Veracruz: el narco gobierno de Cuitláhuac García
El pasado 2 de junio, la voluntad popular decidió que la nueva gobernadora de Veracruz fuera la ex-secretaria de energía Rocío Nahle. Contra viento y marea, pese a enfrentar una campaña sucia en su contra, triunfó y será la primera mujer que gobierne en la entidad, con más de veinte puntos de ventaja sobre su principal contrincante, José Yunes Zorrilla.
Sin embargo, el panorama veracruzano se percibe ominoso: los documentos hackeados a la SEDENA, los “Guacamaya Leaks”, colocaron a Cuitláhuac García Jiménez bajo los reflectores por sus presuntos vínculos al narcotráfico. Como el Cártel de Sinaloa, posicionado con protección policíaca y por altos funcionarios estatales.
Priman la violencia y la zozobra social. La gente tiene miedo. Las balaceras se multiplican en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa, capital donde se concentran los poderes estatales. Mientras, Cuitláhuac niega nexos con la delincuencia. Las evidencias lo desmienten y lo exhiben con su ineficacia para enfrentar a la criminalidad. Por eso Veracruz se ha convertido en uno de los más atractivos estados para los cárteles de la droga.
El crimen organizado no sólo domina territorios en Veracruz: también mata, desaparece, trafica con migrantes y cobra piso. En muchos municipios ya es gobierno y, desde las más altas esferas del poder, tiene aliados y redes que brindan protección. No es exagerado decir que en esa entidad, como ocurre en Jalisco y Tamaulipas, el gobierno estatal ha operado como una empresa criminal. Los hechos así lo acreditan.
Y es que en el gobierno de Cuitláhuac García las actividades ilícitas –trasiego de droga, trata de migrantes centroamericanos, extorsión, cobro de piso, secuestro, robo a contenedores portuarios y de ferrocarril, circulación de droga, alcohol y mujeres en los 20 penales de la entidad– es dominado en un 75 por ciento por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra parte del negocio lo explota el de Sinaloa, asentado en esa entidad desde 2018, tras el triunfo electoral de MORENA.
Su cabeza y líder más visible es José Roberto Sánchez Cortés, el 80, un exfiscal regional en el sur de Veracruz, impulsado durante el gobierno del priista Javier Duarte y del que no se consigna oficialmente que haya sido detenido en algún momento.
Sánchez Cortés creó hasta una organización civil: “Se Cortés con tus acciones”. Con ella financió las campañas políticas del PRD en las elecciones de 2017 –luego, varios de esos perredistas fueron ejecutados–.
En julio de 2018, tras la masacre de 13 personas en Minatitlán, el gobierno de Miguel Ángel Yunes lo boletinó y ofreció una “recompensa” por un millón de pesos –vía Fiscalía General del Estado (FGE)– a quien informara para su captura.
En las elecciones municipales de 2021 el 80 volcó su apoyo a MORENA. Llegó a controlar en Veracruz y Tabasco. Se ha movido en los municipios de Acayucan y Oluta, San Juan Evangelista, Minatitlán y municipios aledaños donde el huachicoleo, la trata de migrantes –que ahora viajan por carretera, ya no en “La Bestia”–, las sexoservidoras hondureñas y salvadoreñas, así como la preña de ganado fino con narcóticos en su interior, hacen de esta región una de las de mayor criminalidad en Veracruz.
A otros altos generadores de violencia del CJNG en el Veracruz sólo se les conoce por sus alias, como Edgar El Negro, detenido en junio de 2022 por ser el autor intelectual de la masacre de 30 personas el 2020 en el table dance “El Caballo Blanco”, un bar en Coatzacoalcos asaltado a punta de balazos e incendiado con bombas molotov y artefactos explosivos caseros.
Alejandro El Calaco era otro de los jefes de plaza regionales del CJNG en Veracruz, fue detenido en mayo de 2020. Su poderío surgió durante el gobierno de Yunes Linares, pero continuó bajo la gestión de Cuitláhuac García.
De igual forma, al mandatario veracruzano se le ha relacionado en informes de inteligencia con un jefe criminal conocido en el mundo del hampa como El Coco, quien cobró fama por ser uno de los más sanguinarios en la zona norte de Veracruz. Famoso por saberse que mantuvo por mucho tiempo los cuerpos congelados de sus víctimas en dos “casas de seguridad”, el Coco ha resultado intocable en el gobierno de García Jiménez.
No es todo: los mismos informes consultados dan cuenta de la presencia de otro grupo criminal que no es producto de la escisión de Los Zetas ni de desertores del CJNG: se trata del llamado Cártel Nuevo Veracruz que se ha mantenido en las sombras y muy bien protegido por altos funcionarios estatales y policías de rango.
Con García Jiménez las estructuras del CJNG se han “robustecido” y “reagrupado” con excomandantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y con policías en activo y ministeriales de la FGE.
Incluso con servidores públicos. En Lerdo de Tejada el Cártel de Jalisco operaba con el empresario Jorge Fabián Cárdenas Sosa, alcalde electo de MORENA en ese pueblo veracruzano y dueño del equipo de fútbol Atlético Sozca de Tercera División. Cárdenas Sosa fue detenido en diciembre de 2021 en Xalapa, cuando estaba con su pareja sentimental Adriana Bichi, quien en ese entonces despachaba como Jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado.
El diputado local por el PRI en Oaxaca, Gustavo Díaz el Gato, es identificado como aliado del CJNG en sus operaciones en el sur de Veracruz, en la región de la Cuenca del Papaloapan. Al igual que su hijo José Alberto Díaz, el Pelón. Ambos fueron detenidos en noviembre de 2021 en Veracruz, aunque el resto de su célula criminal continúa intacta. En Oaxaca tienen carpetas de investigación abiertas por homicidio; en Veracruz por tráfico de armas y estupefacientes.
El CJNG arribó a Veracruz tomando el control de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río desde 2011 al 2015 en férrea batalla con Los Zetas lograron dominar la actividad criminal en el recinto portuario, en las colonias de la periferia de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Incluso lograron “reconvertir” el derecho de piso en bares de mala muerte y table dance con venta de droga y servicios de prostitución.
Durante esa etapa, tan sólo en esos tres municipios cientos de personas fueron privadas de la vida: taxistas, mecánicos, abogados, policías municipales y estatales, prostitutas, halcones, sicarios, narcomenudistas, empresarios y hasta reporteros. Todos los casos siguen impunes.
La historia criminal establece que de 2015 a 2017 emprendieron una ambiciosa ruta de expansión hacia el norte y sur de la entidad veracruzana. Comenzaron con un operativo denominado “La Barredora”, que consistía en privar de la vida a sus víctimas –exZetas y antiguos delincuentes independientes–, desmembrarlos o decapitarlos, y dejarlos sobre el asfalto o dentro de un auto, con botellas de Tequila y con una escoba nueva en alusión a un “operativo limpieza” por parte de la nueva organización que se asentó en el Golfo de México.
El hecho más nítido del asentamiento del CJNG en el territorio veracruzano quedó exhibido con dos hechos el 12 de enero de 2018, cuatro cabezas de individuos varones fueron dejadas sobre el cofre de un Golf blanco en la localidad de San Isidro, en una brecha de la carretera del municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz. En el hallazgo, la policía encontró un narco-mensaje rubricado por el CJNG que aludía a la “limpia delincuencial”.
Una semana antes, cinco cabezas humanas fueron dejadas arriba del cofre de un taxi de Tlacotalpan, a un costado de la carretera federal Cosamaloapan-Alvarado. El Nissan tenía pintada en letras negras la insignia del CJNG. Extraoficialmente se logró saber que los torsos de los cinco cuerpos se encontraban en bolsas negras adentro del vehículo y en la cajuela.
Una forma de marcar su mercancía y dejar en claro que dominan el tráfico de cocaína –la más lucrativa– es marcar sus grapas de “perico” con la bandera de México y con las siglas del CJNG, a veces incluyen una pequeña estampa de sus vehículos hechizos. En otras ocasiones utilizan listones.
El CJNG también suele amenazar a servidores públicos y comandantes de la policía que no se constriñen a sus caprichos exhibiéndolos en lonas en puentes, escuelas y parques públicos.
En pandemia, mostraron su lado “benefactor” y en más de 30 municipios repartieron despensas a nombre del CJNG. En Tierra Blanca hicieron un acto público, como si fuera una entrega de apoyos sociales de la Secretaría del Bienestar. Porque al parecer todo valió y se toleró en el gobierno morenista de Veracruz. El reparto de despensas de la organización criminal fue boletinado para medios de comunicación de la costa, del centro, de la montaña y principales polos urbanos.
Los Zetas, a la baja
La otrora poderosa organización de Los Zetas cayó en desgracia en julio de 2017. Uno de sus máximos líderes, Hernán Martínez Zavaleta El Comandante H fue detenido en Cárdenas, Tabasco. El H vivía en Coatzacoalcos, donde era dueño de restaurantes, gimnasios, giros negros y además lavaba dinero con sus amistades políticas y empresariales.
Hernán Martínez, lo mismo aparecía fotografiado con priistas cercanos a Duarte, que con panistas del clan Yunes o con directivos del PVEM. Tras su detención comenzó la caída de la poderosa organización.
Su segundo al mando, José Giraldo García Carmenate, El Cubano, caería detenido en marzo de 2018, cuando fuerzas federales lo detectaron en Cancún. La Riviera Maya era un lugar para “enfriarse” los jefes de plaza de Los Zetas que habían “calentado” la zona en Veracruz. Eran enviados allá para “guardarse un rato”.
Con estas dos detenciones realizadas durante el gobierno de Yunes, el CJNG decidió tomar por asalto la plaza de Minatitlán, Coatzacoalcos y Las Choapas. Hasta esa región llegó el operativo “La Barredora”.
El único eslabón que quedó suelto, tanto para el CJNG como para la autoridad, fue Sergio Calderón Quintanilla, El Cursi, mando medio de los Zetas en el sur de Veracruz. La Fiscalía ofreció por él la recompensa de medio millón de pesos. Mientras que el CJNG ofreció un millón de pesos a quien ayudara con su captura tras haberse hallado a un hombre decapitado dentro de un coche calcinado. El Cursi ha logrado evadir tanto a la justicia como a sus enemigos de la célula criminal contraria.
Grupo Sombra
El Grupo Sombra es una escisión del Cártel del Golfo y de algunos disidentes de Los Zetas de Tamaulipas y del norte de Veracruz. La organización criminal opera en la región de la Huasteca veracruzana, pero también en Hidalgo y San Luis Potosí. Intentaron ingresar en Guanajuato. Pero sin éxito.
Los únicos líderes que han sido identificados son Antonio Cervantes El Tony –asesinado y colgado de un puente en agosto de 2019 en Guanajuato, a manos del CJNG– y El Fidel y La Sirena, su pareja sentimental detenida en febrero de 2022. Estos dos han sido identificados como jefes de plaza del Grupo Sombra en el norte de Veracruz.
Este opera actividades delictivas en Tuxpán, Poza Rica, Álamo Temapache, Pánuco y otros municipios de la Huasteca baja. Les gusta el reflector mediático y la asistencia social. Trabajan coordinadamente con autoridades municipales y policías estatales.
Los días de las madres, días del niño y en vísperas de navidad, suelen organizar festivales en parques públicos de colonias populares en estos municipios. Entonces reparten juguetes, electrodomésticos; o pavos y pollo cuando se trata de la navidad.
Sangre Nueva Zeta
Esta organización criminal nació a partir del repliegue de Los Zetas y del Grupo Antrax en la zona montañosa y el corredor Córdoba-Orizaba de Veracruz. Su líder es el expolicía municipal y estatal Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas.
En septiembre de 2014, El Bukanas tuvo que renunciar a la comandancia de la Policía en Maltrata, Veracruz, pues la Marina y el Ejército le descubrieron que –además de ejercer como autoridad policíaca– administraba un rancho de adiestramiento de futuros “estacas” de Los Zetas en la congregación de Sierra de Agua, en el municipio vecino de Acultzingo. Más de 30 jóvenes fueron detenidos. Un tercio de ellos, menores de edad.
El Bukanas fue de los pocos sobrevivientes de la “razia” de Los Zetas que hubo en la región, con el abatimiento de El Felino, la captura de Ciro González Pérez, El Puchini y Joel Márquez Balderas El Chichi.
Roberto de los Santos de Jesús ahora opera en pequeños municipios de la montaña de Veracruz, pues cedió el control delictivo de Córdoba, Orizaba e Ixtaczoquitlán al CJNG. Incluso el líder de Sangre Nueva Zeta ahora también registra actividad delictiva en algunos municipios de Puebla, que se encuentran en los puntos limítrofes con Veracruz.
Cártel del Noreste
Medios de comunicación nacional destaparon el escándalo de “Guacamaya Leaks”. Las informaciones aumentaron las sospechas sobre el gobierno veracruzano como “facilitador” de la entrada del Cártel del Noreste al sur de Veracruz, y así apoderarse del “huachicol” o robo de combustible –hasta la fecha explotan ese negocio–.
La última incursión de la que se tiene registro público de este Cártel fue en el norte de la entidad en 2020, previo a la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo –hoy preso en una cárcel de Estados Unidos– y quien intentó expandir sus actividades delictivas en el norte de Veracruz. Treviño Chávez es sobrino de Miguel Ángel Treviño, el otrora poderoso Z-40, actualmente preso en el penal de La Palma, en el Estado de México.
Al tomar posesión como gobernador, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que en dos años mejoraría la percepción de su seguridad. Ya termina, tras su sexto y último año. Apenas en 2023, a más de la segunda mitad de su mandato, lograron bajar la incidencia de homicidios mensuales de 200 a 170. El secuestro sí se desplomó hasta un 40 por ciento. Pero aumentó el cobro de piso a comerciantes grandes y pequeños, incluso a empresarios; también crecieron las matanzas y la venta de drogas de todo tipo, incluido el fentanilo que, además, se trafica por los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos.
En la primera reunión de seguridad en Palacio Nacional, el gobernador de Veracruz habló de la existencia de seis cárteles en la entidad, luego recularía y aseguraría que son células delincuenciales que se hacen pasar por organizaciones criminales. Nada más falso.
Altos funcionarios de Veracruz estaban implicados con redes criminales. Fue el caso, por ejemplo, del exsecretario General de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Incriminado por Alejandro Roca Andrade, un supuesto sobrino suyo pues dice ser hijo de Dámaso Luis Roca Burgos, hermano de Eric, confiesa a través de un video donde se veía junto a otras nueve personas arrodilladas, forzado por el CJNG, que su tío apoyaba al Cártel de Sinaloa y por eso le ordenó, entre otras operaciones, “calentar” la plaza. Tras ese video –dado a conocer en enero de 2022–, fueron ultimadas diez personas y tiradas en una carretera en el sur de Veracruz. Sin embargo, el supuesto sobrino sería detenido un mes después y recluido en una cárcel federal.
En Veracruz el exsecretario General de Gobierno solía desplazarse con dos convoyes de escoltas de la Secretaría de Marina-Armada de México. Había sido acusado de presionar a alcaldes de la oposición, del PAN y el PRI, para pasarse a MORENA en la elección intermedia de 2021. También fue señalado por operar el negocio del tráfico de migrantes, en colusión con altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, miembros de la Guardia Nacional, funcionarios del Instituto Nacional de Migración y policías municipales.
En su momento pretendió ser candidato a la gubernatura del estado, pero sus sucios antecedentes se lo impidieron. No obstante, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo protegió pese a que la DEA lo relacionó con José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, jefe del cártel de Caborca y responsable de la mayor cantidad de “narcovuelos” en la Península de Yucatán.
El día que se dieron a conocer los resultados de las encuestas, vía telefónica, le pregunté al ganador de la misma, Manuel Huerta, sobre la situación de Veracruz:
–Veracruz ya cambió –Dijo.
–¿Te vas al Senado?
Evadió la pregunta respondiendo:
–Somos un equipo grande que busca la transformación de México.
Más adelante le dije que había ganado la encuesta pese al crimen organizado: –Tú lo has dicho –Atajó, para luego repetir:
–Veracruz ya cambió –Evadiendo nuevamente hablar sobre el escenario sangriento que enfrenta el estado veracruzano.
El Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fue “importado” de la corporación de seguridad pública de Nuevo León. Sus policías han sido señalados de estar infiltrados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación en diversas delegaciones regionales. La impunidad ha caracterizado al gobierno de García Jiménez. La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, es prima hermana de Guadalupe Hernández Hervis, La Jefa, una integrante de Los Zetas que fue puesta en libertad de prisión apenas una semana después de que Giadáns fuera ungida como Fiscal en septiembre de 2019. Respondía a los órdenes de Eric Cisneros.
La segunda al mando de la Fiscalía, Maricela Aguilera Landeta, fue exdiputada local y en su momento estuvo ligada sentimentalmente a Margarito Montes Parra, cacique de la UGOCEP y relacionado con la delincuencia organizada. Montes Parra fue ejecutado junto con 15 personas en un palenque clandestino en Cajeme Sonora en 2009.
Informes de inteligencia consultados señalan que en municipios pequeños de Veracruz el CJNG tiene células importantes –Acayucan, Cosoleacaque, Tierra Blanca, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista, Oluta, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, Alvarado–; los enviados del Cártel suelen imponer a los alcaldes entrantes sus comandantes en las policías municipales, los contratos de obras públicas, la colocación de regidores e incluso exigen direcciones de comercio y puestos operativos en las policías. Además, exigen hasta “diezmo” de las participaciones federales para dejarlos trabajar en paz.
Norma Rocío Nahle García ganó la gubernatura de Veracruz con amplio margen, también por MORENA. Pero esta será la herencia con la que tendrá que lidiar durante los próximos seis años.
