AMLO, el narco y The New York Times
El presidente Andrés Manuel López Obrador está confrontado con el periódico estadunidense The New York Times, luego de que el matutino publicara que autoridades de Estados Unidos investigan al mandatario mexicano, a sus hijos y colaboradores por sus presuntas relaciones con el crimen organizado.
López Obrador arremetió contra el diario porque asegura que ha emprendido una campaña de golpes en su contra, con el fin de desestabilizar al país cuando faltan poco más de tres meses para la elección presidencial y ocho para que López Obrador concluya su mandato.
Tras la polémica, John Kirby, portavoz para asuntos internacionales de la Casa Blanca, declaró: “No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”.
Antes, el ex reportero de The New York Times, Tim Golden, publicó el 31 de enero de 2024 un amplio reportaje en ProPublica (https://www.propublica.org/article/mexico-amlo-lopez-obrador-campana-narcotraficantes), basado en versiones de testigos protegidos, en el que afirma que el Cártel de Sinaloa financió con dos millones de dólares la campaña de López Obrador en 2006.
El reportaje, que parece muy bien documentado, tiene algunas inconsistencias y, entre ellas, sobresalen las afirmaciones de un testigo protegido conocido como Jennifer –cuyo nombre real es Roberto López Nájera, quien fuera abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, pieza de la célula Beltrán Leyva–, quien en decenas de procesos judiciales en México cobró la fama de ser un mitómano, pues mintió en todas las declaraciones que rindió y que sirvieron de base a la extinta Procuraduría General de la República para encarcelar a militares y civiles que fungían como funcionarios en esa dependencia.
Golden aseguró que un personaje clave, que en 2006 estuvo ligado a grupos del crimen organizado, respondía al nombre de Francisco León, conocido en la Comarca Lagunera como Pancho León, un empresario del mármol que entonces estaba ligado a López Obrador y era aspirante al Senado de la República. No alcanzó a ocupar el cargo porque durante la campaña de 2006 lo desaparecieron y hasta la fecha nada se sabe de su paradero.
Más allá de que hubo o no financiamiento del Cártel de Sinaloa para AMLO en 2006, lo cierto es que el ambiente en México está cada vez más enrarecido, no sólo por las publicaciones que se han hecho desde Estados Unidos, sino por el clima de violencia que impera en el país y que da cuenta, sin lugar a dudas, de que el crimen organizado está operando directamente para quitar y poner a sus candidatos preferidos.
En una entrevista que le realicé a la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez ella afirma que miembros del Cártel de Sinaloa están operando a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum. Aseguró, además, que le hizo saber a la candidata presidencial sobre la presencia de esos personajes, pero que en lugar de responderle no le contestó más los mensajes de WhatsApp.
Peor aún, Martínez fue expulsada del partido MORENA por su dirigente nacional, Mario Delgado. Y no sólo eso: le dijo que tampoco sería la candidata al Senado de la República, como estaba previsto. En su lugar, MORENA sacó como candidato al expresidente municipal de Manzanillo, Virgilio Uribe. De acuerdo con Griselda Martínez, este personaje es compadre de Nemesio Oseguera, El Mencho, y basa su afirmación en informes de la Secretaría de Marina.
Hasta ahora ningún medio de comunicación de Estados Unidos ni de México ha publicado pruebas que acrediten el presunto vínculo de López Obrador con el Cártel de Sinaloa o con cualquier otra organización criminal. Lo que sí es cierto es que esa organización criminal, ahora encabezada por los hijos de su ex jefe Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada ha resultado favorecida, pues está presente en todos los estados donde MORENA ha ganado gubernaturas. Esto parecería una mera coincidencia, pero no lo es. A diferencia de otros cárteles, el de Sinaloa ha sido poco molestado por la política antidrogas del régimen –“Abrazos, no balazos”– ya que opera con absoluta impunidad a lo largo y ancho del país.
A todo esto se suma el ambiente de violencia. Asesinatos de precandidatos a puestos de elección popular, cobros de piso, enfrentamiento entre grupos criminales –como el ocurrido en Guerrero entre Los Tlacos y La Familia Michoacana– dan cuenta de que el Gobierno Federal no tiene capacidad para enfrentar el flagelo criminal, o realmente no es su interés.
En Guerrero, que se ha convertido en tierra de nadie, la Iglesia Católica ha entrado a negociar con los cárteles de la droga; obispos y curas han dicho que mediante el diálogo lograron una tregua en la guerra que enfrentan Los Tlacos y La Familia Michoacana en esa entidad. Algo que el Estado mexicano debería hacer, pero no lo hace.
Caso Lozoya: la farsa
La puesta en libertad condicional de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX, huele a impunidad.
El ex funcionario renunció a seguir colaborando en el llamado “Criterio de oportunidad” como testigo y logró, por su cuenta, que un juez lo pusiera en libertad. El ex funcionario llevará su proceso libre, lo que para muchos es una forma de irlo zafando de los líos que lo atenazaron por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht, presuntamente para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, así como los «cochupos» que entregó a legisladores para que aprobaran la polémica Reforma Energética del régimen peñista.
Lozoya huyó del país tras ser acusado de corrupción por la venta de la empresa Agronitrogenados con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares; Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue el comprador y también huyó del país tras las acusaciones contra el ex director de PEMEX. Lozoya estuvo en Alemania y luego se refugió en Málaga, España; Ancira Elizondo se fue a España y ahí fue detenido. Enfrentó un proceso de extradición y llegó a México para enfrentar las acusaciones en su contra.
Emilio Lozoya fue convencido por el fiscal Alejandro Gertz Manero de que desistiera del juicio de extradición y regresara a México a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para que dijera lo que sabía sobre el saqueo a PEMEX, los sobornos de Odebrecht y la venta de Agronitrogenados. Aceptó. Por medio de su entonces abogado, Javier Coello Trejo, se negoció que se acogiera al Programa de Testigos, ahora llamado Criterio de oportunidad, para cooperar con las investigaciones de la FGR.
De acuerdo con Lozoya, él sólo recibió órdenes de Peña Nieto, por lo que se imponía como inevitable que el expresidente –quien vive cómodamente en España– viajara a México a declarar ante la FGR. Pero las pruebas que aportó Lozoya no sirvieron de mucho. A la par, el gobierno federal realizó una encuesta que determinó, según los resultados, que no se enjuiciaría a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con este resultado de la encuesta –cuestionada por estar presuntamente amañada– quedó sin efecto cualquier intento de llamar a Peña Nieto a declarar por los malos manejos financieros en PEMEX, el tema del huachicol y otros negocios ilegales que se protegieron desde Los Pinos, entonces la casa presidencial.
Tras su arribo a México, a mediados de 2020, Lozoya no fue internado en una cárcel sino en un hospital. Tenía problemas estomacales y estuvo bajo atención médica en el nosocomio Los Ángeles. Al salir, fue llevado a una casa de seguridad de lujo.
Pronto se supo que Lozoya llevaba una suntuosa vida. En una ocasión, la periodista Lourdes Mendoza publicó una fotografía en la que el ex director de PEMEX aparece departiendo con varios amigos en el Restaurante Hunan, ubicado en Lomas de Virreyes, en la Ciudad de México. Bebía vino caro y degustaba pato laqueado a la pekinesa. El escándalo tronó porque en ese momento el ex funcionario estaba arraigado por la FGR, pero tenía privilegios extraordinarios permitidos por el fiscal Gertz Manero. Luego de que se publicó la fotografía supuestamente las condiciones para Lozoya cambiaron, pero no tanto, al contrario, tras pasar unos meses en prisión el trato hasta hoy resultó de súper lujo: fue liberado y podrá llevar su juicio desde su casa.
Así, el gobierno de la Cuarta Transformación volvió a quedar mal con la sociedad. El presidente López Obrador se comprometió a llevar a cabo un combate a fondo a la corrupción y falló. Los presos del sexenio eran Juan Collado –accionista de la Caja Libertad y ex defensor del expresidente Enrique Peña Nieto– pero ya está libre; Rosario Robles –acusada del mega fraude conocido como La Estafa Maestra, también está libre y sin pendientes con la justicia–.
Ahora Lozoya se suma a la lista de favorecidos por el régimen. El único ex funcionario que sigue preso es Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, por el caso Ayotzinapa: se le acusó de haber armado perversamente la llamada “Verdad Histórica” eliminando a presuntos personajes, entre ellos a muchos militares, que participaron en la desaparición y muerte de los estudiantes en septiembre de 2014. Sin embargo, Murillo puede salir de la cárcel pronto debido a que enfrenta graves padecimientos. Además, tiene derecho a la libertad debido a su avanzada edad: tiene más de setenta años.
Todo este desastre se ha convertido en un juego de ping pong. Para el presidente, estas liberaciones explican que el Poder Judicial está podrido, para otros el problema estriba en las fallas que existen en toda la cadena, desde la procuración de justicia hasta su impartición, pues se sabe que también hay corrupción en las fiscalías, donde se arman las carpetas acusatorias. Los fiscales en este país tienen, incluso, más poder que los propios gobernadores.
El gobierno de López Obrador se acerca a su cierre. Dice que el día ultimo de septiembre de este año se va. Cuando faltan ocho meses para que termine el sexenio resulta muy claro que López Obrador incumplió muchas promesas que hizo en campaña. Dijo que no militarizaría el país y lo hizo; ofreció combatir la corrupción barriendo los escalones de poder de la misma de arriba a abajo y optó por la impunidad; expuso una y otra vez que el país se iba a serenar de tanta violencia y a la fecha la estadística de muertos es alarmante y peor. Como si de una guerra se tratara, suman casi 180 mil crímenes en lo que va de su gobierno. Por ello, ya es el sexenio más sangriento de la historia.