Narcotráfico: El sexenio de la impunidad
(parte I)
Tras más de cinco años de gobierno, el crimen organizado se ha entronizado y ganado más poder territorial en el país; se disputan los recursos naturales y desde hace varios años ya son gobierno en municipios y estados, lo que ha borrado casi por completo a lo que se llamaba la clase política. Ahora lo que impera es la clase criminal. La impunidad en el gobierno de la Cuarta Transformación es de tal magnitud que al menos 16 cárteles operan abiertamente y con impunidad: desaparecen, matan, imponen candidatos, cobran derecho de piso y trafican con todo tipo de drogas sin ser molestados. Así, en el gobierno de Andrés López Obrador el crimen ha vivido en un completo festín.
El crimen organizado sigue impune a lo largo y ancho del país. Sin política criminal, con una militarización atroz que no actúa, los 16 cárteles más conocidos de la droga se mueven con abierta soltura y en medio de la impunidad del gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
En Jalisco siguen las matanzas y lo mismo ocurre en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Coahuila, la Ciudad de México, por citar sólo algunas de las entidades más críticas en violencia.
Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador la violencia ha disminuido y la corrupción, según él, es cosa del pasado, pues afirma que en su gobierno ya fue erradicada. Lo cierto es que en las prisiones no hay un sólo funcionario o exfuncionario preso por desvíos de recursos públicos.
En el caso del crimen organizado las cosas van de mal en peor, pues los grupos criminales no son combatidos, por el contrario, se les deja hacer todo tipo de fechorías y hasta imponen candidatos a puestos de elección popular.
Radiografía perturbadora
Al cumplirse el quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador el crimen organizado sigue sin ser abatido; el mandatario se adentra a su último año de gestión sin cumplir su promesa de pacificar el país, por el contrario: la violencia va en aumento a pesar de la multiplicada presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país.
La falta de resultados en materia de seguridad ya encendió los focos rojos en Washington debido a la violencia y al imparable tráfico de fentanilo, la droga sintética de moda, la cual quitó la vida a más de cien mil estadunidense en el año 2022, y sigue siendo exportada desde el territorio mexicano.
De acuerdo con reportes de inteligencia consultados, el fentanilo se procesa en México y es transportado hacia Estados Unidos a través de puertos y aeropuertos, con la complicidad de autoridades. La crisis del fentanilo fue un detonador de la militarización del país, pero ni aún con la presencia de las Fuerzas Armadas –que patrullan de día y ceden la plaza de noche– se ha podido detener el flujo de esa droga. Tampoco la violencia.
La guerra entre cárteles se mantiene en entidades como Guerrero, Estado de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Baja California, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco se disputan a sangre y fuego el territorio.
Todos estos enfrentamientos han sembrado terror entre la población. Cientos de familias han sido desplazadas de sus lugares de origen debido a la violencia, mientras las autoridades actúan como meras espectadoras de las masacres.
Después de cuatro años de gobierno fallido el presidente López Obrador reconoció –quizá tardíamente– que su proyecto gubernamental estaba en riesgo si no se pacificaba el país. Todo el territorio sigue sumido en la violencia y en la corrupción institucional y la posición presidencial ya raya en el cinismo: nada comenta de los muertos, ni de los desplazados y mucho menos del poder de los cárteles. El mandatario sólo se ocupa de la confrontación y la rijosidad permanente. En eso ocupa su ejercicio populista cotidiano: la conferencia mañanera.
De no consolidarse el proyecto de pacificar el territorio, lo más probable es que el llamado proyecto de la Cuarta Transformación termine en un rotundo fracaso. Y, peor aún, el próximo candidato de MORENA a la presidencia de la República tendrá que romper con el presidente y replantear un proyecto diferente ante el modelo fallido del actual régimen. Por ninguna vía podrá haber continuidad ante un fracaso.
El país está en llamas. La violencia, por doquier, está imparable como en Michoacán, Tamaulipas y Chiapas. Ni se diga Zacatecas y Guerrero. En la primera entidad el diálogo oficial con los representantes sociales y algunos del crimen organizado ha fallado; el Ejército ha fracasado. La población está a merced del crimen y no hay entidad gubernamental capaz de poner orden. Ni la iglesia ha podido con el flagelo.
El otro punto crítico es Chiapas, hasta no hace mucho un territorio donde imperaba una suerte de pax mafiosa, especie de pacto entre grupos criminales y el poder político.
Y hay razones que lo explican: Chiapas es otra puerta grande de entrada de droga y precursores químicos que provienen de Centro y Sudamérica. Es la frontera más porosa. Por Chiapas entra de todo: drogas, químicos para las de diseño, armas, indocumentados… Todo se mueve a través de Tabasco, el sur de Veracruz, y luego sube a la frontera entre Estados Unidos y Tamaulipas. Por Chiapas entraron los llamados kaibiles, desertores en los años noventa de esas fuerzas especiales del ejército guatemalteco que reforzaron el brazo armado del Cártel militar de Los Zetas.
En Chiapas hay crisis y por ello hay violencia. Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el territorio está bajo la disputa de tres cárteles: el de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el del Golfo. La violencia entre grupos terminales terminó con la vida del activista maya Simón Pedro Pérez López.
En este escenario de violencia surgió el grupo armado Los Ciriles, vinculado al CJNG, con presencia en las comunidades de Pantelhó, Chiapas. Esta situación provocó que unas dos mil personas se hayan desplazado de esa población.
La guerra subió de intensidad, pues en Tuxtla Gutiérrez fue asesinado un operador identificado con el capo Ismael El Mayo Zambada. Ramón Gilberto Rivera, El Junior, era hijo de Gilberto Rivera Amarillas, un personaje apodado El Tío Gil. Este último fue aprehendido en 2016 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de Guatemala, cuando pretendía volar hacia México.
La batalla en ese estado se detona por diversas causas, a saber sobre todo: su ubicación geográfica estratégica. Es una ruta para la entrada de drogas, armas y personas que, en su mayoría, son explotadas en el negocio de la trata.
El Cártel que más extensión territorial domina es Sinaloa, le sigue el CJNG y el del Golfo tiene bajo su dominio una pequeña franja que se extiende desde el Pacífico hasta la frontera con Oaxaca y la zona sur de Veracruz, una de las más violentas de esa región y cuya inestabilidad no ha podido ser detenida.
En Chiapas también operan Los Zetas. Dominan en Tuxtla Gutiérrez. Todo el escenario de violencia –no visto antes en la entidad, pues como se dijo había una pax mafiosa– se descompuso después de las elecciones del 6 de junio de 2021, cuando se detonó el reacomodo criminal en los territorios.
Esto abrió la puerta al Cártel de Sinaloa, que ahora domina grandes extensiones del territorio: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Oaxaca y Chiapas.
El desplazamiento humano en Chiapas, sobre todo en la zona conflictiva, ha sido documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sus representantes aseguran que en la zona tomada por el crimen hay ancianos y adultos mayores atenazados por el miedo y aseguran que la vida de quienes denuncian los hechos está en completo riesgo.