Desde el Altiplano
Jalisco: Diputado Julio César Hurtado, posible objetivo de la Operación Enjambre
Con un largo historial delictivo que incluye amenazas, lesiones y portación ilegal de armas, el diputado local de Jalisco, Julio César Hurtado Luna, podría ser uno de los objetivos centrales de la Operación Enjambre que, en fecha próxima, pondrá en marcha el Gobierno Federal en Jalisco para desmantelar redes criminales, tráfico de influencias, vínculos de políticos con el crimen organizado y acciones de funcionarios encaminadas a obtener contratos millonarios a través de testaferros. La historia delictiva de Hurtado Luna, actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, lo convierte en un posible candidato para ser investigado por autoridades federales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), que lo mantiene bajo observación desde hace tiempo. Al legislador se le considera un peligro social por sus antecedentes.
La Operación Enjambre, puesta en marcha en varios estados para desarticular redes políticas y criminales, podría aplicarse muy pronto en Jalisco y uno de los posibles objetivos sería el actual diputado local Julio César Hurtado Luna, líder de los legisladores panistas y presidente de la Junta de Coordinación Política en la legislatura jalisciense.
El legislador arrastra una larga lista de expedientes por diversos delitos: insultos a autoridades de tránsito, lesiones y un posible tráfico de influencias para acaparar contratos millonarios de obra pública estatal a través de varias empresas que presuntamente son operadas por la contralora del Congreso, Stephanie Sifuentes Vargas, quien fue su asesora y actualmente es una de las personas más cercanas al legislador.
El historial que exhibe el comportamiento prepotente del legislador comenzó el 12 de diciembre de 2012. Cuando circulaba por la avenida Mariano Escobedo y Malecón del Río, en la colonia Martinica, en León, Guanajuato, a bordo de un automóvil Peugeot, Hurtado Luna fue interceptado por una patrulla debido a que realizó una vuelta prohibida.
De acuerdo con el parte policiaco de esa fecha, los agentes le solicitaron al conductor que mostrara su licencia. Hurtado Luna se dirigió al agente Francisco Javier Aviña Rodríguez y le espetó: “No sabes con quién te metes, soy abogado, pendejo”.
Los policías le indicaron que quedaba detenido por insultar a la autoridad, infringiendo con ello el reglamento de policía del municipio de León, Guanajuato. Hurtado Luna fue subido a la patrulla 416 y trasladado a los separos, donde quedó a disposición de la autoridad.
A partir de entonces, el actual diputado local panista y presidente de la Jucopo del Congreso de Jalisco comenzó a acumular carpetas de investigación por diversos delitos.
Según su historial, en 2018 se le integró la averiguación previa DR02/02416 por el delito de lesiones en agravio de Blanca Esthela Hernández Aldana. Según la indagación, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2008.
Otra averiguación, la DR02/002864, se integró contra el actual coordinador de los diputados panistas por el delito de lesiones dolosas en perjuicio de Martín Ramos Martínez, cometidas el 13 de septiembre de 2014.
No es todo. El 28 de mayo de 2015, Hurtado Luna volvió a incurrir en hechos delictivos; esta vez por amenazas en contra de Mauricio Cedillo Cortés, quien presentó la denuncia que derivó en la averiguación previa DR02/001430.
Una averiguación más, la D-III/2504/2018, se integró el 19 de septiembre de 2018 en contra del diputado panista Hurtado Luna por el delito de lesiones en perjuicio de Ramiro Martínez Torres.
Al también exalcalde del municipio de Unión de San Antonio se le ha imputado el delito de portación ilegal de armas. Este hecho ocurrió el 19 de abril de 2018, aunque la impunidad de las autoridades siempre lo ha cobijado.
Las armas que ha portado y por las cuales se le ha acusado son una pistola calibre .9 milímetros y otra .380, así como cartuchos útiles, cargadores y un permiso para su uso que, según las autoridades, resultó falso. Por ello fue puesto a disposición de las autoridades, pero quedó en libertad.
Su larga historia delictiva también incluye denuncias por violencia física y agresiones ocurridas entre los años 2015 y 2021.
En 2015, en plena campaña electoral, Hurtado Luna fue acusado, junto con su padre, Jesús “Chuy” Hurtado, de golpear a un adulto mayor cuando éste grababa una supuesta compra de votos.
Debido a su prepotencia y agresividad, el actual legislador acumuló más acusaciones cuando agredió físicamente a un pintor de bardas, también un adulto mayor. Estos hechos ocurrieron en Lagos de Moreno durante las campañas electorales. Asimismo, fueron denunciadas otras personas ligadas al diputado panista por agresiones a ciudadanos del municipio de Unión de San Antonio.
La familia del legislador también ha incurrido en escándalos y ha sido señalada por presunta compra de votos, arbitrariedades que derivaron en renuncias masivas de policías, defraudación a ciudadanos, así como irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción, de acuerdo con denuncias publicadas en la prensa local y nacional.
El padre del legislador, Jesús “Chuy” Hurtado, también acumula denuncias por hechos similares a los atribuidos a su hijo.
La mala fama que arrastra el legislador Hurtado Luna contrasta actualmente con sus acciones como legislador, pues ha mantenido un perfil institucional e impulsado iniciativas como una ley antinarcopolíticos y de transparencia, lo que no coincide con los antecedentes que pesan sobre él.
Presunto tráfico de influencias
Las iniciativas sobre transparencia impulsadas por el diputado Julio César Hurtado Luna contrastan con el presunto tráfico de influencias que se le atribuye como legislador, pues su confidente, Stephanie Sifuentes Vargas, actual contralora del Congreso —responsable precisamente de combatir la corrupción— aparece como representante de la empresa Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., la cual ha recibido contratos millonarios de obra pública del gobierno encabezado por Pablo Lemus.
Existe la sospecha de que Sifuentes Vargas podría estar operando como testaferra del legislador Hurtado Luna.
Este hecho causó polémica y generó cuestionamientos luego de que la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa, denunció un posible conflicto de interés por parte de la contralora del Congreso de Jalisco, al asegurar que continúa actuando como operadora legal de una empresa constructora que obtuvo contratos mientras ocupaba el cargo.
Esto representa una aparente contradicción, pues la contralora funge al mismo tiempo como contratista o presunta testaferra.
La legisladora Candelaria Ochoa señaló que la funcionaria firmó contratos relacionados con obras de pavimentación, entre ellas trabajos en la zona de la presa El Zapotillo, y afirmó que existen múltiples licitaciones otorgadas a la empresa por montos millonarios.
Expuso que el caso es delicado debido a que la contralora tendría acceso a información privilegiada y podría influir de manera discrecional en la asignación de contratos.
Las sospechas de que la contralora Stephanie Sifuentes Vargas pudiera fungir como testaferra del diputado Julio César Hurtado Luna cobraron fuerza debido a que, de acuerdo con la legisladora Ochoa, fue asesora del diputado Julio Hurtado y su nombramiento formó parte de los acuerdos políticos al interior del Congreso.
De acuerdo con la legisladora, la situación podría configurar delitos relacionados con conflicto de interés y uso indebido de información privilegiada.
La diputada también cuestionó si la contralora declaró formalmente su relación con la empresa en su declaración patrimonial y de intereses, al recordar que, como contralora, es responsable de supervisar que los servidores públicos cumplan con esa obligación.
Stephanie Sifuentes Vargas asumió el cargo de contralora del Congreso de Jalisco el 25 de agosto de 2025. Antes laboraba en la oficina del diputado Hurtado Luna y percibía un sueldo de 50 mil 527 pesos como directora del Órgano Técnico de la Comisión de Responsabilidades.
Stephanie Sifuentes Vargas es contralora del Congreso y, a la vez, contratista. El 18 de mayo pasado, por ejemplo, se emitió el fallo del concurso para la construcción de un camino de Cañada de Obregón a la presa El Zapotillo.
En el acta aparece la firma de la representante de la empresa Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., Stephanie Sifuentes Vargas, quien al mismo tiempo debía desempeñar funciones en el Congreso del Estado, donde funge como contralora con un sueldo de 74 mil 209.96 pesos.
La empresa Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. fue creada en junio de 2020 en el estado de Guanajuato, aunque tiene su domicilio fiscal en la calle Benito Juárez 246, en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte.
El pasado 18 de abril, el gobierno estatal le asignó un contrato para construir el camino de Cañada a la presa El Zapotillo por un monto de ocho millones 426 mil 610 pesos. Hubo dos empresas que ofrecieron realizar la obra por un monto menor, pero fueron descalificadas presuntamente por insolvencia.
Uno de los participantes eliminados del concurso fue Alfredo Flores Chávez. Su representante, es decir, la persona que firmó el acta de adjudicación, tiene los mismos apellidos que la contralora del Congreso: Mario Valdemar Sifuentes Vargas.
Con todo su historial delictivo, el presunto tráfico de influencias, la portación ilegal de armas y otros señalamientos, el diputado Julio César Hurtado Luna bien podría convertirse en uno de los objetivos centrales de la Operación Enjambre, que en breve pondrá en marcha en Jalisco el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch.
El objetivo es desmantelar presuntas redes criminales integradas por alcaldes, funcionarios estatales y hasta diputados locales ligados a la criminalidad y la corrupción institucional.