personas, incluyendo cuatro bebés no nacidos, fueron brutalmente asesinadas.
Las Abejas de Acteal, con casi 27 años de historia como organización, no han permitido que este crimen de Estado caiga en el olvido. Denuncian que los gobiernos han adoptado una política de desgaste y olvido para mantener impunes a los autores intelectuales de la masacre. Las administraciones, independientemente del partido político, han demostrado una indiferencia y falta de voluntad política que perpetúa la ilegalidad.
La organización lamenta profundamente la creciente violencia en Chiapas, señalando que el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó se han visto obligadas a desplazarse debido a los constantes disparos de grupos armados. Critican la inacción del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes permiten que estos actos violentos ocurran sin intervenir.
Los sobrevivientes de Acteal, especialmente las mujeres que vivieron el terror del ataque, han sufrido graves secuelas psicológicas. La violencia continua en la región. Según Las Abejas, es una estrategia del gobierno para fomentar el olvido de la masacre, comparándola con otros crímenes de Estado como Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos y Aguas Blancas.
La decisión de la SCJN de liberar a los autores materiales de la masacre, junto con la campaña de apoyo a los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice y figuras como Hugo Eric Flores Cervantes y Héctor Aguilar Camín, ha agravado la situación en Chiapas. Esta protección a la impunidad, según Las Abejas, ha llevado al estado a una guerra civil, como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en un comunicado reciente.
Pese a la violencia y la oscuridad reinantes en Chiapas, Las Abejas de Acteal se mantienen como guardianas de la memoria y constructoras de justicia y paz, apostando siempre por la esperanza y la vida. Sin embargo, la organización subraya que mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no emita su informe de fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), la violencia y el terror seguirán en aumento.
Las Abejas insisten en la urgente necesidad de que la CIDH responsabilice al Estado mexicano por la masacre, permitiendo así la investigación y juicio de los autores intelectuales, incluyendo al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Asimismo, llaman a la ciudadanía a levantar la voz y realizar acciones no violentas para exigir a los gobiernos el cumplimiento de su obligación por garantizar seguridad y protección a todos los mexicanos, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
De este modo, desde la Casa de la Memoria y Esperanza, Las Abejas de Acteal reafirman su compromiso con la justicia y la memoria, manteniendo viva la lucha contra la impunidad y la violencia en México.
Violencia actual en Chiapas: similar a 1997.
La violencia e inseguridad en el estado de Chiapas llegan a niveles alarmantes que evocan los tiempos oscuros previos a la masacre de Acteal en 1997, cuando perdieron sus vidas 45 personas. Esta es la advertencia de las mujeres indígenas tzotziles de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quienes alzan sus voces para denunciar la repetición de un ciclo trágico de violencia en la región.
“Estamos reviviendo lo que ya vivimos en 1997”, señaló Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre, durante una conferencia de prensa en Acteal, municipio de Chenalhó. Vázquez Luna describió con dolor cómo las balaceras frecuentes y el clima de terror que se vive actualmente trae de vuelta el miedo y el sufrimiento de aquel diciembre fatídico.
Las mujeres tzotziles expresaron su indignación ante la omisión del gobierno y la perpetuación de la impunidad que mantiene la violencia en Chiapas. Criticaron duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de minimizar la gravedad de la situación y permitir que las nuevas generaciones enfrenten la misma realidad cruel que ellas vivieron.
Sebastián Pérez Vázquez, miembro de Las Abejas de Acteal, lamentó la liberación de los agresores de la masacre y la falta de garantías para evitar que se repita una tragedia similar. “El gobierno lo ha permitido y sigue permitiendo, es cada vez peor”, afirmó.
María Gómez, vocera de la organización, advirtió que la actual administración pasará a la historia como un gobierno que no tuvo la voluntad política para evitar una nueva tragedia en Chiapas. “Nuestros hijos están viviendo esa realidad tan cruel y todo esto que estamos viviendo es porque el gobierno mexicano lo ha permitido, ¿cómo? con su impunidad”, añadió.
En las últimas semanas, el aumento de la violencia ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 2 mil indígenas tzotziles en los Altos de Chiapas. Las ONG y activistas han alertado que la situación sigue agravándose, con comunidades como La Esperanza, San José del Carmen y San Clemente particularmente afectadas.
La situación actual de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo perturbador de los días previos a la masacre de Acteal, que ocurrió el 22 de diciembre de 1997. En ese trágico evento, además de los 45 muertos dados a conocer oficialmente, 22 personas resultaron gravemente heridas. Hoy, las voces de las sobrevivientes y sus familias resuenan con una desesperación familiar, enfrentándose nuevamente a una realidad de violencia que parece no tener fin.
“Hemos pedido al gobierno federal que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos”, insistió Vázquez Luna, subrayando la responsabilidad gubernamental en la perpetuación de la violencia. La conferencia de prensa también sirvió como reflexión sobre “Los 15 años de la liberación de los paramilitares y sus consecuencias”, donde se reconoció que la violencia constante en la región hace difícil curar las heridas psicológicas del pasado.
Sebastián Pérez Vázquez denunció la preocupación constante de ser nuevamente atacados y la indignación de ver a sus agresores libres, disfrutando de beneficios. “Sí, en realidad los que están excarcelados ya están viviendo aquí, fueron recibidos con cinco hectáreas de terreno, reconstruyeron su casa y fueron pensionados”, exclamó Pérez Vázquez con amargura.
Los indígenas señalaron que López Obrador quedará en la historia como un político que no tuvo la voluntad para crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal y que permitió a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población.
El panorama en Chiapas es sombrío y las voces de las mujeres indígenas tzotziles claman por una intervención urgente para evitar que la historia se repita. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos deben poner atención a esta crisis y exigir acciones concretas para proteger a los pueblos indígenas de Chiapas de una nueva tragedia.
En Pantelhó exigen cancelación de elecciones por inseguridad.
En los Altos de Chiapas, los habitantes del municipio de Pantelhó han alzado la voz en un video difundido en redes sociales, exigiendo la intervención urgente de las autoridades estatales y federales debido a la preocupante situación de inseguridad que se vive en la zona. Según los testimonios presentados en el video, el próximo 25 de agosto se llevará a cabo la elección para elegir al presidente municipal, pero los pobladores afirman que no existen las condiciones necesarias para que se realice de manera segura debido a la violencia ejercida por el grupo armado conocido como “Los Herreras”.
Durante una asamblea general celebrada en una cancha techada del municipio, a la que asistieron representantes de diversas comunidades, se discutió la grave situación que enfrenta Pantelhó. Los asistentes señalaron directamente al exconcejal Alberto González Santis, quien, junto con un grupo armado, es acusado de intimidar y amenazar a los habitantes, generando un clima de temor e incertidumbre. Los pobladores lamentan haber confiado en él, a quien eligieron como concejal, pero que, según denuncian, no sólo no cumplió con sus promesas, sino que ahora está vinculado a actos de violencia y opresión en la comunidad.
El video muestra a varios habitantes expresando su rechazo a la presencia de este exconcejal y su grupo armado, exigiendo que no se les permita participar en el proceso electoral. “Ya no queremos que Alberto González Santis se acerque a nosotros. Basta de tanta violencia en la zona altos de Chiapas”, declaran los pobladores, quienes manifiestan su deseo de paz y seguridad para el municipio.
Los habitantes de Pantelhó también hicieron un llamado al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez, solicitando su apoyo para garantizar la seguridad en la región y evitar que se realicen las elecciones en ese ambiente de violencia y miedo. Los participantes de la asamblea argumentaron que la jornada electoral del 25 de agosto, suspendida el 2 de junio, debe ser nuevamente cancelada hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor a represalias.
Este caso pone de relieve la tensa situación que se vive en muchas comunidades chiapanecas, donde grupos armados, y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, han generado un ambiente de inseguridad y desconfianza. Los habitantes de Pantelhó aún esperan que sus demandas sean escuchadas y atendidas, con medidas inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad antes de que se lleve a cabo cualquier proceso electoral.
Reporteros amenazados por moto-repartidores vinculados al crimen organizado.
Los reporteros que cubren la Nota Roja en Comitán de Domínguez han alzado la voz ante una creciente ola de amenazas que han venido enfrentando durante el ejercicio de su labor periodística. En un comunicado, expresaron su preocupación por la hostilidad que han recibido, particularmente por parte de moto-repartidores que se autodenominan “gente pesada”.
La situación más reciente ocurrió el jueves 15 de agosto, mientras los periodistas cubrían un accidente de tránsito en la entrada de la ciudad. Durante la transmisión en vivo, tres individuos se acercaron a los reporteros, profiriendo advertencias intimidantes. Amenazantes, dijeron que no sabían con quién se metían, que tenían mucho peso. Ante el temor de una situación peor, los reporteros decidieron interrumpir la cobertura para evitar un conflicto.
Posteriormente lograron identificar a quienes amenazaban, pero los reporteros destacan que no es la primera de estas situaciones. Si bien han sido cuidadosos en su trabajo, evitando temas ajenos a su cobertura y conscientes de que sus familias dependen de su prudencia, la agresividad de estos moto-repartidores ha aumentado, y el miedo resulta perjudicial para la paz y la estabilidad de la comunidad.
“Queremos reafirmar nuestro compromiso con la información veraz y con la tranquilidad de nuestra ciudad”, declararon los periodistas, quienes subrayaron el valor de la libertad de expresión, tan arraigado en Comitán, la tierra de Don Belisario Domínguez.
Finalmente, los reporteros hicieron un llamado a las autoridades y a la comunidad para que se respete su trabajo y se les permita continuar informando sin ser objeto de ningún tipo de censura o intimidación. Reiteraron la importancia de su labor para mantener a la ciudadanía informada y pidieron que se garantice su seguridad en el ejercicio de su profesión.
Comitán de Domínguez se encuentra a una distancia de 99 kilómetros de Frontera Comalapa, municipio de la zona Sierra de Chiapas, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CS), se disputan el territorio desde hace casi tres años.
Esta región se ha convertido además en punto estratégico para la actividad de cárteles de narcotráfico como el Cártel del Pacífico y el CJNG, en conjunto con la delincuencia organizada de Los Huistas guatemaltecos y la Mara Salvatrucha salvadoreña.
Factores como el narcotráfico, el tráfico de personas, estupefacientes, armamento y mercancías ilícitas son frecuentes en la región fronteriza, donde la porosidad de la frontera y la escasa vigilancia de las autoridades permiten a las organizaciones criminales operar con impunidad.